Roberto Prieto no aceptó cargos por la financiación de la campaña de Santos en 2014

Roberto Prieto Uribe, quien fue gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, no aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades en la financiación de esa contienda electoral. El nuevo proceso penal está relacionado con un supuesto aporte de US$1 millón de la multinacional brasileña Odebrecht que, según los investigadores, no habría sido reportado ante las autoridades electorales.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía le atribuyó los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se habría gestionado el ingreso de esos recursos a través de un contrato destinado a realizar estudios y seguimiento de la candidatura de Santos, quien aspiraba a su reelección.

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Según la fiscal encargada del caso, el pago habría sido tramitado por Odebrecht mediante Paddington Ventures, filial de la agencia publicitaria Sancho BBDO, que contaba con cuentas bancarias en el exterior. La hipótesis del ente acusador apunta a que esta estructura habría permitido canalizar los recursos por fuera de Colombia y evitar que fueran registrados como parte de la financiación de la campaña.

Al conocer los señalamientos, Prieto manifestó que no comprendía en qué momento habría incurrido en las conductas delictivas que le atribuye la Fiscalía. Por esa razón, decidió no aceptar los cargos y se prepara para enfrentar el proceso penal.

Entretanto, su defensa cuestionó la formulación de la imputación al considerar que no contenía suficiente claridad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que supuestamente se habría acordado o recibido el dinero. Los abogados sostuvieron que la acusación no explicaba de manera precisa cómo se habría concretado la operación investigada.

Sin embargo, la jueza encargada de la diligencia respaldó la actuación de la Fiscalía y consideró que el ente acusador había identificado los delitos atribuidos, el contexto de los hechos y el propósito de la investigación. También recordó que las controversias relacionadas con la valoración de las pruebas deben resolverse durante el juicio y no en la etapa de imputación de cargos.

El supuesto aporte de Odebrecht y los informes de campaña

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el millón de dólares entregado por Odebrecht no habría sido incluido en los reportes presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, el organismo investigador sostiene que ese aporte habría superado los límites legales establecidos para la financiación de campañas presidenciales.

La presunta omisión habría tenido consecuencias en la revisión de las cuentas electorales, pues permitió que el CNE aprobara los informes financieros de la campaña y autorizara el reconocimiento de $576 millones por concepto de reposición de votos.

En los documentos presentados por Prieto Uribe se registraron gastos superiores a los $13.500 millones, pero no aparecieron donaciones relacionadas con el supuesto aporte de la multinacional brasileña. Para la Fiscalía, esta información habría inducido a error tanto al CNE como a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En esa línea, la fiscal explicó que el enriquecimiento ilícito de particulares estaría relacionado con el presunto fraude procesal, debido a que el ingreso injustificado de los recursos se habría producido mediante la presentación de reportes financieros que no reflejaban la totalidad de la financiación recibida.

Por otra parte, el ente acusador precisó que las reuniones en las que presuntamente se habría acordado la operación tuvieron lugar en enero de 2014. También señaló que la contratación de Paddington Ventures respondía a la intención de gestionar los recursos desde el exterior, específicamente en Panamá, lo que, según su teoría del caso, habría facilitado que el dinero no fuera reportado ante las autoridades electorales.

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