De La Espriella revocó nombramiento del director del ICANH y ordenó salida de funcionario encargado

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y dispuso la salida inmediata de Javier Estrada, quien se encontraba al frente de la entidad en calidad de director encargado. 

La determinación se produjo luego de que el mandatario conociera modificaciones al manual de funciones de la institución que, según el Gobierno, se realizaron sin el conocimiento de la ministra de Cultura.

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A través de un pronunciamiento oficial, la Presidencia explicó que la decisión busca impedir que se alteren los requisitos establecidos para ocupar cargos públicos con el propósito de facilitar nombramientos particulares. En ese sentido, el jefe de Estado recordó que, aunque el ICANH cuenta con autonomía administrativa, esta condición no lo exime de cumplir las disposiciones legales ni de respetar las responsabilidades institucionales.

El mandatario expresó su inconformidad con las modificaciones realizadas y advirtió que este tipo de actuaciones no tienen cabida dentro de los lineamientos de su administración.

"¡En el Gobierno del Tigre no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos!", manifestó De La Espriella al referirse a la situación presentada en el instituto.

De acuerdo con la explicación del Ejecutivo, la revocatoria del nombramiento y la salida del director encargado responden a la necesidad de garantizar que los procesos de selección y designación de funcionarios se desarrollen bajo principios de legalidad, transparencia y respeto por la estructura administrativa del Estado.

Asimismo, el presidente insistió en que ningún servidor público está facultado para actuar por encima de las normas o adoptar determinaciones que desconozcan los procedimientos establecidos. Por esa razón, recalcó que las decisiones relacionadas con los requisitos de los cargos deben ajustarse a las competencias y responsabilidades de cada dependencia.

Por su parte, el Gobierno Nacional reiteró que el cumplimiento de la ley, los manuales de funciones y las disposiciones administrativas es una obligación para todos los integrantes de la administración pública, independientemente del nivel o la autonomía de la entidad en la que desempeñen sus labores.

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