Así operaba el cartel de las regalías que dilapidó cerca de medio billón de pesos

La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación de un entramado de corrupción que habría desviado cerca de medio billón de pesos del Sistema General de Regalías, mediante la adjudicación irregular de contratos a través de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).

Las pesquisas exponen un esquema sistemático de direccionamiento contractual que, según el ente acusador, operó mediante la creación de procedimientos paralelos y contrarios a la ley.

De acuerdo con el fiscal delegado del caso, la estructura criminal diseñó un “manual de contratación prohibido” que permitió adjudicar más de un centenar de contratos sin cumplir los requisitos legales.

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La práctica consistía en asignaciones directas, sin procesos de selección transparentes, lo que llevó a los investigadores a denominar a los implicados como “los contrata-dedos”.

El expediente detalla múltiples irregularidades en convenios financiados con recursos públicos. Uno de los casos que llamó la atención corresponde a un contrato relacionado con transporte escolar en el municipio de Sabana de Torres (Santander), por un valor cercano a los 4.600 millones de pesos para la vigencia 2025.

Aunque el convenio fue presentado como un contrato de obra, las autoridades establecieron que en realidad se trataba de la prestación de un servicio.

Según la Fiscalía, los estudios previos del proceso, cargados en la plataforma Secop el 3 de febrero de 2025, carecían de firmas y fecha de elaboración.

Posteriormente, entre el 13 y el 18 de febrero del mismo año, se suscribieron en Barranquilla tanto el contrato como la interventoría por más de $5.060 millones con la directora ejecutiva de Aremca, Emilia Álvarez.

El expediente señala que en el Secop no aparecen documentos esenciales del proceso, como la resolución de apertura, la invitación a proponentes, las ofertas recibidas o el informe de evaluación.

Tampoco existe registro del acto administrativo de adjudicación. “Aparece de un momento a otro un contrato”, indicó el fiscal, quien agregó que incluso se utilizaron firmas de ingenieros para labores ajenas a su perfil profesional, como la verificación de rutas escolares.

Otro de los contratos bajo investigación corresponde a un convenio suscrito en Santa Marta para la implementación de herramientas educativas orientadas a la preparación de estudiantes para las pruebas Saber.

El acuerdo, firmado entre el 19 y el 28 de febrero de 2024 mediante decreto del alcalde Carlos Pinedo Cuello, alcanzó un valor de 15.684 millones de pesos.

La Fiscalía sostuvo que el objeto del contrato equivalía, en la práctica, a la realización de un curso tipo preicfes, lo que resulta desproporcionado frente a su costo.

El proceso también presenta irregularidades en su trámite y adjudicación, lo que refuerza la hipótesis de direccionamiento.

Las investigaciones también abarcan contratos relacionados con comunidades indígenas.

Uno de ellos fue adjudicado el 23 de enero de 2024 para desarrollar acciones de reforestación productiva en el resguardo Caño Mochuelo, en el municipio de Paz de Ariporo, por un valor superior a los $6.759 millones y con un plazo de ejecución de 60 meses.

Al día siguiente, la directora de Aremca suscribió el contrato con la empresa Mopen S.A.S., el cual, según la Fiscalía, no cumplía con los requisitos legales esenciales.

En este punto, el ente acusador indaga un posible delito de peculado por apropiación.

Como parte del material probatorio, se destacan interceptaciones telefónicas a algunos de los capturados. En una de ellas, atribuida a Luis Soto Caraballo, uno de los primeros detenidos, se escucha una afirmación que refuerza las sospechas sobre el destino de los recursos: “De ahí no se hizo absolutamente nada y esa plata se la comieron con los indios”.

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