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Corte Suprema niega la libertad a Iván Name y Andrés Calle por el caso de corrupción en la UNGRD
El alto tribunal rechazó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por los excongresistas y ordenó la práctica de nuevos testimonios y pruebas dentro del proceso.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad provisional presentada por los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las defensas de ambos excongresistas argumentaron que se había configurado un vencimiento de términos, al haber transcurrido más de seis meses desde la formulación de acusación sin el inicio del juicio oral.
Sin embargo, la Corte concluyó que los plazos procesales continúan vigentes y rechazó la petición.
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En la misma decisión, el alto tribunal ordenó la práctica de nuevas pruebas para fortalecer la investigación por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
Entre ellas, autorizó el testimonio del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, para obtener valoraciones técnicas sobre el trámite legislativo de la reforma pensional.
Asimismo, la Corte pidió incorporar evidencias relacionadas con un presunto préstamo de 2.800 millones de pesos que habría sido entregado por el empresario Pedro José Castro al exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, dinero que presuntamente tenía como destino a los exparlamentarios. Por esto, solicitó a la DIAN las declaraciones de renta del ciudadano correspondientes a los periodos entre 2021 y 2024 para verificar su capacidad financiera.
Name y Calle permanecen privados de la libertad desde mayo de 2025 por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
La investigación sostiene que habrían recibido, presuntamente, 4.000 millones de pesos provenientes del desfalco a la UNGRD: 3.000 millones para Iván Name y 1.000 millones para Andrés Calle, recursos que, según el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, fueron entregados entre septiembre y octubre de 2023.
Estos pagos habrían sido coordinados en reuniones en las que, presuntamente, participaron el entonces director de la UNGRD, Olmedo López; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
Asimismo, dentro del material probatorio recaudado, las confesiones de los exdirectivos de la entidad señalan al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González, como el presunto determinador de los pagos dirigidos a quienes entonces presidían el Senado y la Cámara de Representantes.
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