Asesinato de lideresa social en Huila genera rechazo y preocupación por presencia de disidencias armadas

El homicidio de Lina María Puentes Vega, lideresa social y secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Reforma, en el municipio de Baraya, ha suscitado múltiples pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales, así como el rechazo de sectores comunitarios que alertan sobre el riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en regiones con presencia de actores armados ilegales.

El hecho se produjo el sábado 31 de mayo en horas de la noche, cuando la lideresa fue atacada por hombres armados en su lugar de residencia. De acuerdo con información preliminar, los presuntos responsables serían integrantes del frente Darío Gutiérrez, adscrito al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las antiguas Farc, estructura que opera en distintos corredores rurales del sur del país. Este grupo estaría bajo el mando de un individuo conocido con el alias de ‘Calarcá’.

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Lina María Puentes Vega era miembro activo de la Red de Buscadoras y Buscadores “Tras las Huellas de la Vida” y colaboradora directa de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad estatal que trabaja en el esclarecimiento del paradero de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

Su labor estaba orientada, entre otras acciones, a la búsqueda de sus hermanos José Oswaldo y Wilson Armando Puentes Vega, desaparecidos en los años 2009 y 2012, respectivamente.

La Coordinadora Regional Sur de la UBPD para los departamentos de Caquetá, Huila y Putumayo, Andrea Jiménez, lamentó públicamente el asesinato de Puentes Vega, a quien calificó como una persona comprometida con los procesos de memoria, verdad y búsqueda impulsados por las familias víctimas de desaparición forzada.

Según Jiménez, su pérdida constituye un golpe significativo para las comunidades que lideran procesos de búsqueda humanitaria en el departamento del Huila.

Desde Naciones Unidas también se emitió un pronunciamiento. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación por lo ocurrido y exhortó al Estado colombiano a implementar con urgencia mecanismos de protección para la población civil.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, esta entidad subrayó la necesidad de garantizar la presencia integral del Estado en territorios rurales, así como una articulación efectiva de políticas públicas que atiendan las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades en medio del conflicto armado.

Asimismo, se reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida de la población civil y acaten los principios del Derecho Internacional Humanitario.

El pronunciamiento internacional hace énfasis en la obligación de los actores armados de proteger a quienes no participan en las hostilidades y de abstenerse de cualquier acto que atente contra la integridad de líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto.

Por su parte, la Novena Brigada del Ejército Nacional reportó que, horas después del homicidio, se registraron enfrentamientos en la misma vereda Nueva Reforma entre tropas militares y miembros de la subestructura armada señalada como presunta responsable del ataque.

Como resultado de la confrontación, dos personas pertenecientes a dicho grupo armado resultaron heridas y fueron capturadas por las autoridades. Los militares que participaron en el operativo prestaron los primeros auxilios a los capturados, conforme a los protocolos establecidos en el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado capturas adicionales ni se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre el avance de las investigaciones penales.

Sin embargo, se espera que el caso sea priorizado por los entes judiciales y de control, dada la condición de lideresa comunitaria de la víctima y su vinculación a procesos de justicia transicional.

La situación en el norte del Huila refleja las persistentes dificultades de seguridad que enfrentan diversas zonas del país, donde persisten estructuras armadas ilegales que mantienen control territorial y ejercen violencia contra actores sociales.

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del año se han registrado múltiples asesinatos de líderes sociales en regiones como el Cauca, Putumayo, Nariño, Caquetá y Huila, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a reiterar su preocupación por la continuidad de estos hechos a pesar de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz.

La comunidad de la vereda Nueva Reforma y organizaciones sociales del municipio de Baraya han convocado actos simbólicos en memoria de Lina María Puentes Vega y han exigido garantías para el ejercicio del liderazgo comunitario en condiciones de seguridad.

También se han dirigido peticiones al Gobierno Nacional para que se refuercen las medidas de presencia institucional en el territorio y se agilicen los programas de prevención de reclutamiento y protección colectiva para comunidades en riesgo.

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