Abogado de Miguel Uribe denuncia injerencia del Gobierno en investigación por atentado

En el marco de una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado Víctor Mosquera, representante legal del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, denunció una grave injerencia del Gobierno Nacional en la investigación del atentado ocurrido en su contra. 

La intervención, según Mosquera, estaría afectando la objetividad del proceso judicial y vulnerando derechos fundamentales del líder político y su familia.

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Durante la sesión, se presentaron argumentos y documentación para solicitar medidas cautelares urgentes en favor de Miguel Uribe y su núcleo familiar, además de una petición adicional para extender la protección a los miembros del Partido Centro Democrático de cara a las elecciones de 2026. 

Mosquera también pidió que la CIDH exhorte al Estado colombiano a tipificar el ataque como un acto de terrorismo, y no solo como tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, dada su magnitud y el contexto preelectoral.

“El atentado no solo atentó contra la vida de Miguel Uribe, sino que buscó infundir miedo en la población y silenciar a la oposición. Por eso, debe ser tratado como terrorismo”, argumentó Mosquera. 

Asimismo, denunció que el presidente, ministros y otros funcionarios han emitido declaraciones sin sustento probatorio, señalando a grupos armados ilegales, lo que calificó como una “estigmatización” contra sectores opositores.

Durante la audiencia, el abogado presentó tres informes que documentan discursos de odio y campañas de estigmatización por parte de altos funcionarios del Gobierno hacia Miguel Uribe y otros líderes del Centro Democrático. También señaló que la investigación ha sido desviada con hipótesis sin sustento, lo que pone en riesgo la transparencia del proceso judicial.

En cuanto a la seguridad del senador, Mosquera reveló que la Unidad Nacional de Protección (UNP) desatendió más de 50 solicitudes de refuerzo del esquema de seguridad de Uribe, a pesar de las constantes amenazas en su contra. Aseguró que este fallo expuso innecesariamente al senador en un contexto altamente riesgoso.

Mosquera indicó que la CIDH podría pronunciarse sobre las medidas cautelares en las próximas dos semanas. Además, confirmó que el caso ha sido informado al Departamento de Estado de EE. UU., especialmente por los discursos de estigmatización provenientes del Gobierno colombiano.

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