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Procuraduría frena contrato por $33.000 millones de Fiduprevisora para equipos de cómputo
Licitación queda suspendida mientras avanza revisión oficial.
La suspensión de un proceso contractual cercano a los $33.000 millones en la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora) abrió un nuevo frente de revisión sobre los procedimientos de contratación de esa entidad, luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara detener temporalmente la licitación mientras analiza varias observaciones relacionadas con la etapa precontractual y la estructura del proceso de selección.
La medida coincide con una etapa de cambios en la administración de la fiduciaria, marcada por la salida de directivos vinculados con áreas estratégicas, entre ellos la dirección jurídica y la Vicepresidencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
El proceso suspendido tiene como finalidad contratar el servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para la entidad. La iniciativa contempla el suministro de computadores de escritorio y portátiles, así como la instalación de los equipos, su configuración, el mantenimiento preventivo y correctivo, el soporte técnico permanente y las garantías requeridas durante la ejecución del contrato.
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El presupuesto oficial asciende a cerca de $33.000 millones y buscaba garantizar la renovación y operación de la infraestructura tecnológica utilizada por la Fiduprevisora.
La convocatoria pública había sido abierta el pasado 8 de mayo y el cronograma establecía que la adjudicación del contrato se realizaría el 29 de junio.
Sin embargo, antes de llegar a esa etapa, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública intervino mediante una actuación preventiva en la que solicitó suspender el procedimiento mientras se revisan posibles irregularidades advertidas durante el desarrollo de la licitación.
Dentro de las recomendaciones elevadas por el Ministerio Público también figura la evaluación de una eventual terminación anticipada del proceso si se concluye que existen circunstancias que comprometan su legalidad.
Además, el organismo pidió analizar la existencia de posibles causales de nulidad antes de permitir que continúe la contratación.
La determinación fue formalizada mediante una comunicación suscrita por la gerente de Adquisiciones de Fiduprevisora, Stefanía Gutiérrez, quien notificó oficialmente la suspensión del procedimiento contractual.
En el documento no se establece un plazo para reactivar la licitación, por lo que el cronograma quedó suspendido hasta que concluyan las verificaciones adelantadas por los organismos de control.
De acuerdo con la información registrada en la plataforma Secop II, al momento de la suspensión dos compañías habían manifestado interés en participar en la convocatoria: Ricoh Colombia S.A.S. y Nueva Era Soluciones (NES S.A.S.), empresas que aspiraban a presentar sus respectivas propuestas para la prestación del servicio tecnológico requerido por la fiduciaria.
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Las observaciones formuladas por la Procuraduría se concentran principalmente en la fase precontractual del proceso. Según el organismo de control, existirían dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la publicidad de documentos considerados esenciales para garantizar la transparencia de la contratación pública.
Entre esos documentos se encuentran los estudios previos y el análisis de mercado, instrumentos que sustentan la necesidad del contrato, justifican el presupuesto oficial y permiten establecer las condiciones técnicas y económicas bajo las cuales debe adelantarse la selección del contratista.
La Procuraduría considera que la ausencia o insuficiente publicación de esa información podría afectar principios previstos en el régimen de contratación estatal, entre ellos la transparencia, la igualdad de oportunidades para los oferentes y la economía administrativa.
Otro de los aspectos examinados corresponde a la forma como fue incorporado el requisito de experiencia de los participantes. El ente de control advirtió que dicho criterio habría sido utilizado simultáneamente como requisito habilitante para permitir la participación de los oferentes y como factor de evaluación para asignar puntaje durante la calificación de las propuestas.
Esa circunstancia podría configurar una doble valoración de un mismo elemento dentro del procedimiento de selección, situación que, según los criterios aplicables a la contratación pública, debe ser objeto de revisión para garantizar condiciones de competencia en igualdad de oportunidades entre los interesados.
La Procuraduría también manifestó inquietudes frente al contenido del manual interno de contratación de Fiduprevisora. En particular, señaló que el documento no establecería con suficiente precisión la diferencia entre los requisitos mínimos exigidos para participar en una licitación y los factores que posteriormente otorgan puntaje durante la evaluación de las ofertas, aspecto que puede generar interpretaciones distintas durante el desarrollo del proceso.
Frente a los cuestionamientos, el presidente de Fiduprevisora, Diego Andrés Salcedo Monsalve, sostuvo que la entidad atendió los requerimientos formulados por el organismo de control y remitió la documentación solicitada, incluidos los estudios previos y el análisis de mercado que respaldan la contratación.
El directivo explicó además que recientemente se desarrolló una mesa técnica con el procurador delegado Marcio Melgosa, encuentro en el que fueron expuestas las actuaciones adelantadas por la fiduciaria y se resolvieron inquietudes relacionadas con la estructuración del proceso contractual.
Según indicó, la entidad permanece a la espera del pronunciamiento oficial de la Procuraduría para establecer si existen condiciones que permitan levantar la suspensión y reanudar el procedimiento.
Mientras se produce esa decisión, la contratación continuará detenida y no podrá avanzar hacia la etapa de adjudicación.
El futuro del proceso dependerá de las conclusiones que adopte el Ministerio Público sobre la legalidad de las actuaciones adelantadas y del cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal.
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