Defensoría del Pueblo pide investigar al concejal 'El Gury' tras sugerir bombardeo de territorios donde ganó Iván Cepeda

La Defensoría del Pueblo rechazó de manera oficial las declaraciones del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como "El Gury", quien planteó bombardear los territorios del país donde el presidente electo Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, obtuvieron los mayores resultados en las recientes elecciones presidenciales.

A través de un pronunciamiento público, la entidad calificó esas afirmaciones como incompatibles con los principios constitucionales y anunció dos acciones concretas: solicitar al cabildante una retractación pública y remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación para que determine si sus expresiones constituyen conductas de carácter penal.

La Defensoría manifestó que las afirmaciones del concejal parten de la premisa de que la alta votación obtenida por esa candidatura en determinadas regiones sería consecuencia del supuesto constreñimiento ejercido por grupos armados ilegales sobre los electores.

Frente a ese planteamiento, el organismo recordó que ninguna diferencia política, ideológica o electoral puede servir como fundamento para promover acciones dirigidas contra comunidades enteras ni para estigmatizar a la población por la manera en que ejerció su derecho al voto.

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La entidad sostuvo que señalar territorios como posibles objetivos militares debido a las decisiones adoptadas democráticamente por sus habitantes constituye un discurso contrario al Estado social y democrático de derecho.

Además, advirtió que ese tipo de mensajes desconoce la dignidad humana y expone a millones de ciudadanos a riesgos para su vida, integridad y seguridad.

En su pronunciamiento, la Defensoría recordó que la Constitución Política protege el pluralismo, la participación política y la libertad de conciencia como pilares esenciales del sistema democrático colombiano.

Citó los artículos 1, 2, 13, 20 y 40 de la Carta Política para señalar que las autoridades tienen el deber de garantizar la convivencia pacífica, la igualdad, la participación ciudadana y el respeto por quienes piensan diferente.

Asimismo, recordó que el artículo 95 establece la obligación de toda persona de respetar los derechos ajenos y precisó que la libertad de expresión no ampara discursos orientados a promover la violencia, la eliminación del contradictor político o la destrucción de sectores de la población por sus preferencias electorales.

Como primera medida, la Defensoría solicitó expresamente al concejal Andrés Felipe Rodríguez retractarse de las declaraciones realizadas durante la sesión del Concejo de Medellín.

Explicó que quienes ejercen funciones públicas tienen un poder-deber de información y comunicación cualificado, por lo que sus pronunciamientos deben ajustarse a estándares reforzados de veracidad, diligencia, responsabilidad, imparcialidad y respeto por los derechos humanos.

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El organismo enfatizó que esos deberes constitucionales impiden que una autoridad utilice su posición para estigmatizar poblaciones, relacionar decisiones electorales con actividades criminales o promover acciones violentas contra territorios y comunidades.

Según la Defensoría, la responsabilidad institucional exige que los servidores públicos contribuyan a fortalecer la convivencia democrática y no a incrementar escenarios de confrontación.

Paralelamente, la Defensoría informó que remitió una solicitud formal a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los posibles hechos delictivos que podrían derivarse de las declaraciones del concejal. 

En el documento sostiene que las expresiones conocidas públicamente podrían configurar conductas que deberán ser valoradas por las autoridades judiciales, entre ellas eventuales actos de instigación a delinquir, amenazas colectivas, hostigamiento, discriminación o violencia política.

La entidad también precisó que el fuero derivado del ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio, realizar perfilamientos territoriales o incitar a ataques contra la población civil.

En consecuencia, señaló que corresponde a la Fiscalía establecer si las manifestaciones del cabildante tienen relevancia penal dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

La Defensoría advirtió igualmente que este tipo de declaraciones adquiere una gravedad especial en un país que durante décadas ha estado marcado por la violencia política, la persecución de sectores sociales y las acciones armadas contra comunidades enteras.

Indicó que asociar territorios y poblaciones con la condición de "enemigo" debido al sentido de su voto fortalece narrativas de exclusión y profundiza la polarización social que históricamente ha afectado al país.

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