“No copiamos de Tigre": el mensaje de las disidencias de alias 'Calarcá' al presidente Abelardo De la Espriella

Las disidencias del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias 'Calarcá', respondieron con una nueva acción armada al mensaje emitido por el presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien horas antes había reiterado que los grupos armados ilegales tendrían un plazo de un mes para iniciar un proceso de sometimiento a la justicia.

La reacción se produjo en el norte de Antioquia, donde integrantes del frente 36 instalaron varios artefactos explosivos sobre la Troncal de Occidente, una de las principales vías que comunica a Medellín con la Costa Caribe, provocando la suspensión del tránsito durante más de doce horas y obligando al despliegue de unidades especializadas del Ejército Nacional.

El episodio ocurrió mientras el presidente electo recibía oficialmente la credencial que lo acredita como próximo jefe de Estado. Durante ese acto insistió en que su administración no mantendrá la política de negociación adelantada con estructuras armadas ilegales y anunció que su gobierno exigirá el sometimiento a la justicia sin otorgar beneficios extraordinarios.

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“Todos los grupos ilegales disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables", afirmó De la Espriella.

Pocas horas después de esas declaraciones, la situación de orden público se agravó en el municipio de Valdivia, Antioquia.

Integrantes del frente 36 ubicaron cuatro artefactos explosivos sobre la Troncal de Occidente, obligando al cierre preventivo del corredor vial mientras equipos antiexplosivos verificaban las condiciones de seguridad y adelantaban los protocolos para neutralizar las cargas.

Al lugar fueron enviadas unidades de la Fuerza Pública, entre ellas expertos en explosivos del Ejército Nacional. Sin embargo, mientras se realizaban las labores para efectuar la detonación controlada de uno de los elementos, los uniformados fueron objeto de un hostigamiento armado atribuido a integrantes de esa estructura ilegal, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones y responder al ataque antes de continuar con el procedimiento de desactivación.

Una vez cesaron los disparos y fue asegurada la zona, los especialistas retomaron las labores técnicas para eliminar el riesgo sobre la carretera.

Según informó el comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, brigadier general Eduardo Arias, las tropas lograron neutralizar la totalidad de los explosivos instalados por el grupo armado.

El oficial explicó que dos de los dispositivos correspondían a cilindros explosivos ubicados directamente sobre la vía, mientras que otros dos habían sido instalados como trampas explosivas en sectores cercanos, con el propósito de afectar tanto a la población civil como al personal militar encargado de atender la emergencia.

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“Fueron desactivados dos cilindros que habían sido colocados en la vía. Asimismo, se desactivaron dos artefactos explosivos adicionales que estaban ubicados como trampas, donde podían haber resultado afectadas la población civil y las tropas que adelantaban el procedimiento", señaló el comandante militar.

Tras varias horas de intervención, las autoridades reabrieron el paso vehicular bajo un amplio dispositivo de seguridad conformado por unidades del Ejército Nacional, que permanecen desplegadas en el corredor vial ante la posibilidad de nuevos ataques o de la instalación de más explosivos en la zona.

Durante la inspección realizada después de controlar la situación, los uniformados encontraron una inscripción elaborada con pintura roja sobre el pavimento. En ella podía leerse el mensaje: "No copiamos de Tigre ni de paramilitares", frase que las autoridades interpretan como una referencia directa al presidente electo Abelardo De la Espriella y como una respuesta a las advertencias formuladas por el próximo mandatario frente a las organizaciones armadas ilegales.

El mensaje apareció precisamente en el lugar donde fueron instalados los explosivos, lo que ha llevado a las autoridades a considerar que hace parte de una estrategia de intimidación mediante la cual el frente 36 busca enviar señales políticas y militares en medio del cambio de gobierno.

Los hechos incrementaron nuevamente la preocupación entre los habitantes de Valdivia y de otros municipios del norte de Antioquia, una región que en los últimos meses ha registrado reiterados ataques contra la Fuerza Pública y afectaciones a la movilidad por acciones de grupos armados ilegales.

La Troncal de Occidente constituye uno de los principales corredores estratégicos del país para el transporte de pasajeros y carga entre el interior y la Costa Caribe, por lo que cualquier interrupción en su funcionamiento genera impactos económicos y logísticos de alcance nacional.

Las autoridades mantienen operaciones militares en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad del corredor vial, identificar a los responsables de la instalación de los explosivos y evitar nuevas acciones armadas que comprometan a la población civil y la infraestructura estratégica del norte de Antioquia.

Alias Alexander Díaz Mendoza, conocido como 'Calarcá', se consolidó como uno de los principales comandantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), una de las facciones de las disidencias de las antiguas FARC que mantuvo conversaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la política de paz total.

Su estructura, con presencia en departamentos como Antioquia, Meta, Guaviare, Caquetá y otras zonas del país, fue reconocida por el Gobierno como interlocutora en ese proceso, mientras continuaba bajo seguimiento de la Fuerza Pública por delitos relacionados con narcotráfico, extorsión, secuestro, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil y la infraestructura.

La relación entre las disidencias de alias 'Calarcá' y el Gobierno Petro quedó en el centro del debate nacional tras las investigaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que reveló el contenido de computadores, teléfonos celulares y memorias USB incautados por las autoridades en julio de 2024 durante un operativo contra una caravana en la que se movilizaban integrantes de esa organización armada. 

De acuerdo con el medio, los archivos contenían chats, cartas, fotografías, documentos reservados y registros de comunicaciones que mencionaban presuntos contactos con integrantes de organismos de inteligencia y miembros de la Fuerza Pública. La Fiscalía confirmó la existencia del material incautado y señaló que este permanece bajo cadena de custodia, aunque corresponde a las investigaciones judiciales establecer el valor probatorio de cada documento.

Según las revelaciones, los archivos también mostrarían que, mientras avanzaban los diálogos con el Gobierno, la estructura comandada por alias 'Calarcá' habría continuado desarrollando actividades criminales.

El medio publicó documentos y conversaciones en las que se evidenciarían órdenes para reclutar menores de edad, fortalecer el componente armado, adquirir armamento, ejecutar homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz y mantener el control sobre economías ilícitas en distintas regiones del país.

Esas revelaciones generaron cuestionamientos sobre el impacto que tuvo el cese al fuego bilateral en el fortalecimiento operacional de esa organización.

Las publicaciones también originaron una controversia política entre el Gobierno y los medios de comunicación.

En un primer momento, el presidente Gustavo Petro cuestionó la autenticidad y el origen de parte de la información divulgada y sostuvo que algunos documentos podían haber sido manipulados.

Posteriormente, tras el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la existencia de los dispositivos electrónicos incautados, el mandatario insistió en que la veracidad del contenido debía ser determinada mediante las investigaciones judiciales y no únicamente a partir de publicaciones periodísticas.

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