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Presidente Petro anuncia baja en precio de la gasolina y recibe críticas por subsidio y hacerlo en campaña política
Exministro José Manuel Restrepo acusa al Gobierno Petro de ocultar subsidio cruzado en precios de combustibles.
En medio de la contienda electoral de 2026, el presidente Gustavo Petro anunció que desde el 1º de febrero se reducirá progresivamente el precio de la gasolina en Colombia.
Según el mandatario, el descenso será posible tras haber saldado la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), una herramienta que durante años sirvió para amortiguar las variaciones del precio internacional del petróleo y evitar alzas bruscas en los combustibles.
La medida fue confirmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien aseguró que el Gobierno tiene espacio fiscal para aplicar una reducción sin comprometer la estabilidad macroeconómica, ni recurrir a subsidios directos.
El anuncio fue recibido con expectativas por parte de los consumidores, luego de más de un año de incrementos mensuales que llevaron el precio del galón de gasolina corriente a superar los $16.000 pesos colombianos en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
Sin embargo, generó cuestionamientos por parte de expertos del sector energético y exfuncionarios del Ministerio de Hacienda, quienes alertaron sobre una contradicción entre el discurso oficial y las cifras técnicas que sustentan los precios actuales.
Uno de los pronunciamientos más directos fue el del exministro de Hacienda y actual profesor de economía, José Manuel Restrepo, quien, a través de su cuenta de X, celebró la reducción anunciada, pero pidió mayor transparencia sobre las causas y responsabilidades. “Me parece fantástico que bajen los precios de la gasolina. ¡Genial! ¡¡¡¡PERO DIGAN LA VERDAD!!!!”, escribió.
Según Restrepo, desde finales de 2023 —como lo evidencian datos del experto energético Sergio Cabrales— los colombianos vienen pagando un precio interno por galón superior al internacional, lo que habría generado un excedente de ingresos al Estado.
“Los usuarios de autos movidos por gasolina estamos subvencionando al Gobierno para que este a su vez subsidie a los usuarios de ACPM, a quienes el presidente @petrogustavo les prometió ese subsidio y lo sigue haciendo por cuenta nuestra”, denunció Restrepo, en alusión a las promesas políticas de Petro de no aumentar el precio del diésel para sectores como el transporte y la carga.
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“Fantástico que bajen los precios de la gasolina, y que nos avisen cuándo puede ir a recoger cada ciudadano el cheque por todo lo que pagaron de más en precio de gasolina desde finales de 2023. ¡Sería buenísimo que pagaran ese antisubsidio o impuesto encubierto también!”.
En efecto, cifras actualizadas por GlobalPetrolPrices ubican el precio promedio por litro de gasolina en Colombia en alrededor de 1,14 dólares, un valor ligeramente inferior al promedio mundial de 1,28 dólares, pero aún alto para un país con ingreso per cápita medio-bajo. Países como Estados Unidos, con un precio cercano a los 0,90 dólares por litro, y economías emergentes como Ecuador o Bolivia, que mantienen subsidios estructurales a los combustibles, exhiben valores mucho más bajos.
A pesar de no figurar entre los países con los precios más altos del mundo —liderados por Hong Kong, Países Bajos o Noruega—, Colombia ha sido incluida por diversos analistas entre los países latinoamericanos donde el precio real de la gasolina representa una mayor carga relativa frente al ingreso de los hogares.
Además, los datos de paridad de importación y la evolución del barril Brent —que ha mostrado caídas intermitentes desde mediados de 2023— indican que los precios internos en Colombia han tardado en reflejar las bajas del mercado internacional, incluso después de que la deuda del FEPC fuera saldada.
La crítica central de los economistas se basa en que, una vez desaparecido el subsidio al precio, el gobierno no trasladó inmediatamente los beneficios de la reducción internacional a los consumidores de gasolina, mientras sí sostuvo el subsidio al ACPM, generando lo que algunos llaman una “redistribución energética inversa”, en la cual los usuarios de vehículos particulares —principalmente urbanos— financiaron indirectamente al transporte pesado y de carga.
El Gobierno ha defendido su política como parte de una estrategia de estabilización fiscal. El presidente Petro explicó que se trataba de eliminar subsidios regresivos, apuntando a que el combustible beneficiaba a los sectores más ricos, y que ahora, al haberse pagado el FEPC, sí existe margen para una reducción justa.
No obstante, la falta de una explicación detallada sobre el tratamiento diferencial entre la gasolina y el ACPM, y la ausencia de mecanismos compensatorios para los usuarios que pagaron precios superiores al internacional, han alimentado la controversia.
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