Petro anuncia decreto para obligar a la banca a financiar sectores productivos

En el contexto de la emergencia económica recientemente declarada, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno nacional se dispone a expedir un decreto que impondrá inversiones obligatorias al sistema financiero, decisión que se adopta tras señalar que el sector incumplió compromisos previamente acordados en 2024.

La determinación se dio a conocer durante el tercer consejo de ministros celebrado en las últimas horas.

En esa reunión, el jefe del Estado sostuvo que el pacto firmado en agosto de 2024 entre el Gobierno y representantes de la banca —el llamado “Pacto por el Crédito”— no produjo los efectos esperados en materia de asignación de recursos hacia la economía productiva.

El convenio había sido el argumento para retirar un proyecto de ley que contemplaba la imposición de inversiones forzosas, con el objetivo de evitar su trámite por vía legislativa, en favor de una concertación con los actores del sector privado.

El acuerdo establecía como meta el desembolso de 250 billones de pesos en un plazo de 18 meses.

Los recursos debían ser canalizados hacia los sectores de vivienda, agricultura, turismo y economía popular, con énfasis en el crédito asociativo y la financiación de actividades productivas.

Sin embargo, según el presidente, los indicadores más recientes muestran que la mayoría de los créditos desembolsados continuaron orientándose hacia líneas de consumo, sin una reorientación sustancial hacia las actividades pactadas.

A pesar de las 19 sesiones de trabajo adelantadas con el gremio bancario, y de las advertencias del sector financiero sobre el impacto que podría tener una imposición normativa en la estructura del crédito, la administración considera que no se cumplieron los compromisos adquiridos y, por tanto, optará por restablecer las inversiones forzosas mediante decreto.

El Gobierno ha insistido en que esta medida busca garantizar que el ahorro nacional sea canalizado hacia áreas que generen empleo, dinamismo económico y encadenamientos productivos, en lugar de permanecer concentrado en operaciones de consumo o rentismo financiero.

Lea también: (Violencia del ELN aumentó el 86% en 2025, como resultado: 471 ataques y 221 muertos)

En paralelo a este anuncio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el borrador del primer decreto tributario que se expedirá bajo la emergencia.

En este se propone un nuevo impuesto al patrimonio que recaerá exclusivamente sobre personas jurídicas, con un universo aproximado de 15.000 grandes empresas del país.

La justificación del nuevo gravamen radica en lo que el Gobierno ha calificado como una estructura regresiva en la carga tributaria efectiva: aunque la tarifa nominal del impuesto de renta para sociedades es del 28 %, los análisis del Ministerio señalan que las compañías de mayor patrimonio alcanzan en promedio una tasa efectiva del 21,3 %, mientras empresas de menor tamaño llegan a pagar porcentajes mayores debido a la menor capacidad de acceso a instrumentos de optimización fiscal.

El nuevo impuesto contemplaría tarifas diferenciales para distinguir entre empresas de carácter productivo y compañías consideradas rentísticas, como las del sector financiero. Además, se diseñarán esquemas especiales para entidades sin ánimo de lucro, cooperativas y cajas de compensación familiar.

Ávila precisó que el impuesto al patrimonio dirigido a personas naturales, incluido en una anterior emergencia pero que nunca se reglamentó, no será objeto de reactivación.

El Gobierno también indicó que se estudian posibles modificaciones al impuesto aplicable a juegos de suerte y azar, actualmente en revisión por parte de la Corte Constitucional, y cuya reforma prevé una tarifa del 19 %.

En otro frente, se evalúa la viabilidad jurídica de restringir temporalmente la exportación de carne con el fin de frenar su encarecimiento en el mercado interno.

De acuerdo con el análisis gubernamental, el precio de la carne ha registrado aumentos superiores a la inflación promedio, lo que estaría afectando el acceso de los hogares a este producto de la canasta básica.

Como complemento a las medidas de intervención en el sector financiero y tributario, el Gobierno informó sobre la activación de líneas de crédito especiales para el sector agropecuario y las microempresas, gestionadas a través de Finagro y el Banco Agrario.

Estas líneas operarán con tasas compensadas, buscando facilitar el acceso a recursos en condiciones más favorables para unidades productivas que enfrentan dificultades por la coyuntura económica y climática.

Otras noticias