Crisis de Canacol Energy amenaza operación de Cerro Matoso y el suministro de gas en la Costa Caribe

La posible terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas natural solicitada por Canacol Energy, en el marco del proceso de reestructuración financiera que adelanta la compañía, comenzó a generar preocupación entre empresas consumidoras del energético y entidades vinculadas al sector minero e industrial.

Una de las advertencias más contundentes provino de Cerro Matoso, cuya dirección aseguró que la cancelación de esos acuerdos podría comprometer la continuidad de sus operaciones, afectar miles de empleos y generar consecuencias sobre el abastecimiento de gas en una parte de la región Caribe.

El caso se originó luego de que una corte de Alberta, en Canadá, autorizara dentro del proceso de reorganización empresarial de Canacol Energy la posibilidad de poner fin de manera anticipada a varios contratos de suministro de gas.

No obstante, esa determinación aún deberá surtir los procedimientos correspondientes ante la Superintendencia de Sociedades en Colombia, autoridad que deberá analizar los efectos que tendría la medida dentro del ordenamiento jurídico nacional y sobre las obligaciones contractuales vigentes.

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La decisión judicial despertó inquietud entre empresas que dependen del gas natural como fuente principal para mantener sus procesos industriales.

Entre ellas se encuentra Cerro Matoso, productora de ferroníquel ubicada en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba, cuyo presidente, Ricardo Gaviria, manifestó que la continuidad de la operación minera está directamente ligada a la estabilidad del suministro del combustible.

El directivo explicó que la planta industrial no dispone de un sustituto inmediato para reemplazar el gas natural y advirtió que la suspensión del servicio obligaría a detener completamente la producción.

Según indicó, el funcionamiento permanente de los hornos industriales constituye un requisito técnico indispensable para preservar la integridad de la infraestructura.

Gaviria explicó que una interrupción del suministro ocasionaría el apagado de los hornos utilizados en el proceso de fundición, situación que produciría daños en los materiales refractarios instalados en su interior.

De acuerdo con sus estimaciones, la reparación de una de las líneas de producción tendría un costo cercano a los $450.000 millones, mientras que la recuperación de la segunda superaría los 770.000 millones, inversiones que deberían ejecutarse antes de reiniciar la actividad industrial.

El directivo sostuvo que el impacto no se limitaría a la infraestructura física de la empresa. También señaló que una eventual suspensión de operaciones comprometería la estabilidad laboral de trabajadores directos e indirectos vinculados a la compañía y tendría efectos sobre la economía de la región donde opera la mina.

Según las cifras entregadas por Cerro Matoso, alrededor de 2.000 personas trabajan de manera directa e indirecta para la empresa, mientras que cerca de 50.000 habitantes del territorio dependen, en distinta medida, de la actividad económica que genera la operación minera mediante contratación de bienes, servicios, transporte, comercio y otras actividades relacionadas.

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La preocupación expresada por la compañía también incluye el impacto que una eventual terminación de contratos podría producir sobre el abastecimiento de gas en la Costa Caribe. Gaviria indicó que Canacol Energy participa de manera importante en el suministro destinado a esa región y advirtió que las consecuencias no recaerían únicamente sobre las industrias.

En ese sentido, señaló que el efecto alcanzaría tanto a empresas manufactureras como a usuarios residenciales que reciben el servicio de gas natural, debido a que una proporción significativa de la demanda regional depende del combustible comercializado por Canacol.

Según explicó, aproximadamente la mitad de las poblaciones de la Costa Caribe podrían verse afectadas si se materializa la terminación de los contratos de suministro.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que distintos actores del sector energético han advertido sobre la disminución de las reservas nacionales de gas natural y el incremento de la dependencia de importaciones para cubrir la demanda interna.

Empresas distribuidoras y expertos han señalado que el país enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad del combustible y con la capacidad de infraestructura para garantizar el abastecimiento durante los próximos años.

Frente a un eventual escenario de desabastecimiento, el presidente de Cerro Matoso reconoció que actualmente no existe un mecanismo inmediato que permita sustituir el volumen de gas suministrado por Canacol Energy. Explicó que Colombia dispone únicamente de una planta de regasificación ubicada en Cartagena para recibir gas natural licuado proveniente del exterior.

Aunque esa infraestructura permite importar combustible, Gaviria manifestó que depender exclusivamente de esa alternativa elevaría considerablemente los costos operativos de la industria, situación que pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de empresas intensivas en consumo energético como Cerro Matoso.

A ello agregó que la capacidad instalada para atender una demanda creciente de gas importado resulta limitada frente a las necesidades del mercado nacional.

El directivo también aclaró que la autorización emitida por la Corte de Alberta no corresponde a una suspensión temporal de las obligaciones contractuales, sino a la posibilidad de finalizar anticipadamente los acuerdos existentes, circunstancia que, a su juicio, representa un escenario de mayor complejidad para las compañías consumidoras.

Ante esa situación, anunció que Cerro Matoso utilizará los mecanismos judiciales disponibles para intentar revertir la decisión. Indicó que la empresa cuenta con un plazo de 21 días para presentar una apelación ante la justicia canadiense con el propósito de que el fallo sea revisado por una segunda instancia y, eventualmente, revocado.

Mientras ese procedimiento avanza, la compañía espera que las autoridades colombianas participen dentro de las competencias que les asigna la ley para evaluar las implicaciones de la medida sobre el mercado nacional de gas y sobre el cumplimiento de los contratos celebrados con empresas consumidoras.

En ese contexto, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía para que intervengan en el análisis del caso y promuevan alternativas que permitan garantizar la continuidad del suministro.

El presidente de Cerro Matoso insistió en que una eventual renegociación de las condiciones comerciales de los contratos constituye un escenario diferente a la terminación unilateral de los mismos.

En su concepto, cualquier modificación debe respetar los derechos adquiridos por las partes y preservar la seguridad jurídica que rige las relaciones contractuales.

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