Acopi advierte que la reforma laboral causará despidos y cierres en MiPymes

El presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), Rodolfo Correa, alertó sobre las consecuencias que, en su concepto, tendría la reciente aprobación de la reforma laboral para el tejido empresarial más vulnerable del país.

En Caracol Radio, Correa señaló que el articulado aprobado por el Congreso de la República no contempló un tratamiento diferencial para las MiPymes, lo que, según su análisis, generará efectos adversos en materia de empleo, sostenibilidad empresarial y formalización.

La reforma laboral, impulsada por el Gobierno nacional, fue aprobada en medio de intensos debates legislativos. Según Correa, el texto avalado por el Senado de la República no distingue entre grandes conglomerados económicos y unidades empresariales de menor tamaño, lo que coloca a estas últimas en una posición de desventaja estructural frente al cumplimiento de nuevas exigencias en el ámbito laboral.

A juicio del vocero gremial, esta omisión implica desconocer la naturaleza específica de las MiPymes, cuya capacidad operativa y financiera resulta limitada frente a la de los grandes empleadores del país.

De acuerdo con cifras divulgadas por Acopi, este segmento empresarial es responsable de aproximadamente el 72 % del empleo formal en el país, aunque presenta restricciones relacionadas con acceso a capital, crédito y liquidez.

Bajo ese panorama, Correa manifestó que el nuevo marco regulatorio aumentará los costos asociados a la nómina, lo cual llevará a múltiples empresas a revisar su planta de personal y, en algunos casos, a considerar la cesación de actividades.

En palabras del dirigente, “nos enfrentamos a un escenario en el que las micro y pequeñas empresas no podrán sostener los niveles actuales de contratación, y se verán obligadas a prescindir de trabajadores o a trasladarse a la informalidad para poder subsistir”.

La advertencia se acompaña de un llamado al Ejecutivo para que considere una reglamentación específica que reconozca las condiciones particulares de las unidades económicas más pequeñas, a fin de evitar efectos colaterales sobre la economía local y regional.

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Correa también manifestó inconformidad con el proceso de construcción de la reforma, que calificó como unilateral. Según su testimonio, el sector productivo no fue convocado a instancias efectivas de concertación, y sus planteamientos no fueron incorporados en el proyecto.

“Esperábamos que al menos las microempresas fueran exceptuadas o recibieran un trato diferenciado, pero el Congreso decidió incluirlas en igualdad de condiciones”, expresó.

Uno de los puntos de mayor preocupación, según explicó Correa, es que la reforma se estructura en función de los trabajadores formales —un universo de cerca de 10 millones de personas— sin incorporar mecanismos concretos para abordar la situación de los más de 12 millones de trabajadores que se desempeñan en la informalidad.

En ese sentido, consideró que el enfoque adoptado no solo resulta insuficiente, sino que podría profundizar las brechas existentes en el mercado laboral.

“El Gobierno está diseñando una política laboral que no contempla las dinámicas reales de la economía popular ni las restricciones de la microempresa”, afirmó el presidente de ACOPI, quien además señaló que no se acompañó la iniciativa con medidas fiscales o financieras que faciliten la transición hacia la formalización.

Según el gremio, la reforma debió ser parte de un paquete integral que incluyera incentivos, alivios tributarios y líneas de financiamiento preferencial para pequeños empresarios.

El pronunciamiento de Correa se suma a los reparos formulados por otros sectores empresariales, que han expresado preocupación por la viabilidad de implementar las nuevas disposiciones sin afectar la competitividad y la continuidad de las operaciones.

Si bien la reforma contempla ajustes relacionados con estabilidad laboral, contratación, jornada y remuneración, los sectores críticos han sostenido que su aplicación uniforme podría traducirse en una carga desproporcionada para el empresariado de menor escala.

Correa concluyó sus declaraciones reiterando el compromiso de ACOPI con la defensa de las empresas nacionales, al considerar que son estas las que permiten dinamizar el empleo y sostener los ingresos de millones de familias. “Seguiremos insistiendo en que sin empresa no hay empleo, y sin empleo no es posible hablar de desarrollo económico ni social”, puntualizó.

El debate sobre la implementación de la reforma laboral continúa abierto, mientras el Gobierno prepara los decretos reglamentarios y los gremios empresariales anuncian nuevas acciones para solicitar modificaciones en su aplicación para las MiPymes.

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