Registrador descarta fraude en elecciones del 31 de mayo

El registrador nacional, Hernán Penagos, descartó cualquier posibilidad de fraude en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y respondió a los cuestionamientos planteados por el presidente Gustavo Petro sobre la transparencia del sistema electoral colombiano.

En entrevista con la revista Semana, el jefe de la Registraduría aseguró que el proceso electoral en Colombia se realiza de manera manual y afirmó que los sistemas informáticos utilizados para el preconteo y escrutinio no tienen capacidad para modificar resultados.

“No hay ninguna posibilidad de alteración de esa acta y los software o los códigos fuente lo único que hacen es consolidar esa información, recogerla para una cosa en concreto: para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan tener información muy ágil y muy rápida de datos preliminares”, afirmó Penagos.

La controversia surgió luego de que el presidente Petro insistiera en la necesidad de entregar el código fuente de los sistemas electorales, argumentando preocupaciones sobre la transparencia del proceso. Sin embargo, el registrador rechazó esa posibilidad y aseguró que divulgar dicha información representaría un riesgo para la seguridad de las elecciones.

“Entregar el código fuente es un riesgo muy alto para el proceso electoral [...] permitiría que hackers identifiquen vulnerabilidades y que otros suplantaran el software oficial”, sostuvo el funcionario.

Penagos explicó que el software electoral cumple un papel complementario, mientras que el conteo oficial de votos depende de actas manuales diligenciadas por los jurados de votación en cada mesa electoral.

“El voto es manual, las actas son manuales y los formularios E-14 son manuales. Los software y los códigos fuente no son determinantes para el proceso y mucho menos pueden cambiar los resultados”, enfatizó.

El registrador indicó que el código fuente sí fue puesto a disposición de auditores acreditados durante dos semanas como parte de las garantías técnicas ofrecidas a partidos y organismos de observación.

Además, destacó que la organización electoral implementó mecanismos de transparencia como auditorías internacionales, digitalización de actas y participación de observadores nacionales e internacionales.

“Hay garantías para todos. Prueba de ello son las pasadas elecciones de marzo. Hubo auditoría internacional que certificó ese proceso electoral”, afirmó.

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Según detalló, el proceso también incluye la capacitación de cerca de 860.000 jurados de votación y la presencia de testigos electorales de los distintos partidos políticos.

“En la mesa de votación están jurados de votación, 860.000 en total, que son ciudadanos del común, y testigos electorales de los partidos que pueden tomar la foto del acta electoral desde la mesa”, explicó.

El funcionario agregó que, tras el cierre de las urnas, el escrutinio queda bajo supervisión de jueces de la República y existe la posibilidad de presentar reclamaciones judiciales por parte de candidatos y movimientos políticos.

“Cualquier partido, organización o candidato que tenga dudas de la información que publica la Registraduría se puede ir para los escrutinios, llevar abogados, llevar testigos y presentar las reclamaciones que quiera”, señaló.

Penagos también manifestó preocupación por el impacto que podrían tener las narrativas sobre fraude electoral en la seguridad del país. Según indicó, la desinformación se ha convertido en la principal amenaza para el proceso democrático.

“Mantener narrativas de fraude es un grave riesgo de violencia que se puede generar en Colombia. La desinformación y las noticias falsas [...] generan tragedia y muerte”, advirtió.

La Registraduría confirmó además que ya fue distribuido el material electoral tanto en Colombia como en el exterior, donde la jornada de votación comenzará una semana antes de los comicios nacionales.

El registrador reconoció que uno de los principales desafíos de las elecciones será garantizar la seguridad en más de 100 municipios donde existe alta presencia de grupos armados ilegales, situación que, según dijo, obliga a reforzar las medidas de protección para asegurar el derecho al voto libre y secreto.

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