Paloma Valencia exige claridad a Petro ante presunto uso de inteligencia para espiar a rivales políticos

El debate político en Colombia escaló este fin de semana a una denuncia por presunto espionaje estatal. La controversia surgió luego de que el presidente Gustavo Petro aludiera públicamente a supuestos informes de inteligencia que detallan diálogos privados entre el candidato Abelardo de la Espriella y directivos de la firma Thomas Greg & Sons, lo que despertó alertas inmediatas sobre la legalidad de tales seguimientos.

En una carta abierta, los aspirantes presidenciales Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo calificaron las afirmaciones del jefe de Estado como un precedente "profundamente peligroso" para la democracia. Según los firmantes, el uso de herramientas de inteligencia para monitorear a opositores y ciudadanos sugiere un patrón de intimidación que debe ser aclarado de fondo. En el documento, exigen al Gobierno precisar si estas interceptaciones cuentan con orden judicial y qué entidades están participando en el monitoreo de actores políticos.

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A la voz de protesta se sumaron las congresistas Katherine Miranda y María Fernanda Cabal, quienes cuestionaron si el mensaje de Petro constituye una admisión de "chuzadas" ilegales. Las parlamentarias señalaron que el uso del aparato estatal para interferir en el proceso electoral de 2026 es una extralimitación de funciones. Por su parte, De la Espriella desmintió cualquier vínculo con los empresarios mencionados y retó al mandatario a publicar las grabaciones que dice poseer.

La tensión se produce en un momento crítico, con denuncias previas sobre el uso de software espía en el país. Los líderes de la oposición han solicitado la intervención de los organismos de control para determinar si el Ejecutivo está utilizando recursos públicos para realizar seguimientos no autorizados a quienes cuestionan su gestión, especialmente en el marco de la transición del sistema de expedición de pasaportes.

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