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Fiscalía llama a juicio a cuatro militares por el homicidio de un campesino en el sur de Bolívar

Un teniente y tres soldados son señalados de actuar de manera desproporcionada en un operativo contra el Eln en el año 2017.

cuatro militares a juicio
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 04/04/2026 - 20:58 Créditos: La muerte del labriego se produjo en medio de una operación contra un cabecilla del Eln - Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente el escrito de acusación contra un oficial y tres soldados profesionales del Ejército Nacional, presuntamente implicados en el asesinato de un agricultor en zona rural del municipio de Arenal, Bolívar. Los uniformados son señalados por el delito de homicidio en persona protegida, tras hechos ocurridos el 9 de abril de 2017 durante una operación dirigida contra un cabecilla del Eln.

Los acusados fueron identificados como el teniente Luis Adolfo Barrios y los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García. 

Según la investigación del ente acusador, el teniente Barrios habría ordenado interceptar a dos campesinos bajo la sospecha de que se trataba de alias ‘Cusi’, objetivo de alto valor en la zona. Ante el requerimiento, las víctimas intentaron huir, momento en el cual los militares abrieron fuego, causando la muerte de uno de los labriegos y la detención del otro.

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La fiscal del caso expuso durante la audiencia que los uniformados actuaron de forma consciente y voluntaria, disparando contra ciudadanos ajenos al conflicto armado. La investigación determinó que las víctimas no tenían vínculos con el grupo ilegal y que el verdadero alias ‘Cusi’ fue capturado horas más tarde en una ubicación diferente, lo que desvirtuó la versión inicial de un enfrentamiento o una baja legítima en combate.

El escrito de acusación resalta que los militares habrían violado los protocolos de seguridad y el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, al no identificarse plenamente ni garantizar medios proporcionales para detener a los civiles. Con el llamado a juicio, se inicia la etapa procesal donde la justicia determinará la responsabilidad penal de los uniformados en este caso de afectación a la población civil en el marco de operaciones militares.

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