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Pacto Histórico exige renuncia de Verónica Estrada por títulos falsos y anuncia revisión de diplomas de candidatos

La bancada respaldó la solicitud de renuncia de la congresista investigada. La colectividad anunció que llevará el caso a su Comisión de Ética y promoverá mecanismos de verificación de títulos y antecedentes de quienes aspiren a cargos públicos.

Verónica Estrada congresista
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 20/11/2026 - 21:05 Créditos: Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico. Redes sociales.

La bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes solicitó la renuncia de la congresista Luz Verónica Estrada Holguín, elegida por Antioquia, después de que la Universidad Nacional de Colombia y una institución educativa de Caramanta desconocieran documentos académicos atribuidos a sus establecimientos.

El pronunciamiento se produjo en medio de las denuncias por presunta falsificación de títulos profesionales, un diploma de bachillerato y certificaciones laborales que habrían sido utilizadas por la representante para acreditar su formación y experiencia.

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Mediante un comunicado, la bancada respaldó la petición formulada por la Coordinación Nacional Provisional del partido para que Estrada abandone su curul y atienda los requerimientos de las autoridades judiciales, disciplinarias y de los organismos internos de la colectividad.

El documento establece que la solicitud de renuncia constituye una decisión política y ética, no una condena, y reconoce expresamente las garantías de presunción de inocencia y debido proceso que corresponden a la congresista.

La comunicación también rechaza las conductas atribuidas a Estrada y advierte que la presentación de documentos académicos o profesionales falsos para acceder a contratos públicos o cargos de elección popular afecta la confianza de los ciudadanos y de los estudiantes que cumplen los requisitos exigidos por las instituciones educativas.

La bancada sostuvo que tiene una responsabilidad frente a sus electores, particularmente los de Antioquia, departamento por el cual Estrada obtuvo su representación en el Congreso para el periodo constitucional 2026-2030.

En el comunicado, los congresistas pidieron celeridad y rigor a las autoridades competentes y a la Comisión Nacional de Ética del Pacto Histórico, cuya sesión fue anunciada para el lunes 23 de noviembre, con el propósito de tramitar las denuncias relacionadas con la representante.

A esto se suma la investigación de la Agencia de Periodismo Investigativo, API que evidenció que la representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín, integrante del Pacto Histórico, figura como indiciada en tres investigaciones penales relacionadas con presuntas falsedades documentales, mientras la Universidad Nacional de Colombia sostiene que nunca le otorgó el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que presentó para acreditar su formación académica.

Los expedientes, conocidos por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, en medio de los cuestionamientos públicos contra la congresista, permiten establecer que las primeras denuncias se remontan a 2024, dos años antes de su elección al Congreso de la República.

Varios documentos reúnen información sobre distintas situaciones judiciales con un denominador común; la presunta conducta de falsedad documental.

En ellas aparecen denuncias originadas en verificaciones realizadas por la Universidad Nacional, sede Medellín, y el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).  

La polémica

La controversia comenzó a adquirir dimensión nacional después de que se conocieran documentos relacionados con un supuesto título de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, expedido presuntamente el 16 de noviembre de 2021.

La documentación atribuida a esa institución fue objeto de una solicitud de verificación presentada ante la Universidad Nacional por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), organismo encargado de ejercer funciones relacionadas con la matrícula profesional y la vigilancia del ejercicio de la ingeniería en Colombia.

La consulta fue recibida por la universidad el 16 de octubre de 2025 y respondida mediante una comunicación fechada el 23 de octubre del mismo año.
Después de revisar sus archivos físicos y digitales, la institución informó que no encontró registros que acreditaran a Luz Verónica Estrada Holguín como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín.

La universidad también desconoció la copia del registro de diploma presentada para la verificación y señaló que dicho documento no había sido expedido por la institución.

La comunicación anunció que los hechos serían puestos en conocimiento de las autoridades competentes para determinar si existió una posible falsedad documental.

Otro elemento de la controversia corresponde a las firmas que aparecen en el diploma cuestionado. Verónica Botero, quien ejercía como decana de la Facultad de Minas durante el periodo en el que presuntamente fue expedido el título, manifestó públicamente que la firma incorporada en el documento no correspondía a la suya.

Los cuestionamientos se extendieron a una tarjeta profesional que habría sido utilizada para acreditar la condición de ingeniera. El Copnia informó que no había expedido el documento atribuido a la representante, circunstancia que dio lugar a nuevas solicitudes para verificar la documentación presentada en diferentes actuaciones administrativas.

A las inconsistencias relacionadas con el supuesto título universitario se sumaron los hallazgos sobre el diploma de bachillerato que aparece a nombre de Estrada Holguín.

Según la documentación conocida, la congresista habría presentado un diploma de Bachiller de Media Técnica, especialidad Comercio, presuntamente expedido por la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, localizada en Caramanta, Antioquia.

El documento indica como fecha de graduación el 25 de noviembre de 2017 y hace referencia al Acta General de Graduación número 32, folio 29.

Sin embargo, al consultar los registros oficiales del establecimiento educativo, se encontró que el nombre de Estrada no aparecía entre los estudiantes incluidos en el acta correspondiente.

La institución educativa emitió un pronunciamiento en el que explicó que, después de verificar sus libros de registro y las actas de evaluación, no encontró evidencia de que la congresista hubiera terminado sus estudios de educación media en ese colegio.

El establecimiento precisó que Estrada estuvo vinculada durante 2017 como estudiante repitente del grado octavo y que posteriormente se registraron novedades relacionadas con su retiro y traslado.

La institución desconoció tanto el diploma como el acta de grado atribuidos al plantel y señaló que dichos documentos no correspondían a sus archivos oficiales.

Estas verificaciones institucionales forman parte de los antecedentes documentales del caso, aunque no sustituyen las investigaciones que deberán establecer quién elaboró los documentos cuestionados, cómo fueron utilizados y si existieron responsabilidades penales, disciplinarias o administrativas.

Las denuncias también se relacionan con un contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre Luz Verónica Estrada Holguín y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)

Según la denuncia presentada por la senadora Jennifer Pedraza, el contrato identificado con el número 00-050-2025 fue firmado el 12 de marzo de 2025, por un valor de 78 millones de pesos, con vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de ese año.

El objeto contractual comprendía actividades de apoyo a la Dirección General de la entidad en la elaboración de estudios, lineamientos y políticas relacionadas con el control y la fiscalización del sector minero.

De acuerdo con la documentación citada en la denuncia, para la contratación se exigía acreditar formación profesional en determinadas disciplinas, entre ellas Ingeniería de Minas, Ingeniería Ambiental, Geología, Economía, Derecho o Administración, además de experiencia profesional relacionada con las actividades contratadas.

La queja señala que, dentro de la documentación de idoneidad del proceso contractual, se registró un supuesto título de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia y experiencia profesional superior a dos años.

La denuncia pide determinar si los documentos aportados eran auténticos y si su utilización pudo incidir en la celebración del contrato.

Entre las inconsistencias señaladas aparece una diferencia cronológica entre las fechas que figuran en los documentos académicos. Mientras el diploma de bachillerato está fechado en noviembre de 2017, un certificado de calificaciones atribuido a la Universidad Nacional señalaría el inicio de estudios universitarios en agosto de 2016.

La denuncia también cuestiona las fechas y los números de identificación consignados en documentos relacionados con la matrícula profesional.

Estos elementos deberán ser contrastados por las autoridades con los registros originales de las instituciones educativas, los sistemas de contratación estatal y los organismos responsables de las matrículas profesionales.

La senadora Jennifer Pedraza presentó denuncias ante diferentes autoridades, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Las solicitudes incluyen la verificación de posibles conductas relacionadas con falsedad documental, utilización de documentos falsos y eventuales irregularidades en la contratación pública.

Las denuncias también solicitan establecer si funcionarios que participaron en los procedimientos de certificación, contratación y supervisión cumplieron las obligaciones correspondientes a sus cargos.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante el 19 de noviembre de 2026 por las presuntas irregularidades relacionadas con sus documentos académicos.

En el ámbito penal, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió cinco denuncias relacionadas con las credenciales académicas de Estrada. La información divulgada sobre esas actuaciones indica que corresponde a la corporación examinar los hechos y determinar si procede abrir una investigación formal.

En medio de estas actuaciones, la dirigencia del Pacto Histórico adoptó una posición pública frente a la permanencia de Estrada en el Congreso.

La Coordinación Nacional Provisional solicitó que la representante renuncie a su curul para asumir su defensa ante las instancias correspondientes, sin que esa petición suponga una decisión judicial o disciplinaria definitiva.

Posteriormente, la bancada de la colectividad en la Cámara respaldó el llamado y anunció que impulsará medidas para fortalecer los procedimientos de verificación de documentos académicos, experiencia laboral y antecedentes de sus integrantes.

El comunicado difundido por la bancada sostiene que no puede existir tolerancia frente a la utilización de documentos falsos para acceder a responsabilidades públicas.

Los representantes también manifestaron que las denuncias afectan la confianza de los electores de Antioquia y de los ciudadanos que esperan que quienes ejercen funciones estatales cumplan las exigencias legales y administrativas.

La comunicación establece que los procedimientos de revisión deben desarrollarse con transparencia y con respeto por las garantías de las personas involucradas.

La Comisión Nacional de Ética del partido fue convocada para el lunes 23 de noviembre, fecha en la que deberá abordar las denuncias y definir las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias y de las disposiciones internas de la organización política.

Además de la solicitud de renuncia, el comunicado propone que la Cámara de Representantes agilice la discusión del Proyecto de Ley 019 de 2026 Cámara, iniciativa destinada a crear un sistema de consulta pública de títulos académicos de educación superior.

El proyecto busca establecer mecanismos mediante los cuales los ciudadanos puedan verificar información sobre títulos otorgados por instituciones de educación superior y sobre las convalidaciones de estudios realizados en el exterior.

La iniciativa fue aprobada en primer debate por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el 13 de octubre de 2026 y quedó pendiente de continuar su trámite legislativo.

La propuesta contempla que el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) incorpore herramientas de consulta pública nominal de títulos académicos, con responsabilidades de las instituciones educativas en materia de autenticidad y certificación.

También asigna al Ministerio de Educación funciones relacionadas con el registro de los actos administrativos de convalidación de títulos extranjeros.
El proyecto pretende facilitar la comprobación de credenciales académicas y prevenir la utilización de documentos falsos en actividades profesionales y en procedimientos vinculados con el sector público.

Un elemento particular de la controversia es que Luz Verónica Estrada Holguín figura entre los congresistas autores del Proyecto de Ley 019 de 2026 Cámara, según el informe legislativo oficial de la Comisión Sexta.

La iniciativa, por tanto, cuenta entre sus autores con una representante cuyos propios documentos académicos se encuentran actualmente bajo cuestionamiento.

El texto aprobado en primer debate corresponde a una propuesta legislativa y no a una ley vigente. Para convertirse en norma deberá completar las etapas previstas en el procedimiento legislativo colombiano.

La bancada del Pacto Histórico manifestó que promoverá su inclusión en la agenda de la plenaria de la Cámara y reclamó que la iniciativa avance hacia las siguientes etapas de discusión.
El pronunciamiento también contempla nuevas medidas internas de control para los aspirantes a las elecciones de 2027.

Entre las propuestas aparece la verificación documental previa de títulos, experiencia laboral y antecedentes de quienes pretendan integrar las listas electorales del partido.

La colectividad plantea que estos controles se realicen antes de la inscripción de las candidaturas, con el propósito de comprobar la autenticidad de la información presentada por los aspirantes.

Otra de las iniciativas anunciadas consiste en promover normas que obliguen a verificar las credenciales académicas de servidores públicos y contratistas estatales.

También se contempla fortalecer los instrumentos internos para identificar y seleccionar dirigentes, así como revisar los procedimientos mediante los cuales se evalúan sus antecedentes y trayectorias.

La discusión sobre las medidas de control se extendió al interior de la bancada después de que cuatro congresistas del Pacto Histórico solicitaran la publicación y revisión de las hojas de vida y los documentos académicos y laborales de sus compañeros.

Laura Daniela Beltrán, Daniel Mauricio Monroy, Hernán Muriel y Walter Chaparro aparecen entre los representantes que promovieron una solicitud de verificación de las credenciales de los integrantes de la colectividad.

Los congresistas pidieron establecer mecanismos que permitan contrastar la información suministrada por quienes ocupan cargos de elección popular y determinar las consecuencias internas cuando se compruebe la presentación de datos falsos.

También reclamaron explicaciones sobre los controles utilizados para evaluar las credenciales de quienes participaron en los procesos de selección de candidatos.

Las solicitudes se produjeron mientras Estrada continuaba registrada en la página oficial de la Cámara de Representantes como integrante de la bancada del Pacto Histórico por Antioquia y miembro de la Comisión Segunda Constitucional Permanente.

La congresista llegó al Legislativo para el periodo 2026-2030 después de participar en los procesos políticos y electorales de la colectividad en Antioquia.

Su trayectoria pública había estado vinculada a asuntos mineros y ambientales, particularmente a las actividades desarrolladas en el suroeste antioqueño.

Estrada había presentado su experiencia en el sector minero como uno de los componentes de su perfil político y de su actividad relacionada con las comunidades de territorios donde se desarrollan actividades extractivas.

Durante su trayectoria política promovió propuestas relacionadas con la formalización de pequeños mineros, la protección de fuentes hídricas y las condiciones de las actividades mineras.

Su llegada a la Cámara se produjo después de participar en la consulta interna del Pacto Histórico de octubre de 2025, en la que obtuvo más de 7.000 votos, resultado que contribuyó a su ubicación en la lista electoral de la colectividad en Antioquia.

La controversia sobre sus credenciales académicas se conoció cuando ya ejercía funciones legislativas, participaba en actividades de control político y formaba parte de una de las comisiones constitucionales permanentes de la Cámara.

El hecho de que una persona no acredite un título profesional no constituye, por sí solo, una causal general de inhabilidad para ser representante a la Cámara, pues la Constitución no exige contar con un diploma universitario para ejercer ese cargo.

El artículo 177 de la Constitución Política establece como requisitos para ser elegido representante ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años en la fecha de la elección.

Sin embargo, la presentación de documentos falsos o la utilización de credenciales académicas inexistentes en actuaciones administrativas o contractuales puede dar lugar a investigaciones independientes, cuya procedencia y consecuencias dependen de las circunstancias comprobadas y de las normas aplicables.

Por esa razón, las autoridades deberán establecer qué documentos fueron presentados, ante cuáles entidades, en qué fechas y para qué actuaciones concretas.

También corresponderá determinar la autenticidad de los documentos cuestionados y establecer las eventuales responsabilidades individuales, sin confundir los hallazgos administrativos de las instituciones educativas con una sentencia judicial.

En cuanto a la curul, una eventual renuncia de Estrada deberá surtir los procedimientos constitucionales y reglamentarios correspondientes.

La solicitud formulada por su partido no produce automáticamente la pérdida de la investidura ni la separación de la representante de sus funciones.

La situación también exige distinguir entre una renuncia voluntaria, una sanción disciplinaria interna del partido, una decisión judicial y las consecuencias constitucionales que podrían derivarse de determinadas actuaciones penales.

La eventual provisión de la vacante dependerá de las reglas aplicables a las faltas absolutas de congresistas y de las circunstancias jurídicas existentes al momento de producirse.

En el caso de Estrada, la discusión sobre la continuidad de su representación se desarrolla paralelamente a las denuncias judiciales, las investigaciones disciplinarias y los procedimientos internos anunciados por el Pacto Histórico.

La bancada decidió respaldar públicamente su salida del Congreso y vincular el caso con una propuesta de revisión documental para sus futuros candidatos.

La posición adoptada quedó consignada en un comunicado que pide acelerar las investigaciones, llevar las denuncias ante la Comisión Nacional de Ética y promover la verificación de títulos académicos en el sector público.

Hasta el 20 de noviembre, las fuentes consultadas no permitían establecer que la congresista hubiera presentado formalmente su renuncia ni que existiera una sentencia penal que determinara su responsabilidad por los hechos denunciados.

La situación de Luz Verónica Estrada Holguín permanece, por tanto, sujeta a las actuaciones de las autoridades competentes y a las decisiones que adopten los organismos internos del Pacto Histórico.

El siguiente procedimiento anunciado por la colectividad será la sesión de su Comisión Nacional de Ética, convocada para el lunes 23 de noviembre, mientras continúan los cuestionamientos sobre la documentación académica y profesional atribuida a la representante por Antioquia.

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