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Gobierno de Abelardo de la Espriella retira decreto que flexibilizaba las corridas de toros en Colombia
Descarta modificar las restricciones a las corridas de toros tras polémica nacional.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella retiró el borrador de decreto que pretendía modificar las condiciones para la realización de corridas de toros en Colombia, mediante cambios que permitirían nuevamente el ingreso de menores de edad a los espectáculos taurinos, el uso de elementos de lidia como puyas, banderillas y estoques, y la modificación de las funciones de los veterinarios encargados de vigilar el bienestar de los animales.
La decisión se conoció este viernes después de que el documento, elaborado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fuera publicado para recibir comentarios ciudadanos y generara reacciones entre congresistas y organizaciones defensoras de animales.
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Mediante un comunicado de prensa fechado en Bogotá, la Presidencia de la República informó que el proyecto normativo fue retirado de la plataforma oficial y que no continuará su trámite administrativo.
Según el documento divulgado con membrete de la Presidencia, la propuesta no correspondía a una decisión adoptada por el Gobierno nacional ni a una instrucción impartida directamente por el presidente Abelardo de la Espriella.
La comunicación señala que la publicación se produjo antes de concluir las revisiones y coordinaciones entre las entidades responsables de su elaboración. Por esa razón, el Ejecutivo decidió suspender el procedimiento que habría permitido avanzar hacia la expedición de una nueva reglamentación.
La Presidencia también manifestó que la protección de los animales forma parte de los compromisos del Gobierno y reiteró que no existe una determinación presidencial dirigida a restablecer las corridas de toros en el territorio colombiano.
En el pronunciamiento, el Ejecutivo sostuvo que sus actuaciones estarán encaminadas al fortalecimiento de la protección animal y al respeto por la vida de los animales, sin desconocer la existencia de tradiciones culturales asociadas con los espectáculos taurinos.
El borrador retirado había sido presentado el jueves 19 de noviembre y contemplaba modificaciones a diez artículos del Decreto 0703 del 7 de julio de 2026, expedido durante la administración de Gustavo Petro para reglamentar las actividades taurinas en el período de transición establecido por la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé.
Entre los principales cambios figuraba la posibilidad de permitir nuevamente la asistencia de menores de edad a las plazas de toros, bajo determinadas condiciones de acompañamiento y participación.
La reglamentación vigente establece una prohibición expresa para el ingreso de personas menores de 18 años a las corridas de toros, rejoneos, novilladas, becerradas y tientas.
Igualmente, impide que los menores participen como toreros, banderilleros, rejoneadores, matadores, novilleros, aprendices o practicantes en las actividades reguladas por el decreto.
El proyecto retirado planteaba modificar estas restricciones y contemplaba disposiciones relacionadas con la participación de adolescentes desde los 14 años en determinadas actividades de la tauromaquia.
Otro de los cambios propuestos estaba relacionado con los instrumentos utilizados durante las corridas. La iniciativa buscaba modificar las condiciones aplicables a las puyas, banderillas y estoques, elementos tradicionalmente empleados durante las distintas etapas de la lidia.
El Decreto 0703 de 2026 contiene disposiciones destinadas a prevenir lesiones, sufrimiento y afectaciones a la integridad de los animales antes y durante los espectáculos taurinos.
Entre sus exigencias establece restricciones al uso de instrumentos que provoquen dolor, elementos puntiagudos y dispositivos eléctricos, además de medidas sanitarias para el transporte, manejo y permanencia de los animales en las plazas.
La propuesta de modificación contemplaba flexibilizar determinadas restricciones, particularmente las relacionadas con los elementos de lidia y los procedimientos utilizados durante los espectáculos.
También incluía modificaciones al papel de los profesionales veterinarios encargados de supervisar las condiciones de salud de los toros.
Actualmente, el artículo 3.2.3.2 del Decreto 0703 exige que los eventos taurinos cuenten con un equipo integrado por un mínimo de tres médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas y dos auxiliares veterinarios, con experiencia acreditada en la atención de bovinos y equinos.
Los profesionales deben supervisar el estado de salud de los animales desde su llegada al escenario hasta su salida, verificar las condiciones de manejo y elaborar registros clínicos individuales.
Además, el artículo 3.2.3.3 establece que deberá retirarse del espectáculo a un animal cuando presente lesiones físicas graves, comportamientos anormales o condiciones que, según el criterio clínico del equipo veterinario, representen sufrimiento extremo, agonía prolongada o un deterioro incompatible con las condiciones permitidas durante el período de transición.
El borrador presentado por los ministerios pretendía modificar ese procedimiento y limitar la facultad del equipo veterinario para determinar el retiro de los animales durante las corridas.
La propuesta también contemplaba cambios en los requisitos que deben cumplir los organizadores para acreditar la tradición taurina de los municipios donde se realizan estos espectáculos.
La normativa vigente exige demostrar que las corridas y demás actividades taurinas corresponden a una tradición regular, periódica e ininterrumpida, sustentada mediante documentos administrativos y soportes sobre su realización desde 2010.
Asimismo, establece que los espectáculos solamente pueden efectuarse en los lugares y durante las fechas en que tradicionalmente se han celebrado, sin extenderse a otros municipios, escenarios o períodos del año.
El proyecto del Gobierno de De la Espriella proponía modificar las condiciones de acreditación de esa continuidad y los mecanismos mediante los cuales las autoridades territoriales autorizan los eventos.
La publicación del documento provocó pronunciamientos de congresistas vinculados con la defensa de los animales, entre ellos la senadora Andrea Padilla Villarraga, quien celebró su retiro.
A través de su cuenta en X, la congresista destacó el anuncio de la Presidencia y señaló que las disposiciones vigentes para regular los espectáculos taurinos permanecerán sin las modificaciones que contemplaba el borrador.
“Bien”, expresó Padilla al referirse al pronunciamiento gubernamental, tras lo cual manifestó su satisfacción por la continuidad de las medidas existentes en materia de protección animal.
La senadora también afirmó que el Gobierno había fijado una posición sobre esta materia y pidió que los compromisos relacionados con el bienestar de los animales se traduzcan en actuaciones concretas e inversión pública.
“¡Sin mezquindades y sin sectarismos por los animales!”, escribió la congresista al finalizar su publicación.
La controversia ocurrió cuando faltan ocho meses para que entre en vigor la prohibición nacional de las corridas de toros establecida en la Ley 2385 del 22 de julio de 2024.
Esta legislación, aprobada por el Congreso de la República y sancionada durante el Gobierno de Gustavo Petro, ordenó eliminar progresivamente las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en Colombia.
La norma estableció un período de transición de tres años, contado desde su entrada en vigor, antes de la aplicación definitiva de la prohibición, fijada para el 22 de julio de 2027.
Durante ese plazo, las autoridades territoriales pueden autorizar determinados espectáculos taurinos únicamente cuando cumplan las condiciones legales relacionadas con la tradición de la actividad, los lugares de celebración y las exigencias de bienestar animal.
La legislación también prohíbe que las administraciones municipales y departamentales destinen recursos públicos para construir instalaciones o financiar estas actividades durante el período transitorio.
Por otra parte, la Ley No Más Olé contempla medidas de reconversión laboral para las personas que dependen económicamente de la tauromaquia, así como disposiciones relacionadas con la transformación de los escenarios utilizados para estos espectáculos.
En septiembre de 2025, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-374, respaldó la constitucionalidad de la prohibición y examinó los argumentos relacionados con la protección de las manifestaciones culturales, la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos económicos de quienes trabajan en el sector taurino.
El alto tribunal determinó que la prohibición legislativa resulta compatible con la Constitución y precisó que las actividades taurinas autorizadas durante el período de transición deben cumplir los estándares de bienestar y protección animal.
La Corte también señaló que la potestad reglamentaria del Gobierno y las facultades de las autoridades territoriales deben ejercerse dentro del marco establecido por el Congreso, sin alterar la fecha de aplicación de la prohibición.
Adicionalmente, declaró inexequible la exclusión de los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos que contemplaba la Ley 2385, aunque difirió los efectos de esa decisión durante tres años para permitir los correspondientes procesos de reconversión laboral y cultural.
Posteriormente, el 7 de julio de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0703, que desarrolló las condiciones administrativas, sanitarias y de protección animal aplicables a las actividades taurinas durante el último año de transición.
La reglamentación incorporó disposiciones sobre autorización de espectáculos, acreditación de tradición taurina, transporte de animales, controles veterinarios, participación de menores de edad y mecanismos de vigilancia de las autoridades territoriales.
El Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Ambiente presentaron oficialmente estas medidas el 17 de julio de 2026, cuando informaron sobre las nuevas condiciones para desarrollar los eventos taurinos antes de la entrada en vigor de la prohibición nacional.
Con el retiro del borrador conocido el 19 de noviembre, no se materializaron los cambios planteados por las dos carteras ministeriales.
En consecuencia, el Decreto 0703 de 2026 continúa siendo la reglamentación aplicable a los espectáculos taurinos durante el período de transición, junto con las disposiciones de la Ley 2385 de 2024 y las decisiones de la Corte Constitucional.
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