Alerta por conflicto en Bajo Cauca Antioqueño: desplazamientos y ataques con drones

La Defensoría del Pueblo advirtió la situación que enfrenta el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre, Antioquia, que se ha convertido en una de las principales expresiones de la disputa que actualmente sostienen las disidencias de Calarcá del Bloque Magdalena Medio y el Clan del Golfo, autodenominado EGC por el control territorial, los corredores estratégicos y las rentas ilegales que se generan en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y las zonas limítrofes del nordeste antioqueño.

Según la Defensoría, durante los últimos meses se ha registrado una escalada de las hostilidades con graves impactos sobre la población civil.

Entre enero y mayo de 2026, hemos documentado al menos dos eventos de confinamiento y cinco de desplazamiento forzado masivo, además de amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, afectaciones a bienes civiles y ataques con drones y explosivos en veredas como Bocas de Chicamoqué, El Socorro y La Ahumada.

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La recurrencia y gravedad de estos hechos evidencian un progresivo agravamiento de la situación humanitaria y de derechos humanos en el territorio.

Hemos conocido también reportes sobre el uso recurrente de sistemas aéreos no tripulados (Drones) adaptados para el lanzamiento o activación de artefactos explosivos en el marco de la confrontación armada.

De acuerdo con la información recopilada, estos medios y métodos de combate han generado afectaciones sobre viviendas, infraestructura comunitaria y otros bienes de carácter civil, incrementando los riesgos para la población que habita en las zonas de confrontación.

Recientemente se registraron enfrentamientos y afectaciones asociadas al uso de estos artefactos en las veredas Santa Isabel de Amará y Montefrío, del municipio de Segovia (Antioquia), territorios limítrofes con Puerto López.

En la vereda Santa Isabel de Amará, la explosión de uno de estos artefactos ocasionó la muerte de caballos y reses pertenecientes a familias de la región, afectando bienes indispensables para sus medios de subsistencia.

La recurrencia de estos hechos evidencia una preocupante ampliación de las afectaciones derivadas de las hostilidades sobre la población civil y los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

El empleo de medios y métodos de combate en áreas donde habita población civil exige la adopción de todas las precauciones factibles para evitar o, al menos, reducir al mínimo los daños incidentales sobre personas y bienes de carácter civil.

La afectación de viviendas, infraestructura comunitaria, animales destinados al sustento de las familias campesinas y otros bienes indispensables para la supervivencia de la población agrava la situación humanitaria y profundiza las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades rurales.

A esta situación se suma el retiro de la Policía Nacional del corregimiento de Puerto López durante el mes de marzo de 2026, circunstancia que ha profundizado la percepción de desprotección de las comunidades y ha limitado la capacidad de respuesta institucional frente a los hechos de violencia y control territorial ejercidos por los actores armados ilegales.

Durante 2026, se han registrado un total de 14 desplazamientos forzados masivos en Antioquia en los municipios de El Bagre, Briceño, Segovia, Remedios, Anorí y Yondó; y en el departamento de Bolívar en los municipios de Río Viejo y Arenal, dejando más de 2.400 personas afectadas. 

Adicionalmente, hemos documentado seis eventos de confinamiento en El Bagre, Briceño, Segovia y Remedios del departamento de Antioquia, y en Norosí y Santa Rosa del Sur del departamento de Bolívar, que han restringido la movilidad de más de 7.700 personas.

Ante este panorama, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Nacional de Protección, la Fuerza Pública y demás entidades competentes para que adopten medidas integrales, oportunas y coordinadas de prevención, protección y atención humanitaria que permitan salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de las comunidades afectadas, así como restablecer las condiciones de seguridad y garantía de derechos en el corregimiento de Puerto López y su área de influencia.

Finalmente, exhortamos al Ministerio del Interior para que convoque y active el Subcomité Nacional de Prevención y Protección del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de articular las acciones en materia de prevención en materia de violaciones de derechos humanos en el Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño.

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