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Abelardo de la Espriella exige investigar presuntas interceptaciones ilegales tras señalamientos de Petro
El candidato presidencial pidió a la Fiscalía determinar si el Gobierno espía sus comunicaciones luego de que el mandatario aludiera a informes de inteligencia.
La campaña presidencial en Colombia entró en una fase de alta tensión este domingo 5 de abril, luego de que el abogado y candidato Abelardo de la Espriella exigiera una investigación penal para determinar si sus comunicaciones están siendo interceptadas ilegalmente por el Gobierno Nacional. La controversia surgió tras una publicación del presidente Gustavo Petro en la red social X, donde afirmó poseer "informes de inteligencia" sobre supuestos diálogos entre el aspirante y directivos de la firma Thomas Greg & Sons.
En su mensaje, el jefe de Estado vinculó a De la Espriella con presuntas maniobras para recuperar el contrato de pasaportes a cambio de beneficios electorales. Ante esto, el candidato de la oposición negó conocer a los empresarios mencionados y retó al mandatario a presentar pruebas. "Si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres", manifestó De la Espriella, quien además cuestionó la transparencia del sistema de inteligencia estatal a escasos dos meses de la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo.
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El sector de la oposición ha cerrado filas en torno al candidato. Paloma Valencia, también aspirante a la presidencia, emitió una carta abierta exigiendo garantías reales y preguntando si las entidades del Estado están realizando seguimientos sin orden judicial. Por su parte, el partido Salvación Nacional y miembros estratégicos de la campaña de De la Espriella solicitaron el acompañamiento de la comunidad internacional para asegurar la transparencia en el debate electoral, donde el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera actualmente las encuestas.
Juristas y exfuncionarios han señalado que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no tiene facultades para realizar interceptaciones a actores políticos, labor que corresponde exclusivamente a la Policía bajo autorización de la Fiscalía y un juez de garantías. Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha ofrecido detalles técnicos ni jurídicos que sustenten el origen de la información compartida por el presidente Petro, mientras crece la presión sobre los organismos de control para que den claridad a este episodio de presuntas "chuzadas".
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