Dos escoltas acreditados por empresa de seguridad fueron capturados por asesinato de periodista Mateo Pérez

La captura de John Edison Chalá Torrejano, conocido por las autoridades con el alias de Víctor Chalá, continúa generando nuevas líneas de investigación luego de que se conociera que dos de las personas detenidas junto a él ejercían labores de escolta y contaban con acreditaciones vigentes expedidas por una empresa privada de seguridad.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Fiscalía General de la Nación el pasado 13 de junio en el peaje de Flandes, ubicado en el departamento del Tolima, donde las autoridades interceptaron una camioneta en la que se movilizaba el presunto integrante de una estructura armada ilegal junto con otras cinco personas.

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La relevancia del caso aumentó debido a que Chalá es señalado por organismos judiciales como uno de los presuntos responsables del asesinato del periodista Mateo Pérez, crimen ocurrido en el municipio de Briceño, Antioquia.

A ello se suma que dos de los hombres que lo acompañaban figuraban como escoltas acreditados por una compañía legalmente constituida, circunstancia que ahora hace parte de las investigaciones.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, durante la diligencia fueron halladas cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores para armamento, 115 cartuchos de munición, siete teléfonos celulares y cerca de 33 millones de pesos en efectivo.

Las autoridades procedieron a la captura de todos los ocupantes del vehículo, quienes quedaron a disposición de la justicia para responder por los hechos que actualmente son objeto de investigación.

Entre los detenidos figuran Wilfredo Hernández Botina, conocido como alias el Indio; Diego Alejandro Bernal Hernández; Luis Felipe Morales Cataño; César Augusto Lara Alvarado; Óscar Javier Antolínez, y el propio John Edison Chalá Torrejano.

Según la información recopilada por los investigadores, Chalá se desplazaba acompañado por estas personas cuando fue interceptado por los funcionarios judiciales en el corredor vial del Tolima.

Dos capturados tenían acreditaciones vigentes como escoltas privados

Dentro del grupo de detenidos, las autoridades identificaron a César Augusto Lara Alvarado y Óscar Javier Antolínez como personas que mantenían acreditaciones vigentes para desempeñarse como escoltas privados.

Ambos aparecían vinculados a Eagle American de Seguridad, una empresa registrada en la ciudad de Cúcuta desde el año 2009 y autorizada para prestar servicios de vigilancia y protección privada.

La Fiscalía estableció que los dos hombres se encontraban brindando seguridad a alias Víctor Chalá en el momento del procedimiento. Esta circunstancia llevó a que fueran vinculados a la investigación relacionada con el armamento encontrado durante el operativo.

De acuerdo con el expediente judicial, aunque los escoltas contaban con acreditaciones para desarrollar actividades de protección, no disponían de la autorización requerida para portar las armas que fueron halladas durante la diligencia adelantada por las autoridades.

Imputaciones por porte ilegal de armas y concierto para delinquir

Tras la captura, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a los seis detenidos y formuló cargos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Adicionalmente, el ente acusador atribuyó el delito de concierto para delinquir a John Edison Chalá Torrejano y a Wilfredo Hernández Botina, al considerar que existirían elementos que los vincularían con actividades desarrolladas por organizaciones armadas ilegales.

Las decisiones judiciales adoptadas posteriormente establecieron medidas de aseguramiento para los implicados mientras avanzan las investigaciones y se recopilan nuevos elementos probatorios.

En el caso de los dos escoltas acreditados, la justicia ordenó que cumplieran medida de aseguramiento en sus lugares de residencia. Ambos permanecen en la ciudad de Ibagué mientras se resuelve su eventual traslado hacia otras jurisdicciones donde cursan actuaciones judiciales relacionadas con el proceso.

Investigación apunta a posibles vínculos entre servicios de protección y desplazamientos de Chalá

Las pesquisas adelantadas por los organismos judiciales buscan establecer las circunstancias bajo las cuales se prestó el servicio de protección a alias Víctor Chalá.

Información conocida durante el desarrollo de la investigación indica que los escoltas habrían sido contratados para acompañar los desplazamientos del hoy capturado en trayectos realizados entre los departamentos de Antioquia y Caquetá.

De igual forma, la Fiscalía analiza versiones según las cuales algunas armas habrían sido suministradas mediante mecanismos de alquiler.

Este aspecto hace parte de las verificaciones que actualmente adelantan los investigadores para determinar responsabilidades y eventuales irregularidades.

Las autoridades buscan establecer si existieron incumplimientos a la normatividad que regula el uso de armamento y la prestación de servicios de seguridad privada en el país.

Empresa de seguridad aparece nuevamente en una investigación relacionada con un crimen contra un periodista

El nombre de Eagle American de Seguridad no surge por primera vez dentro de actuaciones judiciales relacionadas con hechos de alto impacto.

La empresa ya había sido mencionada en diligencias asociadas al asesinato del periodista Jaime Vásquez, ocurrido el 14 de abril de 2024 en la ciudad de Cúcuta.

Dentro de ese proceso judicial fue mencionado Julio César Casas Pacheco, representante legal de la compañía, situación que llevó a que la firma apareciera en expedientes relacionados con investigaciones de interés nacional.

Sin embargo, la defensa de la empresa ha sostenido que la organización actuó dentro del marco legal y que desconocía las circunstancias que rodeaban la prestación del servicio de escolta a alias Víctor Chalá.

Cristian Camilo Rico, abogado de Eagle American de Seguridad, manifestó que los dos hombres detenidos sí se encontraban acreditados por la compañía para ejercer funciones de protección.

No obstante, aseguró que estos no informaron a la empresa que prestarían servicios de seguridad a John Edison Chalá Torrejano.

Según la versión entregada por el jurista, la compañía habría actuado como tercero de buena fe y no habría tenido conocimiento de las condiciones particulares bajo las cuales se desarrolló la actividad de escolta.

El abogado también señaló que la Fiscalía logró identificar a la persona que habría contactado a los escoltas para realizar el trabajo de protección.

Entre tanto, las investigaciones continúan para determinar la cadena de contratación y establecer quiénes participaron en la organización logística que permitió el desplazamiento de Chalá por distintas regiones del país.

Fiscalía relaciona a Chalá con actividades extorsivas en el Huila

Paralelamente, las autoridades sostienen que John Edison Chalá Torrejano tendría vínculos con actividades de extorsión ejecutadas en varias poblaciones del departamento del Huila.

Las investigaciones lo ubican presuntamente operando en municipios como Neiva, Villavieja, Baraya, Tello, Fortalecillas y Aipe, donde comerciantes, transportadores y habitantes habrían sido víctimas de exigencias económicas ilegales.

Según la Fiscalía General de la Nación, Chalá habría desempeñado un papel dentro del frente Darío Gutiérrez, estructura perteneciente a las disidencias de las Farc con presencia en esa región del país.

Los investigadores sostienen que su actividad dentro de dicha organización se habría extendido entre los años 2023 y 2025.

Juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario

Luego de evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, un juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra alias Víctor Chalá.

La decisión judicial se fundamentó en los indicios recopilados por los organismos de investigación, así como en los hallazgos efectuados durante el operativo que permitió su captura.

Con esta determinación, Chalá continuará vinculado al proceso penal mientras la Fiscalía avanza en la recopilación de pruebas relacionadas tanto con el presunto homicidio del periodista Mateo Pérez como con las actividades extorsivas y demás conductas delictivas que le son atribuidas.

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