Colombia ante nueva frontera: beneficios económicos del restablecimiento democrático en Venezuela

En la frontera, la economía suele contarse con sonidos: el golpe metálico de las láminas en las bodegas, el motor de los camiones que vuelven a hacer fila, los acentos mezclados en los mostradores donde se pregunta por precio, por cupo, por tasa.

Desde la reapertura del paso de carga en 2022, esa franja volvió a moverse de manera gradual, pero todavía por debajo de lo que fue durante los años en que Colombia y Venezuela funcionaban como un mercado casi continuo.

Lo que cambió en enero de 2026 —con la captura de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos el 3 de enero, no es, por sí solo, un “milagro” económico automático.

Es, más bien, la apertura de una posibilidad: si esa sacudida desemboca en un restablecimiento institucional y en reglas estables de juego en Venezuela, Colombia puede capturar beneficios económicos que hoy están contenidos por la incertidumbre política, la informalidad y los riesgos de seguridad.

El primer beneficio, el más inmediato y medible, es el comercio legal. Aun con una relación bilateral todavía frágil, las cifras muestran que el intercambio ha venido creciendo.

La Cámara Colombo Venezolana han registrado que entre enero y octubre de 2025 las exportaciones de Colombia hacia Venezuela sumaron alrededor de US$875,5 millones FOB, con incrementos de dos dígitos frente al mismo periodo del año anterior, y una balanza superavitaria para Colombia.

En 2024, un informe oficial del Ministerio de Comercio (presentado al Congreso) ubicó las exportaciones colombianas a Venezuela en US$1.003,58 millones, con señales de diversificación en la canasta exportadora.

En paralelo, Analdex recordó que, aunque 2023 fue el mayor nivel desde 2016, seguía lejos de los promedios de los años 2000–2015, cuando el comercio rondaba los US$3.100 millones FOB.

Esa distancia es clave: sugiere que el potencial no está agotado; está represado por el entorno.

La “democracia” en este contexto no es una palabra abstracta: para un empresario que decide si manda mercancía a San Cristóbal o a Maracaibo, significa aduanas previsibles, pagos que llegan, un sistema financiero que opera sin sobresaltos, contratos ejecutables, y autoridades que no cambian las reglas por decreto o por arbitrariedad.

Si una transición venezolana logra recomponer confianza —y, sobre todo, normalizar el funcionamiento del Estado— Colombia se beneficiaría con un salto en el comercio formal que hoy se va por rutas informales o se frena por riesgo.

En la práctica, eso se traduce en más demanda para industrias colombianas que ya están presentes en esa relación: alimentos y bebidas, químicos, plásticos y una lista amplia de partidas, según los reportes de la Cámara.

También implica más empleo y servicios asociados a la cadena logística del lado colombiano: transporte, bodegaje, seguros, agencias de aduana, puertos secos, y el tejido de pequeñas empresas que vive del tránsito fronterizo.

Hay un segundo beneficio que no siempre se ve en los titulares: la formalización y el reordenamiento de la economía de frontera.

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Cuando el comercio legal crece y la institucionalidad se fortalece, el incentivo relativo de la economía informal y de las rentas ilegales tiende a bajar.

Eso no elimina, por arte de magia, a las redes criminales; pero sí puede reducir su capacidad de “administrar” pasos, imponer cobros y capturar parte del valor de la circulación de bienes y personas.

En otras palabras: una Venezuela que se estabiliza y coordina con sus vecinos le quita oxígeno a la frontera como corredor de extorsión y contrabando.

La noticia de que, tras la salida de Maduro, se iniciaron liberaciones de presos políticos y se abrió un debate internacional sobre transición también marca que lo que viene será una disputa por el control real del territorio y de las instituciones; de esa disputa depende qué tan rápido Colombia siente el alivio en costos de seguridad y en confianza empresarial.

El tercer beneficio es migratorio y, por extensión, fiscal y de productividad. Colombia ha sido el principal receptor de población venezolana desplazada por la crisis. ACNUR ha documentado que millones de venezolanos han salido del país en la última década y que la región —y Colombia en particular— ha asumido buena parte de ese impacto.

En el corto plazo, una transición democrática realista no implica un retorno masivo inmediato: la gente vuelve cuando hay seguridad, ingresos y servicios. Sin embargo, el cambio institucional puede empezar a modificar el flujo: menos salida por desesperación, más movilidad circular (ir y volver), más reunificación familiar y, en algunos casos, retorno.

Para Colombia, eso tiene dos efectos posibles y complementarios: 1) reduce presiones sobre territorios que han recibido altos volúmenes de población en situación de vulnerabilidad; y 2) mejora la dinámica económica binacional porque una diáspora regularizada es puente de consumo, emprendimiento, comercio y remesas, no solo una estadística humanitaria.

La OIM, por ejemplo, ha medido aportes económicos de población venezolana y su impacto en economías receptoras, subrayando que la inclusión laboral y la formalización aumentan el valor agregado que esa población genera.

Si Venezuela se estabiliza, Colombia puede pasar de gestionar una emergencia prolongada a capitalizar una relación laboral y empresarial transfronteriza más ordenada, donde el movimiento de personas responda menos al colapso y más a oportunidades.

El cuarto beneficio es la inversión y la integración productiva. Venezuela, con instituciones más confiables, podría reactivar proyectos de infraestructura, servicios públicos y recomposición industrial que requieren insumos, maquinaria y know-how que Colombia puede proveer con ventajas logísticas naturales.

No es casual que, aun en escenarios incompletos de normalización, ya haya señales como aumento del uso aduanero por Cúcuta y fortalecimiento del corredor comercial formal.

Una transición democrática también suele abrir la puerta —si se alinea con acuerdos internacionales— a mayor financiamiento multilateral y cooperación para reconstrucción, lo que se convierte en demanda para bienes y servicios exportables: ingeniería, materiales, alimentos procesados, farmacéuticos, autopartes, tecnología, y servicios profesionales.

El beneficio para Colombia no depende solo de vender más, sino de vender con menos riesgo: cobrar, asegurar y planear a mediano plazo.

El quinto beneficio está en energía y transporte, no tanto como promesa inmediata sino como horizonte.

Venezuela posee una infraestructura petrolera y de refinación deteriorada, y cualquier reactivación ordenada —con reglas y supervisión— reconfigura flujos regionales y puede impactar costos de combustibles, logística y conectividad.

En paralelo, la normalización política facilita lo que hoy es intermitente o limitado: rutas aéreas, transporte de carga y acuerdos operativos.

Bloomberg Línea, al hacer balance de la reapertura, destacaba que el comercio ha venido al alza y que ya existían varias aerolíneas conectando ambos países de forma directa.

Si ese entramado se consolida, Colombia gana en competitividad: menos tiempos muertos, más rutas, más turismo de negocios, más cadenas de suministro regionales.

Todo lo anterior, sin embargo, depende de una condición que en enero de 2026 aún es incierta: que la caída de Maduro se traduzca en una transición democrática conducida por venezolanos, con elecciones creíbles, reinstitucionalización y control efectivo del orden público.

La Unión Europea, por ejemplo, ha insistido en que cualquier restauración democrática debe respetar la voluntad popular y el marco del derecho internacional, en un contexto donde el método de salida del poder ha sido altamente controversial.

Para Colombia, ese matiz importa porque la estabilidad económica no se construye solo con un cambio de nombre en el Palacio de Miraflores, sino con la capacidad de que el Estado venezolano vuelva a funcionar sin arbitrariedad: tribunales, aduanas, policía, sistema tributario, bancos, y un mínimo consenso social. Incluso los movimientos iniciales —como liberaciones de presos políticos anunciadas por autoridades venezolanas tras la captura de Maduro— pueden ser señales positivas, pero todavía parciales, en medio de tensiones internas.

En términos estrictamente económicos, el beneficio mayor para Colombia se resume en una frase: reducir incertidumbre para ampliar mercado. Venezuela fue, durante años, uno de los destinos naturales de la industria colombiana; la frontera fue una zona de producción y consumo, no solo una línea de crisis.

Si el restablecimiento democrático se materializa en instituciones estables, Colombia tiene la oportunidad de recuperar parte de ese ecosistema con reglas más claras, más comercio formal, más inversión y menos costos de seguridad.

En la frontera, ese cambio no se mide en discursos sino en rutinas: el camión que cruza sin “peajes” ilegales, el pago que llega a tiempo, el empleo que vuelve a abrir en la bodega, la familia que ya no se va forzada sino que decide si se queda, si retorna, o si hace empresa a ambos lados.

Esa es la crónica económica que podría empezar a escribirse si la democracia venezolana deja de ser promesa y se convierte —por fin— en sistema.

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