Aremca: historia de una red de corrupción que desvío cerca de medio billón de pesos de las regalías

La Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), se suponía que era  una entidad creada para agrupar municipios del Caribe colombiano con el objetivo de coordinar proyectos regionales y gestionar recursos públicos para obras de desarrollo.

Su origen se remonta a 1995, cuando funcionaba como Asobamag, y desde 2003 adoptó su actual denominación.

Está integrada por municipios de departamentos como Bolívar, Atlántico y Magdalena, en su mayoría de categorías bajas, lo que la convierte en una figura clave para la ejecución de proyectos financiados con recursos estatales.

Sin embargo, en los últimos años, la entidad pasó de ser un mecanismo de articulación territorial a convertirse en el centro de uno de los escándalos más relevantes por presunta corrupción en el manejo de recursos del Sistema General de Regalías.

Aremca fue beneficiaria de decenas de contratos y convenios con alcaldías, gobernaciones e incluso ministerios, en muchos casos sin cumplir los requisitos legales exigidos para ejecutar esos recursos que se dilapidaron en dos etapas.

Primera etapa

De acuerdo con información revelada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y recogida en investigaciones judiciales, entre 2022 y 2023 se le asignaron al menos 43 proyectos financiados con regalías por un monto superior a 286.000 millones de pesos.

Estos recursos estaban destinados a obras de infraestructura como alcantarillados, rellenos sanitarios y mejoramientos rurales en departamentos como Arauca, San Andrés, Córdoba, Sucre, Magdalena y La Guajira.

El problema central radica en que Aremca no estaba inscrita en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (Reat), requisito indispensable para administrar este tipo de recursos públicos.

Esta omisión habría implicado la violación de normas de contratación estatal y podría derivar en nulidades administrativas y responsabilidades penales para los funcionarios que autorizaron la asignación de los contratos.

Las irregularidades también incluyen la adjudicación directa de contratos sin procesos de licitación pública, lo que habría permitido direccionar recursos sin competencia ni controles efectivos.

De hecho, varios proyectos no se ejecutaron o quedaron en el papel, pese a que los recursos fueron comprometidos, lo que ha sido descrito como un posible esquema de desvío de dineros públicos.

El caso ha puesto bajo la lupa no solo a Aremca, sino también a entidades del orden nacional como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que tenía funciones de supervisión sobre los proyectos financiados con regalías.

Las autoridades investigan si hubo omisiones en el control y vigilancia que facilitaron la entrega de recursos a una entidad que no cumplía los requisitos legales.

Frente a este panorama, la Fiscalía General de la Nación ha adoptado varias decisiones en el marco de las investigaciones.

La inicial, el allanamiento realizado el 16 de julio de 2025 a la sede de Aremca en Barranquilla, en una operación liderada por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Durante este procedimiento, los investigadores recolectaron documentos físicos y digitales con el fin de avanzar en varias líneas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación pública y el posible uso indebido de recursos de regalías.

El objetivo central ha sido establecer si se configuraron delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato o posibles actos de corrupción administrativa.

Segunda etapa

Con el avance de las investigaciones, esta semana se concretaron decisiones, de un caso que era un secreto a voces en los pasillos de la contratación, de los negocios sucios y de la política.

Con un modus operandi con similitudes con el carrusel de la contratación en Bogotá, los dineros de la paz o el más reciente los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, entre otros.

La Fiscalía General de la Nación investiga lo que ha calificado como el mayor escándalo de corrupción reciente en el país, un entramado que gira alrededor de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), señalada de direccionar contratos en al menos 12 departamentos y desviar cerca de 496.000 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías a través de convenios con entidades territoriales y organismos del orden nacional.

El caso, que ya deja nueve capturas, se consolidó tras múltiples diligencias de inspección en las que, según el ente acusador, los directivos de la entidad ocultaron información clave, entregaron datos inconsistentes y habrían intentado desviar la atención de los investigadores.

Los capturados son Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.

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Por ello, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los
delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad
ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.

De acuerdo con la investigación, Aremca habría direccionado más de un centenar de contratos financiados con regalías que, en muchos casos, no se ejecutaron pese a haber sido pagados, lo que configura un posible esquema de apropiación de recursos públicos mediante convenios interadministrativos.

Las irregularidades no se limitarían al nivel territorial. Durante las audiencias, la Fiscalía reveló que entidades del Gobierno nacional también suscribieron convenios con Aremca, entre ellas el Ministerio de Ambiente en 2025 y 2026, y el Departamento de Prosperidad Social en 2025.

Además, se documentaron desembolsos realizados por el Departamento Nacional de Planeación bajo la figura de anticipos que, según el expediente, terminaron en manos de los hoy procesados.

A estos se suma un convenio adicional identificado con el Ministerio de Agricultura.

Las maniobras

El expediente describe maniobras orientadas a ocultar evidencia. En una diligencia de allanamiento realizada en julio de 2025, investigadores incautaron computadores, discos duros, memorias USB y múltiples soportes digitales que contenían propuestas contractuales.

En esa misma intervención se dejó constancia de posibles actos de obstrucción a la justicia y ocultamiento de documentos públicos, luego de que, según la Fiscalía, la entidad negara reiteradamente el acceso a información en al menos cuatro inspecciones previas realizadas entre diciembre de 2024 y junio de 2025.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la existencia de una caleta dentro de la sede de Aremca, ubicada cerca de la cocina, en la que se encontraron carpetas con acuerdos, documentos contractuales y un sistema de grabación digital cuyos conectores habían sido cortados.

Este equipo había sido reportado previamente como robado, lo que llevó a los investigadores a considerar que se trataba de un hurto simulado para ocultar información.

La Fiscalía también sostiene que la organización habría presentado información falsa sobre su red de proveedores.

En respuesta a requerimientos oficiales, Aremca entregó cerca de 350 certificaciones supuestamente generadas por un software que, según el ente acusador, no existe, lo que refuerza la hipótesis de falsificación documental dentro del esquema investigado.

Rol de los implicados

El origen de la investigación se remonta a una denuncia pública que advertía sobre la expedición de un decreto en Arauca que permitió a Aremca ejecutar proyectos con recursos de regalías, presuntamente vulnerando los principios de la contratación estatal y facilitando adjudicaciones directas.

A partir de allí, las autoridades identificaron una estructura que habría operado a nivel nacional, canalizando recursos a través de convenios sin procesos de selección objetiva.

Entre los capturados se encuentran directivos clave de la asociación, como su representante legal Emilia Álvarez Guerrero, señalada por no atender los requerimientos de la Fiscalía durante el proceso investigativo, y Gustavo Bolaños Pastrana, también vinculado a la dirección de la entidad.

Asimismo, fue detenida Liliana Urán Germán, coordinadora financiera, quien habría entregado versiones inconsistentes sobre el manejo contable, asegurando que la información se encontraba en sistemas que no registraban datos verificables.

Dentro de la estructura también aparece Alfredo Ballestas, quien se desempeñaba como asesor jurídico de Aremca, y que ha defendido la legalidad de las actuaciones de la entidad.

Conexión con la UNGRD

Las investigaciones también han puesto en la mira la posible conexión entre este caso y el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Corte Suprema de Justicia analiza información contenida en dispositivos electrónicos que vincularían a contratistas relacionados con Aremca, como Camilo Ernesto Díaz Carrillo, representante de un consorcio encargado de ejecutar un proyecto de relleno sanitario por 20.000 millones de pesos con recursos de regalías.

De hecho, la Fiscalía analiza un vínculo con María Alejandra Benavides, asesora y posterior delatora del procesado ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Mientras avanza la audiencia de imputación de cargos y se define la jurisdicción en la que continuará el proceso, la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación que incluyen el rastreo de transferencias a empresas proveedoras y la verificación de su posible participación en el entramado.

El caso, que involucra contratos en departamentos como Arauca, Córdoba, San Andrés, Casanare, Caldas, Caquetá, Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Santander y Bogotá, perfila una operación de alcance nacional que, según el ente acusador, habría utilizado la figura de los convenios interadministrativos para evadir controles y apropiarse de recursos públicos destinados a proyectos de desarrollo.

La dimensión del expediente y el número de entidades comprometidas han llevado a la Fiscalía a considerar este proceso como un caso emblemático de corrupción sistémica, cuyo desenlace podría redefinir los mecanismos de control sobre la ejecución de recursos de regalías en Colombia. El caso apenas comienza y sin duda comenzarán a aparecer políticos en escena.

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