General Erick Rodríguez sería retirado de las FF.MM tras denunciar carnetización de campesinos por disidencias

El general Erick Rodríguez, quien actualmente se desempeña como subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, estaría próximo a salir de la institución por decisión del Gobierno nacional, según información conocida a través de fuentes de alto nivel consultadas por distintos medios de comunicación.

La posible desvinculación del oficial se produce en medio de la controversia generada por unas declaraciones realizadas semanas atrás en el departamento del Meta, donde se refirió a la situación de seguridad en varias regiones del país y al papel que estarían desempeñando las disidencias de las antiguas Farc en territorios rurales, particularmente en el contexto previo a las próximas jornadas electorales.

De acuerdo con la información conocida, la decisión habría sido impulsada desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa, aunque hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme las razones del eventual retiro del alto oficial ni la fecha en que se haría efectiva la medida.

Declaraciones sobre presencia armada en regiones rurales

La controversia tiene origen en una intervención pública realizada por el general Rodríguez el pasado 17 de mayo, cuando expuso información relacionada con la presencia y las actividades de estructuras armadas ilegales que operan en diferentes zonas del país.

Durante esa intervención, el oficial se refirió específicamente a los grupos que, según las autoridades, se encuentran bajo el mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, señalados de liderar facciones disidentes de las antiguas Farc que actualmente mantienen disputas por el control de diversos territorios.

Según explicó el general, la confrontación entre estas organizaciones no estaría limitada al dominio de corredores estratégicos o actividades ilícitas, sino que también tendría como objetivo ejercer influencia sobre la población civil residente en áreas rurales.

El alto oficial sostuvo que las autoridades contaban con información e indicios sobre prácticas orientadas a incrementar el control social sobre las comunidades campesinas que habitan en regiones donde estas estructuras mantienen presencia armada.

Advertencias sobre presunta carnetización de habitantes

Uno de los aspectos que generó mayor atención fue la referencia hecha por el general Rodríguez a supuestas actividades de identificación y registro de habitantes en sectores rurales.

De acuerdo con sus declaraciones, las autoridades habían recopilado información sobre procesos de “carnetización” que estarían siendo promovidos por grupos armados ilegales con el propósito de ejercer seguimiento y control sobre los pobladores de las zonas bajo su influencia.

Durante su intervención, el oficial explicó que dicha situación se habría detectado principalmente en áreas ubicadas al sur del departamento del Meta y en sectores cercanos al Guaviare, donde las estructuras de alias Calarcá y alias Iván Mordisco mantienen una disputa por el dominio territorial.

El general indicó que, en ese contexto, la pugna entre los grupos armados no estaría enfocada únicamente en el control geográfico de determinadas áreas, sino también en la población que reside en esos territorios.

“Por parte de los grupos armados al sur del departamento, principalmente Guaviare, que son las Farc de Calarcá y de Mordisco. En el contexto de esta disputa por el territorio, no es solo el territorio, es la población, y se tiene evidencia de información de actividad de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, manifestó el oficial durante el evento en el que realizó las declaraciones.

Debate sobre el impacto de los grupos armados en las elecciones

Las afirmaciones del general Rodríguez también despertaron preocupación debido a que fueron realizadas en un momento en el que distintas entidades del Estado han advertido sobre riesgos de seguridad en algunas regiones de cara a los próximos procesos electorales.

Las declaraciones pusieron sobre la mesa el debate acerca de la capacidad de las organizaciones armadas ilegales para influir en comunidades rurales mediante mecanismos de presión, intimidación o control social, especialmente en zonas donde la presencia institucional enfrenta limitaciones.

Diversos sectores han insistido en la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad para la población civil y para los actores políticos que desarrollan actividades en territorios afectados por la presencia de grupos armados.

Al mismo tiempo, las afirmaciones del oficial reavivaron las discusiones sobre el alcance de las estructuras disidentes de las antiguas Farc, así como sobre los desafíos que enfrentan las autoridades para mantener el control estatal en regiones apartadas del país.