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Detalles de la retirada de la propuesta Asamblea Nacional Constituyente tras resultados de primera vuelta
Aspectos centrales que planteaba la iniciativa y razones de la determinación.
El Gobierno Nacional decidió retirar de su agenda política la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa que durante los últimos meses ocupó un lugar central en el debate institucional y provocó reacciones entre dirigentes políticos, juristas, gremios, organizaciones sociales, gremios económicos y distintos sectores de la opinión pública.
La determinación fue adoptada después de una reunión entre el presidente Gustavo Petro y los integrantes del comité promotor encargado de impulsar la iniciativa.
Como resultado de ese encuentro, se acordó no continuar con el proceso encaminado a promover una reforma constitucional mediante la convocatoria de una constituyente.
De acuerdo con información conocida tras la reunión, el comité promotor oficializará la decisión este jueves, cerrando así una de las discusiones políticas que mayor impacto tuvo en el escenario nacional desde que el presidente comenzó a plantear públicamente la posibilidad de modificar la arquitectura institucional del Estado a través de un mecanismo extraordinario de reforma constitucional.
La decisión se produce, además, en un contexto político marcado por los resultados de la primera vuelta presidencial.
El candidato Iván Cepeda, identificado con el proyecto político del petrismo y considerado por diversos analistas como el continuador de las principales banderas del actual Gobierno, fue superado por Abelardo de la Espriella.
Según los resultados oficiales, De la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos, mientras Cepeda alcanzó cerca de 9,7 millones de sufragios, una diferencia superior a los 660.000 votos.
Dentro de distintos sectores políticos comenzó a plantearse que la insistencia del Gobierno en promover una Asamblea Nacional Constituyente pudo haber tenido costos electorales.
La propuesta fue interpretada por algunos ciudadanos como un factor de incertidumbre institucional en medio de la campaña presidencial y se convirtió en uno de los temas más discutidos durante los últimos meses.
El retiro de la iniciativa también revive un episodio que acompañó la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Durante ese proceso electoral, el entonces candidato firmó sobre una placa de mármol un compromiso público mediante el cual aseguró que no convocaría una Asamblea Nacional Constituyente en caso de llegar a la Presidencia.
Aquella imagen fue ampliamente difundida y utilizada como una garantía de que su gobierno no impulsaría modificaciones a la Constitución de 1991 mediante ese mecanismo.
Sin embargo, una vez instalado en la Casa de Nariño, el mandatario comenzó a mencionar la posibilidad de acudir a una constituyente, argumentando que las reformas promovidas por su administración enfrentaban obstáculos dentro de las instituciones del Estado.
Petro sostuvo en diferentes oportunidades que existía un bloqueo frente a las transformaciones que pretendía impulsar en materia social, económica y política.
Esa interpretación fue cuestionada por diversos especialistas en derecho constitucional. Entre ellos, el abogado Mauricio Gaona señaló que las dificultades encontradas por el Gobierno para sacar adelante algunas de sus iniciativas no podían considerarse un bloqueo institucional.
Según explicó, la existencia de oposición política, el debate parlamentario y la posibilidad de que las propuestas gubernamentales sean modificadas, rechazadas o sometidas a control judicial forman parte del funcionamiento normal de una democracia y constituyen una expresión del equilibrio entre los poderes públicos.
La controversia alrededor de una eventual constituyente comenzó a tomar fuerza en marzo de 2024. Durante un acto público realizado en Cali, en compañía de organizaciones indígenas y movimientos sociales, el presidente planteó por primera vez de manera explícita la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
En ese escenario sostuvo que, si las instituciones no respondían a las necesidades de transformación planteadas por amplios sectores de la población, sería necesario abrir una discusión nacional sobre la estructura del Estado.
Posteriormente, a lo largo de 2024 y 2025, el mandatario continuó haciendo referencias a la posibilidad de impulsar ese mecanismo.
En varias intervenciones públicas insistió en que la Constitución podía requerir ajustes para permitir el desarrollo de las reformas promovidas por su Gobierno y para garantizar la implementación de cambios relacionados con derechos sociales, participación ciudadana y organización institucional.
El debate alcanzó una nueva dimensión en mayo de 2025 cuando Petro afirmó que el país debía entrar en un “modo constituyente”.
Durante esas declaraciones explicó que el proceso no debía ser liderado directamente por el Ejecutivo, sino impulsado por sectores sociales y ciudadanos organizados a través de un comité promotor.
Con ello buscó presentar la iniciativa como un proceso surgido desde la sociedad civil y no como una propuesta exclusiva del Gobierno.
Semanas después, el presidente propuso que durante las elecciones de 2026 se incluyera una papeleta para consultar a los ciudadanos sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Esa propuesta abrió una discusión jurídica sobre los mecanismos previstos por la Constitución, las competencias del Congreso de la República y el alcance de las facultades del Ejecutivo para impulsar reformas constitucionales de gran magnitud.
La controversia aumentó cuando desde el Gobierno comenzó a estudiarse la presentación de iniciativas legislativas relacionadas con una eventual convocatoria constituyente.
Diversos sectores políticos interpretaron esos movimientos como una señal de que la propuesta había dejado de ser una simple posibilidad teórica para convertirse en una ruta política concreta.
Durante los meses siguientes, la idea continuó generando reacciones dentro y fuera del Congreso. Mientras algunos movimientos sociales respaldaban la convocatoria de una constituyente para discutir cambios estructurales en el país, partidos de oposición, organizaciones empresariales y sectores académicos manifestaban preocupación por los efectos que una reforma de esa naturaleza podría tener sobre la estabilidad institucional y las reglas de funcionamiento del Estado.
El tema volvió a ocupar espacios centrales en la agenda pública durante 2026. En enero de ese año, Petro afirmó que no buscaba permanecer en la Presidencia más allá del periodo constitucional, aunque señaló que podría participar como constituyente una vez terminara su mandato.
La declaración alimentó nuevas discusiones sobre el papel que desempeñaría en un eventual proceso de reforma constitucional.
Posteriormente, el 1 de mayo de 2026, durante una movilización realizada en Medellín, el mandatario insistió en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente y sostuvo que las transformaciones que defendía su administración requerían cambios de fondo en la estructura institucional del país.
Más adelante anunció que, una vez concluyera el proceso electoral presidencial, impulsaría la recolección de firmas para promover la convocatoria de ese mecanismo.
Todas esas declaraciones mantuvieron abierto un debate que se prolongó durante más de dos años y que se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda política nacional.
La posibilidad de modificar la Constitución de 1991 mediante una Asamblea Nacional Constituyente generó posiciones encontradas, movilizaciones de apoyo y rechazo, pronunciamientos de expertos y constantes discusiones sobre los límites constitucionales de la iniciativa.
Con base en el borrador elaborado por el Ministerio de Justicia, las exposiciones de motivos conocidas públicamente y los análisis publicados por medios especializados, estos fueron los aspectos más sensibles:
Cambio del modelo económico
Uno de los elementos que más controversia generó fue la intención de abrir la discusión sobre el modelo económico colombiano.
El documento planteaba que el país requería una transformación institucional para superar lo que el Gobierno denominó limitaciones estructurales en la garantía de derechos sociales.
Para sectores empresariales y académicos, esa formulación dejaba abierta la posibilidad de revisar principios económicos contenidos en la Constitución de 1991, incluyendo aspectos relacionados con la propiedad privada, la actividad empresarial y la intervención estatal en la economía.
Pérdida de autonomía del Banco de la República
Quizá uno de los capítulos que más alarmas encendió fue la propuesta de revisar el papel del Banco de la República.
El borrador conocido públicamente señalaba la necesidad de "actualizar" la entidad y replantear algunas de sus funciones. Sin embargo, críticos de la iniciativa interpretaron que el objetivo final podría ser reducir la independencia constitucional del banco central, una de las garantías introducidas por la Constitución de 1991 para aislar la política monetaria de los intereses del gobierno de turno.
Economistas advirtieron que cualquier modificación a la autonomía del Banco de la República podría afectar la confianza de inversionistas, la estabilidad monetaria y el manejo de la inflación, aspectos que históricamente han sido administrados por una junta independiente del poder ejecutivo.
Creación de un Tribunal Constitucional distinto a la Corte Constitucional
Otro de los puntos que generó debate fue la propuesta de crear un Tribunal Constitucional autónomo. Aunque el documento no desarrollaba todos los detalles de funcionamiento, sí planteaba revisar la estructura actual del control constitucional ejercido por la Corte Constitucional. Para diversos juristas, la propuesta podía implicar una modificación profunda del sistema de pesos y contrapesos construido desde 1991.
Los críticos consideraron que abrir la puerta a una nueva arquitectura judicial podía alterar el equilibrio existente entre las altas cortes y generar incertidumbre sobre la protección de derechos fundamentales que actualmente ejerce la Corte Constitucional mediante mecanismos como la tutela.
La tesis del "bloqueo institucional"
La exposición de motivos dedicó un amplio espacio a defender la existencia de un supuesto "bloqueo institucional".
Según el documento, la dificultad para aprobar reformas estructurales demostraba que las instituciones actuales presentaban rigideces que impedían materializar cambios demandados por la ciudadanía.
Precisamente este argumento se convirtió en uno de los focos centrales de la controversia. Constitucionalistas, exmagistrados y académicos señalaron que la oposición parlamentaria, las decisiones de los jueces y los controles constitucionales no constituyen un bloqueo, sino elementos propios de una democracia basada en la separación de poderes.
Entre quienes cuestionaron esa tesis estuvo el jurista Mauricio Gaona, quien sostuvo que lo que el Gobierno llamaba bloqueo institucional correspondía al funcionamiento normal del sistema democrático.
Reforma total de la Constitución de 1991
A diferencia de un acto legislativo o un referendo, la Asamblea Constituyente tiene capacidad para reformar integralmente la Constitución. El propio proyecto señalaba que este mecanismo está diseñado para transformaciones profundas del orden constitucional.
Ese alcance provocó preocupación porque dejaba abierta la posibilidad de revisar prácticamente cualquier capítulo de la Carta Política, incluyendo la estructura del Estado, la justicia, el sistema económico y los órganos de control.
Composición de la Asamblea
El proyecto proponía una Asamblea integrada por 71 delegatarios elegidos popularmente, con criterios de paridad de género y representación de sectores diversos.
Aunque el Gobierno presentó esta fórmula como un mecanismo de inclusión, surgieron cuestionamientos sobre la forma de elección, la representación de los distintos sectores políticos y la posibilidad de que la composición terminara favoreciendo a determinados movimientos ideológicos.
La posibilidad de reabrir el equilibrio de poderes
En el trasfondo de la discusión aparecía una preocupación recurrente: que una Asamblea Constituyente pudiera modificar las relaciones entre el Ejecutivo, el Congreso, las cortes y los organismos autónomos.
Expertos recordaron que una constituyente tiene un margen de actuación mucho más amplio que otros mecanismos de reforma constitucional, razón por la cual algunos sectores la calificaron como una herramienta capaz de redefinir completamente las reglas del sistema político colombiano.
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