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Coljuegos declara ilegal rifa de $25 millones de candidato Santiago Botero por falta de autorización
Ninguna campaña presidencial tiene permiso para rifas advirtió la entidad.
La realización de una rifa con premios en efectivo durante un acto de campaña del candidato presidencial Santiago Botero abrió un frente de cuestionamientos jurídicos y administrativos en plena contienda electoral.
La Empresa Industrial y Comercial del Estado Coljuegos, encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia, afirmó que dicha actividad no contó con autorización previa, requisito indispensable para su legalidad.
El pronunciamiento se produjo luego de conocerse que, en el lanzamiento de una sede de campaña en Bogotá, el aspirante entregó $25 millones distribuidos en cinco premios de $5 millones entre asistentes al evento.
La convocatoria, según reportes, se difundió mediante mensajes y material impreso, lo que permitió la participación de ciudadanos en el sorteo.
Coljuegos fue enfático en señalar que ninguna campaña presidencial ha solicitado permisos para la realización de rifas o actividades promocionales de este tipo.
En consecuencia, reiteró que cualquier dinámica de juegos de azar sin autorización previa es considerada ilegal y puede dar lugar a investigaciones administrativas y sanciones.
El presidente de la entidad, Marco Emilio Hincapié, sostuvo que el cumplimiento de los requisitos legales no es opcional.
Según indicó, el marco normativo vigente exige que toda rifa o promoción sea previamente autorizada por la autoridad competente, como garantía de legalidad y control en el sector.
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Además, Coljuegos recordó que la legislación colombiana prohíbe la entrega de dinero en efectivo como premio en rifas, salvo excepciones específicas que no aplican a actividades relacionadas con campañas políticas.
El control sobre rifas y juegos de azar responde a un régimen de monopolio estatal. Coljuegos administra este sector con el objetivo de asegurar que los recursos generados se destinen al financiamiento del sistema de salud.
En ese contexto, las normas exigen autorización previa para cada operación, incluso cuando se trate de actividades ocasionales o promocionales.
De hecho, el Gobierno nacional ha reforzado recientemente la regulación mediante decretos que buscan combatir la ilegalidad y aumentar los ingresos destinados a la salud pública.
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