Gobierno De la Espriella denuncia líos por $234.000 millones en Centros PotencIA de Petro

El Gobierno Nacional exigió la devolución de $234.399 millones destinados al proyecto Centros PotencIA, una iniciativa impulsada durante la administración del expresidente Gustavo Petro para construir espacios de formación en inteligencia artificial en distintas regiones de Colombia.

La decisión fue anunciada por la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, quien denunció que, pese al giro de los recursos, ninguno de los centros previstos ha entrado en funcionamiento.

Según informó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) el 30 de octubre de 2026, el proyecto registra un avance de ejecución del 2,09 % y permanece paralizado desde noviembre de 2025.

La entidad señaló que los recursos fueron transferidos a una fiduciaria, pero las obras de construcción no han comenzado formalmente en los municipios beneficiarios.

La ministra Falla aseguró que la solicitud de reintegro responde a instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, después de una revisión de los compromisos contractuales, los informes de ejecución y las observaciones formuladas por los organismos de control.

El proyecto Centros PotencIA fue concebido durante el gobierno Petro como una estrategia para ampliar el acceso a tecnologías digitales, promover el aprendizaje de inteligencia artificial y facilitar la formación tecnológica de comunidades en diferentes regiones del territorio nacional.

Inicialmente, la iniciativa contemplaba la construcción de 75 centros en 26 departamentos, con una población potencial beneficiaria superior a siete millones de personas. Posteriormente, el alcance fue modificado y la meta se redujo a 60 instalaciones distribuidas en igual número de municipios.

Los espacios proyectados incluían salas de formación tecnológica, infraestructura informática, áreas de trabajo colaborativo, herramientas de realidad virtual, acceso gratuito a internet y ambientes destinados al desarrollo de capacidades digitales.

De acuerdo con la rendición de cuentas del MinTIC correspondiente a 2024, los centros fueron diseñados como instalaciones de entre 500 y 1.000 metros cuadrados, con áreas para investigación en inteligencia artificial, capacitación, creación de contenidos y actividades de innovación.

En septiembre de 2024, durante la administración del entonces ministro TIC Mauricio Lizcano, se suscribió un contrato con la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) para avanzar en la implementación del programa. Según la actual administración, los $234.399 millones destinados al proyecto fueron girados a un esquema fiduciario.

La documentación oficial del Ministerio correspondiente a 2024 registraba una inversión de $234.399 millones para los 60 Centros PotencIA. Por su parte, el informe de gestión de Mauricio Lizcano, correspondiente al periodo comprendido entre mayo de 2023 y enero de 2025, señalaba que se habían firmado convenios con municipios como Leticia, Ciénaga de Oro, Soacha, Pereira y La Virginia, mientras continuaban los procesos de viabilidad para las demás instalaciones.

Sin embargo, la revisión presentada por la ministra Falla estableció que, hasta octubre de 2026, ninguno de los centros se encontraba prestando servicios a las comunidades y que las obras de construcción no habían comenzado formalmente.

La funcionaria cuestionó el manejo de los recursos y los compromisos adquiridos con las administraciones municipales durante la estructuración del programa.

“Aquí no se puede hablar de un retraso o de problemas en la ejecución. Se trata de una promesa, un compromiso que se adquirió con 60 municipios, y se quedó en una simple foto. Dejaron la plata de los Centros PotencIA dormida en un banco, mientras los municipios y las personas esperaban. Eso es imperdonable, pues los recursos públicos, la plata que es de todos, es sagrada”, afirmó la ministra.

Las dificultades del proyecto también fueron objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República, que durante 2026 examinó el estado de ejecución de los recursos y los compromisos relacionados con la infraestructura prevista.

Según las observaciones del organismo de control divulgadas por el MinTIC, el programa presenta debilidades en la planeación y estructuración contractual, dificultades en la viabilización de predios y deficiencias relacionadas con la obtención de licencias de construcción.

El seguimiento también identificó retrasos en las actividades necesarias para iniciar las obras y cuestionamientos sobre la permanencia prolongada de recursos públicos en mecanismos fiduciarios sin que se materializaran las instalaciones contempladas.

En mayo de 2026 ya se habían conocido advertencias de la Contraloría sobre el reducido avance del programa y los riesgos relacionados con su ejecución. En ese momento, el organismo examinaba tanto las condiciones contractuales como el desarrollo de las actividades preparatorias.

Entre los aspectos financieros revisados figuraban los desembolsos realizados a Findeter y los pagos asociados a la interventoría. Los reportes conocidos en mayo señalaban desembolsos por $4.056 millones a Findeter y pagos autorizados por $37,4 millones para interventoría. Estas cifras corresponden a conceptos específicos de ejecución y son distintas del monto global transferido al esquema fiduciario.

La Contraloría también formuló observaciones sobre los efectos que la permanencia de recursos en fiduciarias podría tener en la eficiencia, la economía y la oportunidad del gasto público, teniendo en cuenta que las instalaciones proyectadas todavía no estaban disponibles para los beneficiarios.

El Ministerio TIC informó, además, que varias alcaldías realizaron actividades preparatorias para recibir la infraestructura comprometida por el Gobierno Nacional.

Entre esas actuaciones se encuentran adecuaciones de terrenos, demolición de edificaciones existentes, trámites de licencias urbanísticas y otras intervenciones relacionadas con la disponibilidad de los predios.

Estas gestiones fueron adelantadas por administraciones municipales que habían suscrito compromisos para participar en el programa y que esperaban contar con espacios de capacitación tecnológica financiados con recursos nacionales.

No obstante, la cartera TIC no presentó en su comunicado un balance individualizado de los recursos invertidos por cada municipio en dichas actividades ni una relación completa de los predios intervenidos.

La ministra Falla también cuestionó que los compromisos de construcción no se hubieran materializado, pese a las gestiones adelantadas por los gobiernos locales.

“Eso no es un simple retraso administrativo. Eso es haber usado las ilusiones de las regiones para hacer política, dejando la plata congelada en el sector financiero mientras la brecha digital en los municipios seguía creciendo”, manifestó la funcionaria.

La denuncia del Gobierno se produce después de que el programa fuera presentado como uno de los proyectos de infraestructura tecnológica destinados a fortalecer el acceso a la inteligencia artificial en las regiones.

Durante la administración de Mauricio Lizcano, el Ministerio TIC había anunciado que los centros permitirían desarrollar actividades de investigación, formación digital, emprendimiento y apropiación tecnológica. La iniciativa también contemplaba espacios para niños, jóvenes y adultos interesados en adquirir conocimientos sobre nuevas herramientas informáticas.

En su rendición de cuentas de 2024, la cartera destacó la proyección de 60 centros y la inversión destinada a su desarrollo. Sin embargo, los resultados anunciados para las etapas posteriores no se habían concretado al momento de la revisión presentada por la actual administración.

El Ministerio TIC sostuvo que la situación encontrada corresponde a incumplimientos de los compromisos adquiridos durante el gobierno anterior y confirmó que la solicitud de devolución comprende la totalidad de los $234.399 millones destinados al programa.

Frente a los cuestionamientos respondió el exministro de las TIC, Mauricio Lizcano a través de cuenta de la red social X:

“Ministra @AlexandraFalla, sobre los Centros PotencIA es importante precisar la secuencia de decisiones y las responsabilidades institucionales.

Durante mi administración diseñamos y estructuramos el proyecto y suscribimos el convenio con Findeter. Salí del Ministerio dos meses después de su firma, por lo que no estuve a cargo de la ejecución ni del seguimiento posterior.

Después de mi salida, otros dos ministros estuvieron al frente de la cartera. Según me informaron algunas fuentes, al presidente Petro no le gustaba el proyecto y habría dado la orden de cancelarlo. Fue uno de los ministros del gobierno de Petro que me sucedieron quien decidió no continuar con el proyecto, no prorrogar el contrato e iniciar su liquidación. No fue una decisión de la actual administración. El propio Ministerio hizo pública esa decisión y anunció el reintegro de los recursos, como consta en este comunicado oficial: mintic.gov.co/portal/inicio/…

No se perdió ni un peso: así lo señaló el propio Ministerio en su comunicado. El modelo de contratación que estructuramos contempló la protección de los recursos en una fiducia, sin anticipos. Los recursos quedaron protegidos y generaron rendimientos financieros.

La protección de esos recursos no comenzó con esta administración. Corresponde ahora precisar el estado actualizado de los recursos, completar los trámites de liquidación y reintegro que estén pendientes y avanzar en su ejecución en beneficio de las regiones.

En cuanto a las responsabilidades institucionales, Findeter tenía funciones de estructuración, contratación, ejecución y supervisión a través de la interventoría. Al Ministerio le correspondían el acompañamiento, el seguimiento y la vigilancia sobre el uso de los recursos. Cualquier evaluación debe distinguir esas funciones y los períodos de cada administración.

Lo que sí comparto con usted, ministra, es que resulta lamentable que no se haya ejecutado un proyecto tan valioso como el que dejamos estructurado para los municipios de este país. Su propósito era acercar la tecnología, la formación digital y las oportunidades a las regiones.

Ejecutar los recursos con rigor técnico, transparencia y resultados verificables es lo que espera el país. La prioridad debe ser llevar conectividad, inteligencia artificial y formación digital a los colombianos”.

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