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Inpec removió al director de la cárcel de La Dorada tras polémica por cirugías estéticas de alias Pichi
Instituto tomó medidas contra director de cárcel por ingreso de médicos e insumos estéticos como bótox y ácido hialurónico.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó el traslado del mayor Édgar Iván Pérez, director de la cárcel de La Dorada, en Caldas, después de conocerse una serie de autorizaciones que permitieron el ingreso de médicos, auxiliares de enfermería e insumos utilizados en procedimientos estéticos para atender a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, condenado a 52 años de prisión por varios delitos relacionados con su participación en una organización criminal que operaba en Santander.
La decisión se tomó en las últimas horas luego de las revelaciones sobre las condiciones en las que el recluso recibió atención médica dentro del establecimiento penitenciario. Pérez será trasladado a otra dependencia del sistema carcelario, aunque no se ha precisado el establecimiento al que será asignado ni la fecha en que asumirá su reemplazo.
El oficial había autorizado personalmente, mediante documentos administrativos, el ingreso de profesionales de la salud y elementos médicos destinados a la atención de Camargo Ríos, conocido como el “Pablo Escobar de Bucaramanga”, por su trayectoria criminal y su vinculación con estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en la capital santandereana y su área metropolitana.
La controversia comenzó después de que se conocieran documentos relacionados con dos autorizaciones expedidas durante mayo y junio de 2026. Los registros permitieron establecer que personal médico especializado ingresó al establecimiento penitenciario con equipos e insumos empleados tanto en tratamientos dermatológicos como en procedimientos estéticos.
Uno de los documentos, fechado el 25 de mayo de 2026 y firmado por el entonces director de la cárcel, autorizó el ingreso de una profesional de la salud para realizar una valoración clínica en dermatología al interno.
La autorización contemplaba una relación de 39 elementos médicos, entre ellos 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas y otros materiales utilizados en intervenciones dermatológicas y estéticas.
En el inventario también figuraban una mentonera, cilindros portátiles, máscaras laríngeas y un monitor multiparámetros, dispositivos que pueden utilizarse en distintos procedimientos médicos.
Posteriormente, durante junio de 2026, se expidió una segunda autorización para permitir el ingreso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería. El documento establecía que el personal sanitario realizaría una atención dermatológica integral a Camargo Ríos.
De acuerdo con la información conocida, la administración penitenciaria explicó que el acceso de los profesionales respondió a una solicitud presentada mediante un derecho de petición por la defensa del condenado.
El médico cirujano Julián David Duarte Ortiz, identificado como uno de los profesionales que ingresaron al establecimiento, reconoció haber acudido a la prisión acompañado de tres auxiliares de enfermería. No obstante, negó haber realizado una intervención quirúrgica estética o modificaciones faciales mediante la aplicación de productos médico-estéticos.
El caso también adquirió relevancia después de conocerse fotografías recientes de Camargo Ríos que muestran diferencias en su apariencia frente a los registros realizados durante diciembre de 2024, cuando fue recapturado por las autoridades.
En las imágenes más recientes aparece con el cabello más largo, una barba más poblada y un rostro de mayor volumen. Aunque estas diferencias motivaron señalamientos sobre posibles procedimientos estéticos, las fotografías no permiten establecer que haya sido sometido a una cirugía.
Tras conocerse las autorizaciones, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron inspecciones en el establecimiento penitenciario de La Dorada para recopilar información relacionada con el ingreso del personal médico y las circunstancias en las que se concedieron los permisos.
Durante las diligencias, los investigadores encontraron, aproximadamente ocho millones de pesos en efectivo, además de documentos y dispositivos electrónicos que fueron incorporados a las verificaciones adelantadas dentro del penal.
La salida de Pérez de la dirección del establecimiento también se produce mientras enfrenta una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación relacionada con una celebración musical realizada en la cárcel de Itagüí, Antioquia, donde anteriormente desempeñó funciones directivas.
El episodio corresponde a una fiesta vallenata desarrollada dentro del centro penitenciario, cuyas circunstancias fueron objeto de actuaciones disciplinarias. La existencia de esa investigación no constituye una sanción definitiva contra el oficial.
Por su parte, Óscar Camargo Ríos permanece privado de la libertad en La Dorada tras una trayectoria judicial relacionada con homicidios, desapariciones forzadas, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.
Camargo Ríos fue identificado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los principales integrantes de la organización criminal Los de San Rafa, estructura con presencia en Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana.
Las investigaciones judiciales relacionaron a esta organización con actividades de microtráfico, disputas por el control de mercados ilegales y homicidios cometidos en el departamento de Santander.
En junio de 2025, el Tribunal Superior de Bucaramanga lo condenó en segunda instancia a 624 meses de prisión, equivalentes a 52 años, después de revocar una decisión absolutoria que había sido emitida previamente por un juzgado de la capital santandereana.
La sentencia incluyó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Además de la pena privativa de la libertad, el fallo impuso una multa de 4.281,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas.
Entre los hechos examinados por las autoridades judiciales figuraron los homicidios de Jeison Fabián Callejas Flórez, conocido como alias Peroles; Marlon Yesid Rúgeles Martínez; Sergio Silva Sánchez, alias El Alemán, y Jefferson Eduardo Delgado Rincón, alias Máscara.
Las investigaciones también establecieron vínculos entre Camargo Ríos y la dirección de actividades criminales mientras permanecía recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, durante el periodo comprendido entre octubre de 2018 y diciembre de 2020.
Su historial judicial incluye una fuga registrada en octubre de 2024, cuando abandonó una vivienda de Medellín en la que cumplía una medida de prisión domiciliaria relacionada con una condena anterior de 90 meses.
Después de varias semanas de búsqueda, integrantes de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación lo recapturaron el 9 de diciembre de 2024 en el municipio de Copacabana, Antioquia.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Bucaramanga negó la posibilidad de que cumpliera la nueva condena mediante prisión domiciliaria, por lo que continuó bajo custodia del sistema penitenciario.
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