Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, denuncia plan para asesinarlo y señala a tres personas

Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, exalcalde de Magangué e hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López Romero, alias la Gata, denunció un supuesto plan para asesinarlo y señaló directamente a Raúl Montes Flores, José Isaac Ureña Torres y Jorge Abisambra González, a quienes responsabilizó de cualquier atentado que pueda sufrir él o alguno de sus familiares. Según el exmandatario, las presuntas amenazas están relacionadas con negocios que su madre realizó en vida con empresarios.

La denuncia fue formulada el 30 de octubre de 2026, cuando Alfonso López permanecía en una clínica de Barranquilla. El exalcalde aseguró que teme por su vida y sostuvo que cuenta con información relacionada con una negociación comercial de Enilce López que habría originado las amenazas.

“Me quieren matar por una negociación que hizo mi madre, Enilce López Romero, con unos empresarios”, afirmó Alfonso López al explicar las circunstancias que, según su versión, estarían detrás del supuesto plan criminal.

El exmandatario identificó a las tres personas que considera responsables de las amenazas y mencionó sus números de identificación. “Si algo me pasa a mí o algún miembro de mi familia, sean mis hermanos, mis hijos, mi esposa, hago responsables a Raúl Montes Flores, José Isaac Ureña Torres y Jorge Abisambra  González”, manifestó.

Los señalamientos corresponden exclusivamente a la denuncia de Alfonso López. Hasta el momento no se conoce una decisión judicial que establezca la participación de los tres hombres mencionados en un plan para asesinarlo.

El hijo de la Gata aseguró que varias personas tienen en su poder documentos, grabaciones de audio y registros audiovisuales relacionados con los negocios de su madre y las circunstancias que habrían dado origen a las presuntas amenazas. Según explicó, ese material podría ser entregado a los organismos judiciales.

“Hay personas que tienen pruebas, documentos, audios y videos que en su momento se los harán llegar a las autoridades competentes”, señaló Alfonso López, quien solicitó garantías de seguridad para él y sus familiares.

El exalcalde no precisó las condiciones de las negociaciones comerciales que mencionó, los valores involucrados ni las obligaciones que supuestamente habrían adquirido las partes. Tampoco identificó públicamente a todas las personas que tendrían bajo su custodia los documentos y grabaciones.

Su abogado, Diego Muñetón, confirmó que la defensa busca obtener protección para Alfonso López y su familia. El jurista aclaró que el ofrecimiento de información no constituye una solicitud formal de principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación.

“Formalmente no hay una petición de principio de oportunidad en ningún proceso”, explicó el defensor al referirse a la posibilidad de que su representado entregue información a las autoridades.

Muñetón sostuvo que Alfonso López considera que ha sido víctima de amenazas y de una persecución judicial. También manifestó que su cliente ha identificado a varias personas que, según sus afirmaciones, estarían relacionadas con las intimidaciones actuales y con el atentado armado del que fue objeto en Barranquilla en mayo de 2024.

El nombre de Raúl Montes Flores ya había aparecido en controversias relacionadas con Alfonso López. En octubre de 2026, durante declaraciones públicas sobre los antecedentes judiciales del exalcalde, se conocieron señalamientos relacionados con un presunto intento de asesinato contra Montes. Estos antecedentes corresponden a acusaciones distintas de la denuncia formulada ahora por el hijo de Enilce López.

El 23 de mayo de 2024, un grupo de hombres armados, algunos de ellos vestidos con prendas que simulaban uniformes de organismos policiales, ingresó a una clínica del norte de Barranquilla donde se encontraba Alfonso López.

Los atacantes llegaron hasta las instalaciones del establecimiento médico y se enfrentaron con personas que integraban el esquema de seguridad del exalcalde. Durante la incursión se registraron disparos que ocasionaron la muerte de varios hombres, mientras Alfonso López resultó ileso.

Entre las víctimas mortales fueron identificados Edelmiro Alberto Anaya González, conocido como alias el Chino, quien había pertenecido a estructuras paramilitares, y Eduar Yesid Montero de la Hoz, integrante del esquema de protección de Alfonso López. También murió José Rafael Villa Villa.

Las autoridades adelantaron investigaciones para establecer quiénes participaron en la incursión armada y determinar los responsables de ordenar el ataque. El atentado ocurrió cuando Alfonso López afrontaba actuaciones judiciales relacionadas con sus antecedentes penales y sus vínculos con organizaciones paramilitares.

La nueva denuncia se conoció dos días después de que integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional realizaran un procedimiento de captura contra el exalcalde en Barranquilla, el jueves 29 de octubre de 2026.

La actuación estuvo relacionada con una investigación de la Fiscalía General de la Nación por el asesinato de Guillermo León Montero Carpio, dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el departamento de Sucre, ocurrido el 10 de junio de 1997 en Sincelejo.

De acuerdo con la Fiscalía, Alfonso López habría participado en las actividades previas al asesinato mediante el suministro de información sobre los desplazamientos del dirigente campesino y fotografías que habrían permitido identificarlo.

El organismo investigador estableció que las oficinas de Alfonso López y Montero Carpio estaban ubicadas en un mismo edificio, circunstancia que presuntamente habría facilitado el seguimiento de los movimientos de la víctima.

Según la reconstrucción judicial, un grupo de hombres armados que se identificó como integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) intentó secuestrar al dirigente campesino para trasladarlo a una finca donde supuestamente se reuniría con Carlos Castaño Gil.

Montero Carpio se resistió al secuestro y recibió disparos que le causaron la muerte. Durante el mismo ataque, sus dos escoltas fueron privados de la libertad y permanecieron secuestrados durante varios días antes de recuperarla.

La Fiscalía informó que Alfonso López habría intervenido en los actos preparatorios del crimen mediante apoyo logístico y suministro de información. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos resolvió su situación jurídica e impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Los delitos investigados son homicidio agravado, secuestro simple tentado y secuestro simple consumado. El expediente se tramita bajo las disposiciones de la Ley 600 de 2000, aplicable al procedimiento penal correspondiente.

La defensa anunció que apelará la medida de aseguramiento y solicitará una valoración del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para establecer las condiciones médicas de Alfonso López.

Muñetón aseguró que su representado padece varias enfermedades crónicas y permanece bajo atención médica. Asimismo, manifestó que solicitará que se estudie la posibilidad de sustituir la privación de la libertad en establecimiento carcelario por una medida domiciliaria, de acuerdo con los resultados de la valoración médica.

Alfonso López fue alcalde de Magangué, municipio del departamento de Bolívar donde su familia consolidó actividades económicas relacionadas con la explotación de juegos de suerte y azar. Su trayectoria política estuvo acompañada de investigaciones por sus relaciones con estructuras paramilitares y hechos de violencia ocurridos en la región Caribe.

Uno de los procesos judiciales más conocidos en su contra corresponde al asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido el 19 de febrero de 2005 en Magangué.

Prins Velásquez dirigía el periódico Apocalipsis y había realizado publicaciones sobre asuntos políticos y administrativos del municipio. El crimen fue investigado por las autoridades y terminó con una condena contra Alfonso López como determinador del homicidio.

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La pena, inicialmente fijada en 39 años de prisión, fue reducida posteriormente a 29 años. En noviembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena por el asesinato del comunicador.

El exalcalde también intentó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante ofrecimientos de información relacionados con sus vínculos con estructuras paramilitares. Sin embargo, esa jurisdicción rechazó su sometimiento al considerar insuficientes sus aportes a la verdad.

En diciembre de 2025, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla le concedió la libertad condicional, luego de evaluar el tiempo de privación de la libertad y las redenciones de pena reconocidas dentro del expediente.

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