Exfuncionario de Cenit denunció persecución por negarse a borrar contratos de familiar de Verónica Alcocer

Kevin Jair Beltrán Rojas, exfuncionario de Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, denunció que recibió instrucciones para eliminar registros y comunicaciones relacionados con contratos de una empresa vinculada a Alberto Merlano Alcocer, familiar de la exprimera dama Verónica Alcocer. Según su testimonio, la negativa a cumplir esa solicitud desencadenó una serie de presiones laborales que terminaron con su traslado a otra dependencia y posterior despido, ocurrido en agosto de 2026.

La denuncia fue conocida este sábado 31 de octubre a través de una investigación de la revista Semana, que recogió el testimonio del extrabajador, documentos relacionados con su situación laboral y las respuestas de Cenit y del propio Merlano Alcocer. La compañía reconoció la prestación de servicios de la empresa mencionada, pero negó que sus directivos hubieran ordenado eliminar información contractual.

Beltrán identificó a Pilar Marulanda Sánchez, vicepresidenta de Talento Humano de Cenit, como la funcionaria que presuntamente le solicitó borrar los registros. De acuerdo con su relato, el encuentro ocurrió el 15 de enero de 2026, cuando todavía se encontraba en proceso de vinculación directa con la compañía.

El extrabajador aseguró que fue citado a las 11 de la mañana a la oficina de Marulanda y que, antes de comenzar la conversación, la directiva le retiró su teléfono celular con el argumento de que abordarían información confidencial.

Durante esa reunión, según Beltrán, le manifestaron que durante su paso por la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales se habían gestionado contratos relacionados con una persona cercana al Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Posteriormente, le habrían solicitado eliminar los documentos y comunicaciones que conservara sobre esas contrataciones.

Los contratos mencionados estaban relacionados con Antropos Consultores S. A. S., sociedad vinculada a Alberto Merlano Alcocer, tío en segundo grado de Verónica Alcocer, quien también ocupó cargos directivos en Ecopetrol y fue integrante de su junta directiva durante 2025.

Merlano Alcocer fue vicepresidente de Personal de Ecopetrol y gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. También recibió sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas restrictivas de la competencia relacionadas con su participación en el esquema de aseo de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro.

La compañía Antropos Consultores S. A. S. fue constituida el 24 de abril de 2024, con un capital suscrito y pagado de 25 millones de pesos. Su actividad está relacionada con servicios de consultoría, capacitación y asesoramiento en gestión organizacional. Merlano Alcocer figura como representante legal suplente de la sociedad.

Según los documentos societarios examinados en la investigación periodística, los activos de la empresa pasaron de 180 millones de pesos al cierre de 2024 a 1.983 millones de pesos al finalizar 2025.

Beltrán sostuvo que la contratación inicial de Antropos a través de empresas filiales de Ecopetrol habría tenido como propósito permitirle acumular experiencia contractual y recursos para posteriormente acceder a negocios directamente con la petrolera estatal.

El denunciante afirmó que dentro de la organización existían instrucciones para garantizar la contratación de Merlano Alcocer y que estas decisiones estarían relacionadas con personas cercanas al entorno de la exprimera dama. Se trata de señalamientos formulados por el extrabajador que no han sido establecidos como hechos probados por una autoridad judicial.

En relación con los negocios mencionados, Cenit confirmó que durante 2024 Antropos participó en actividades de formación contratadas mediante Grupo Spira S. A. S., empresa proveedora de servicios de capacitación para la filial.

Según la explicación entregada por Cenit, Grupo Spira contrató a Antropos para desarrollar el programa denominado “Negociación Consciente”, ejecutado entre septiembre y diciembre de 2024.

Por su parte, en los registros contractuales de Ecopetrol examinados por Semana aparece la sociedad vinculada al contrato central número 5207277, correspondiente a servicios de consultoría y asesoramiento en gestión empresarial y corporativa, con un desembolso de 75 millones de pesos.

Alberto Merlano Alcocer confirmó a la revista la existencia de contrataciones con Cenit y Ecopetrol durante 2024, que le representaron ingresos por 157 millones de pesos en un periodo de seis meses.

El exdirectivo sostuvo que esos contratos correspondían a su trayectoria profesional y experiencia en asuntos organizacionales. También reconoció que su vinculación contractual se realizó mediante una empresa debido a las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Respecto de su parentesco con Verónica Alcocer, Merlano manifestó que esa relación familiar representaba un inconveniente y rechazó que las contrataciones fueran resultado de una intervención de la exprimera dama.

En cuanto a la situación laboral del denunciante, Beltrán explicó que comenzó su relación con el Grupo Ecopetrol en 2019 como aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Posteriormente trabajó para Cenit mediante empresas contratistas, hasta que participó en un proceso de selección que le permitió obtener una vinculación directa.

Su contratación como técnico administrativo se formalizó el 29 de enero de 2026, dos semanas después de la reunión en la que, según su versión, recibió la solicitud de eliminar información.

Beltrán aseguró que, tras rechazar las instrucciones, fue trasladado de la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales a la Gerencia de Energías para la Transición. Consideró que ese cambio hizo parte de las medidas adoptadas en su contra por negarse a borrar los registros.

El exfuncionario también relató que intentó exponer su situación ante Juan Carlos Hurtado, expresidente de Ecopetrol, pero que fue remitido nuevamente a la Vicepresidencia de Talento Humano, dependencia en la que, según su denuncia, se habían originado las presiones.

Durante los primeros meses de 2026, Cenit adelantó un proceso de negociación colectiva con organizaciones sindicales. En ese contexto existió una protección temporal frente a despidos sin justa causa, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de julio de ese año.

Beltrán señaló que el 10 de agosto de 2026 recibió la notificación de terminación de su contrato laboral. Atribuyó esa decisión a su negativa a eliminar la información relacionada con Antropos y sostuvo que, pese a su oposición, parte de los registros contractuales habría sido borrada.

La empresa rechazó esa interpretación y aseguró que la finalización del periodo de protección asociado a la negociación sindical no estuvo relacionada con la decisión de terminar el vínculo laboral del trabajador.

Cenit también negó expresamente que Pilar Marulanda Sánchez hubiera solicitado eliminar registros de Antropos Consultores S. A. S., tanto en la reunión del 15 de enero de 2026 como en cualquier otra oportunidad.

En su respuesta, la filial explicó que la administración de los procesos contractuales corresponde a la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios. De acuerdo con la compañía, las funciones desempeñadas por Beltrán no le permitían acceder a la información contractual cuya eliminación denunció.

Después de su salida de Cenit, el extrabajador presentó una acción de tutela mediante la cual solicitó su reintegro. La solicitud fue negada, según los antecedentes recogidos en la investigación.

Posteriormente acudió al Ministerio del Trabajo y remitió comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que expuso las presuntas presiones laborales y solicitó medidas de protección.

En uno de los documentos dirigidos al organismo internacional, Beltrán señaló que se le había exigido eliminar información de sistemas informáticos y conversaciones de WhatsApp relacionadas con los contratos. También sostuvo que su negativa había dado lugar a actuaciones que calificó como persecución laboral.

El denunciante manifestó que su desvinculación afectó los ingresos de su familia y explicó que tenía responsabilidades económicas relacionadas con la educación de una hermana menor y la atención de un sobrino hospitalizado.

Adicionalmente, relató que en noviembre de 2025 había sufrido un desplazamiento forzado junto con su familia, situación que, según su testimonio, ocasionó la pérdida de una inversión en una finca ganadera.

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