Ministro de Educación pide mesa técnica a Hacienda por impuesto al patrimonio a universidades privadas

El ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó formalmente a su homólogo de Hacienda constituir una mesa técnica para evaluar el impacto del impuesto al patrimonio sobre las instituciones de educación superior (IES) privadas. La comunicación fue enviada el 26 de marzo con la propuesta de reunirse entre el 6 y el 10 de abril. A la fecha, la mesa no se ha llevado a cabo.

Mientras tanto, las IES privadas ya debieron sacar de sus reservas o endeudarse para cubrir la primera cuota del tributo, que asciende a cerca de $70.000 millones. En total, según información del Observatorio de Educación Superior, el impuesto representaría pagos de aproximadamente $135.000 millones para alrededor de 92 instituciones con patrimonios líquidos superiores a $10.474 millones. El tributo aplica a las IES privadas pero no a las públicas.

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La carta de Rojas propone revisar "de manera conjunta los alcances e implementación" del impuesto en el sector educativo, pero no plantea alternativas concretas para aliviar la situación financiera de las instituciones afectadas ni expresa una postura de protección hacia ellas. Críticos del sector consideran que la gestión del ministerio se limita a un gesto formal sin un compromiso real, especialmente teniendo en cuenta que el gobierno Petro ha sido abiertamente crítico de la educación superior privada.

Las consecuencias ya son concretas en algunas instituciones. El rector de la Universidad de Santander (UDES), Patricio López Jaramillo, confirmó que su institución está reestructurando sus estrategias financieras como consecuencia directa del impuesto, lo que implica la priorización de inversiones, la reducción de beneficios estudiantiles y una reestructuración presupuestal que puede afectar actividades de investigación y proyección social. La UDES evalúa además endeudarse con entidades financieras para garantizar su flujo de caja.

La senadora Jennifer Pedraza, defensora de la educación pública, advirtió que el impuesto a IES sin ánimo de lucro termina desincentivando la inversión en educación.

El panorama se agrava si se considera que muchas IES privadas debieron asumir el incremento del salario mínimo del 23%, mientras que el aumento autorizado en matrículas quedó más de 15 puntos porcentuales por debajo de esa cifra, lo que comprime aún más sus márgenes financieros y pone en riesgo las condiciones de calidad de varias instituciones.

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