Fiscalía imputará a Juliana Guerrero por títulos falsos de la Fundación San José

La Fiscalía General de la Nación confirmó que imputará cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios, informaron este lunes fuentes oficiales. El ente acusador formulará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, y anunció que solicitará una medida de aseguramiento en el marco de este proceso judicial.

La investigación se centra en títulos académicos que habrían sido expedidos con graves inconsistencias y sin que se cumplieran requisitos legales básicos, lo que también ha puesto en la mira a varios funcionarios y contratistas del actual Gobierno nacional.

La polémica estalló tras denuncias presentadas en el Congreso de la República sobre la irregular expedición de títulos universitarios por parte de la Fundación Universitaria San José, institución educativa con sede en Bogotá.

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Juliana Andrea Guerrero Jiménez adquirió notoriedad política a una edad temprana y se convirtió en una figura visible dentro del entorno del presidente Gustavo Petro tras su vinculación a movimientos estudiantiles en el departamento del Cesar y su participación en la campaña presidencial de 2022.

Pese a sus 23 años de edad y a no contar con títulos universitarios válidos, Guerrero llegó a ocupar cargos de remezón en el Ejecutivo nacional, desempeñándose como jefa de gabinete del Ministerio del Interior, coordinadora de despacho presidencial y otros cargos de confianza dentro de la administración.

En agosto de 2025, la Casa de Nariño incluso la postuló al cargo de viceministra de Juventudes, una designación que generó fuertes cuestionamientos públicos debido a las dudas sobre su formación y experiencia académica.

El caso tomó mayor fuerza pública cuando la Fundación Universitaria San José anuló los títulos otorgados a Guerrero en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, al no encontrar constancia de que la funcionaria hubiera cumplido con los requisitos académicos ni con la presentación de la prueba Saber Pro, un requisito legal indispensable para la expedición de títulos profesionales en Colombia.

La congresista Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, presentó facturas que demostrarían que Guerrero realizó pagos a la universidad posterior a la supuesta graduación, situación que aumenta las sospechas de irregularidades en el proceso.

Recientemente, la congresista Katherine Juvinao afirmó que Juliana Guerrero, delegada del Ejecutivo ante la Universidad Popular del Cesar (UPC), se ha consolidado como una figura con mayor poder dentro de Casa de Nariño después del presidente Gustavo Petro, y que, en la práctica, “es la que manda ahora en la Presidencia”, al menos en términos de influencia interna y decisiones políticas.

Según Juvinao, esta posición de Guerrero estaría vinculada a su cercanía personal e institucional con el presidente, lo que —en su opinión— le habría permitido construir una red de influencia dentro de la administración nacional.

Citó además la reciente designación de Nhora Mondragón como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), señalando que la funcionaria también sería producto de la influencia de Guerrero en la Casa de Nariño: “Al parecer, esta señora es cuota de la señora Guerrero”, dijo Juvinao en la rueda de prensa.

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