MinSalud denuncia presuntas irregularidades en recursos de salud para población carcelaria

El ministerio de Salud presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la administración de recursos y en la prestación de servicios de salud dirigidos a la población privada de la libertad (PPL). La cartera remitió copia del documento a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República.

La decisión se adoptó luego de que, en su calidad de integrante del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, el Ministerio identificara actuaciones adelantadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Fiduprevisora que, al parecer, no fueron sometidas a consideración ni aprobadas por el Consejo, como lo exige la Ley 1709 de 2014.

El Ministerio recordó que, según la Ley 1122 de 2007, las personas privadas de la libertad deben estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Posteriormente, el Decreto 2245 de 2015 reglamentó un modelo especial para la prestación de estos servicios, y la Ley 1709 de 2014 creó el Fondo Nacional de Salud para la PPL con el fin de garantizar los recursos necesarios para su atención.

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No obstante, la cartera evidenció que la población intramural —aproximadamente 104.000 personas— no está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y estaría siendo atendida directamente por operadores contratados por la Fiduprevisora, sin tener en cuenta la obligatoriedad legal de aseguramiento. En contraste, cerca de 48.000 personas en prisión domiciliaria sí permanecen afiliadas al régimen subsidiado y reciben atención a través de las EPS, lo que, según el Ministerio, evidencia un tratamiento diferenciado cuya legalidad solicita investigar.

Entre las presuntas irregularidades señaladas está la aprobación del presupuesto 2026 del Fondo sin revisión del Consejo Directivo, en contravía de la Ley 1709. El anteproyecto debía ser socializado en marzo de 2025, pero solo fue presentado cuando ya había sido aprobado el Presupuesto General de la Nación. Además, se habría incluido un déficit superior a $70.000 millones imputado a la Adres sin análisis técnico ni aval del Consejo.

El Ministerio también denunció la desafiliación de personas privadas de la libertad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pese a que la normativa exige garantizar su aseguramiento, así como la existencia de pasivos sin respaldo presupuestal ni auditoría certificada. A pesar de recomendaciones de la Contaduría General de la Nación en octubre de 2025, estas no habrían sido atendidas. La ADRES, por su parte, reportó valores pendientes de giro por más de $52.000 millones correspondientes a población en prisión domiciliaria.

Otro de los hallazgos tiene que ver con contratos fiduciarios sin liquidar. Entre ellos, el Contrato 145 de 2019, que habría generado una pérdida de $81.000 millones sin registrarse formalmente como déficit ni adelantarse su cobro. También se advirtió que el Contrato 059 de 2023 no ha sido liquidado dentro del término legal.

La denuncia incluye la contratación de una empresa consultora sin idoneidad técnica evidente para evaluar el modelo de atención en salud, en cumplimiento de la Sentencia T-494 de 2023, por un valor de $400 millones y un plazo de dos meses. Según el Ministerio, el informe entregado no cumplió el objeto contractual, por lo que solicitó la declaratoria de incumplimiento.

Asimismo, se señaló la omisión en la implementación de un nuevo modelo de atención en salud para la población privada de la libertad. En julio de 2025, el Consejo Directivo ordenó reformular el modelo y avanzar en la afiliación al régimen subsidiado, además de disponer que una EPS con cobertura nacional asumiera la operación, en cumplimiento de la Sentencia T-494 de 2023.

Finalmente, el Ministerio indicó que durante sesiones del Consejo Directivo se solicitó interponer denuncias por las presuntas irregularidades detectadas, pero la USPEC, como Secretaría Técnica del Consejo, manifestó no ser competente para hacerlo.

El Ministerio de Salud, junto con el ministerio de Justicia y el ministerio de Hacienda, aseguró que avanza en medidas para superar las fallas estructurales identificadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-494 de 2023 y garantizar el derecho fundamental a la salud de la población privada de la libertad, mediante su afiliación al Sistema General y la adopción de un nuevo modelo de atención integral, adecuado y oportuno.

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