Madre de Kevin Acosta anuncia posibles demandas contra presidente Petro por divulgar historia clínica

La controversia en torno a la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia en Pitalito, Huila, se intensificó luego de que su madre, Yudy Katherine Pico, manifestara públicamente que evalúa emprender acciones legales por la divulgación de información clínica del menor.

Sus afirmaciones surgieron después de que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicaran el caso con base en documentos médicos y señalaran que el menor debía tener restricciones en algunas actividades debido a su diagnóstico.

Las declaraciones oficiales fueron difundidas en medio del análisis del informe técnico integral realizado por la Nueva EPS, que atribuyó la muerte a un trauma craneoencefálico severo accidental.

De acuerdo con el documento expedido por la entidad promotora de salud, el fallecimiento se relacionó directamente con un golpe en la cabeza y no con una interrupción prolongada del tratamiento para la hemofilia.

La EPS indicó que el suministro estuvo condicionado por trámites administrativos de portabilidad, lo que implicaba procesos adicionales para la autorización de medicamentos.

La versión institucional precisó que la gestión de la familia hizo parte de las demoras y que, pese a los requerimientos, la atención no se habría visto interrumpida por responsabilidad directa del asegurador.

La madre del menor expuso una versión contraria. Señaló que su hijo no recibió el medicamento que necesitaba desde hacía casi dos meses y que esa ausencia desencadenó complicaciones que, en su concepto, no fueron atendidas de forma adecuada tras la caída.

Aseguró que nunca recibió una instrucción médica que estableciera restricciones para el niño y que las declaraciones del Gobierno omitieron ese punto.

Según su relato, la atención inicial no consideró la condición clínica del menor y no se priorizó el manejo de la hemofilia durante las primeras horas posteriores al golpe.

Pico afirmó que las instituciones involucradas han intentado trasladar la responsabilidad hacia la familia. Indicó que su hijo realizaba actividades cotidianas porque no contaba con una indicación formal que limitara su movilidad.

Añadió que, tras la caída, el traslado y la valoración médica no se ajustaron a la urgencia que requería un paciente con hemofilia y que el menor permaneció más de 24 horas entubado sin que se adoptaran medidas dirigidas a controlar la hemorragia.

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Uno de los puntos que generó mayor debate fue la versión oficial según la cual la madre se negó a una intervención quirúrgica.

Pico reconoció que no autorizó la operación propuesta, pero explicó que las condiciones no eran las adecuadas para realizarla, ya que el niño no había recibido el medicamento necesario para garantizar un procedimiento seguro.

De acuerdo con su testimonio, permitir la cirugía sin el factor de coagulación representaba un riesgo inmediato.

Explicó que, para una intervención de esa naturaleza, se requería disponibilidad del tratamiento y la presencia de un equipo de hematología y pediatría que no estaba garantizado en ese momento.

Sobre la causa de muerte señalada por el presidente, quien afirmó que obedeció a un trauma craneoencefálico por una caída, Pico respondió que el golpe ocurrió, pero no fue determinante.

Según ella, si el tratamiento para la hemofilia se hubiera mantenido con regularidad, la hemorragia intracraneal se habría podido controlar sin llegar al deterioro observado.

Insistió en que la gravedad del cuadro estuvo directamente relacionada con la falta del medicamento y no únicamente con el accidente.

La madre también cuestionó la difusión de la historia clínica del menor. Afirmó que la información fue divulgada sin autorización y que esa situación representa una vulneración de la privacidad.

Sostuvo que solo ella podía autorizar el uso de esos documentos y que el Gobierno no contaba con el permiso requerido.

Indicó que está valorando la posibilidad de demandar por este hecho, ya que considera que se vulneraron derechos protegidos por la normativa que regula el manejo de datos sensibles en el sector salud.

Pico señaló además que, en enero, recibió información de que no había un convenio vigente entre la Nueva EPS y las IPS encargadas del suministro del medicamento, Medicarte e Integral Solus.

Según su versión, esa ruptura del contrato dejó a Kevin sin tratamiento hasta que se lograra un nuevo acuerdo. Relató que la comunicación oficial que recibió se limitó a señalar que el convenio había terminado y que no había claridad sobre cuándo se restablecería el suministro.

También mencionó que otros miembros de su familia con hemofilia enfrentan dificultades similares.

Indicó que dos primos residentes en El Socorro están sin tratamiento desde diciembre de 18 y que solo uno recibe medicamento debido a que está hospitalizado, pero no por un esquema regular de entrega. Además, refirió el caso de un niño de 30 meses que continúa a la espera del suministro, aunque cuenta con órdenes médicas vigentes.

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