Invima responde por etiquetado de ultraprocesados y niega tensiones con el Ministerio de Salud

En medio de una creciente discusión pública sobre la regulación de los alimentos ultraprocesados en Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) decidió intervenir directamente en el debate con un comunicado  en el que busca desmentir versiones difundidas que, según la entidad, distorsionan su papel dentro del proceso de evaluación del etiquetado frontal de advertencia.

El documento, emitido desde Bogotá bajo el membrete conjunto del Ministerio de Salud y el Invima, parte de una premisa clara: la necesidad de proteger la legitimidad institucional en un contexto en el que la discusión técnica ha comenzado a adquirir matices políticos y mediáticos.

En su primera aclaración, el instituto se alinea sin ambigüedades con la política sanitaria del Gobierno Nacional, subrayando que su prioridad “siempre ha sido y será la protección y promoción de la salud pública en Colombia”, una afirmación que busca cerrar cualquier interpretación de divergencias internas dentro del sector.

La controversia gira en torno al proceso de evaluación de alternativas de etiquetado frontal para alimentos ultraprocesados, una medida que ha sido impulsada en varios países de América Latina como herramienta para informar a los consumidores sobre contenidos altos en azúcares, sodio y grasas saturadas.

En Colombia, este proceso ha estado liderado por el Ministerio de Salud, con participación técnica del Invima, en línea con recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que han insistido en la necesidad de implementar sistemas de advertencia claros para enfrentar el aumento de enfermedades no transmisibles asociadas a la dieta.

Frente a versiones que sugerían que el Invima estaba cuestionando dicho proceso, la entidad fue enfática en desmentirlo.

Señaló que no es cierto que esté poniendo en duda la evaluación de alternativas de etiquetado, y que su participación se mantiene dentro de los marcos técnicos definidos por el Ministerio.

Este punto resulta clave, pues el debate sobre el etiquetado frontal ha sido particularmente sensible, con presiones de distintos sectores, incluyendo la industria de alimentos, organizaciones de consumidores y académicos en salud pública.

El comunicado en uno de sus apartes, el Invima rechaza “categóricamente” que se haya sacado de contexto su participación en el análisis de cambios normativos.

Más allá de la defensa reputacional, el documento insiste en que el trabajo del Invima se desarrolla de manera coordinada con el Ministerio de Salud y otras entidades del sector, bajo un enfoque de evaluación estricta de riesgos.

Este enfoque preventivo, ampliamente respaldado por la literatura científica en salud pública, busca anticipar los efectos del consumo de productos ultraprocesados, cuya ingesta ha sido vinculada con el aumento de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, según estudios publicados en revistas como The Lancet y reportes de la OPS.

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En ese contexto, el instituto reivindica su rol en la vigilancia del rotulado y la publicidad de productos, señalando que esta función es esencial para garantizar que los consumidores reciban información “veraz, clara y segura”.

Este argumento se conecta con uno de los pilares de las políticas de etiquetado frontal en la región: la transparencia informativa como herramienta para la toma de decisiones alimentarias, una estrategia que ha sido implementada en países como Chile, México y Perú con resultados documentados en la reducción del consumo de productos con altos contenidos críticos, según evaluaciones de la FAO y la OPS.

La intervención del Invima ocurre en un momento en el que el debate sobre los alimentos ultraprocesados ha trascendido el ámbito técnico para instalarse en la agenda pública.

En Colombia, como en otros países de la región, la discusión sobre el etiquetado frontal se ha convertido en un campo de disputa entre intereses económicos, evidencia científica y percepciones ciudadanas.

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