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Indignante: autorizan medicamento a joven con leucemia un día después de su muerte
Jeisson Pinzón, de 20 años, falleció tras meses esperando un tratamiento de inmunoterapia que fue aprobado por la Nueva EPS cuando ya había muerto. Su familia denuncia negligencia y exige respuestas.
La muerte de Jeisson Pinzón Sandoval, un joven de 20 años oriundo de Tunja, Boyacá, ha generado indignación en el país tras conocerse que la Nueva EPS autorizó el tratamiento que necesitaba con urgencia un día después de su fallecimiento.
El joven padecía leucemia y había solicitado desde el 25 de noviembre del año pasado la autorización de una inmunoterapia vital para su tratamiento. Sin embargo, durante casi cuatro meses enfrentó demoras, trámites administrativos y múltiples solicitudes sin obtener respuesta oportuna.
Según el relato de su familia, la autorización finalmente llegó el jueves 13 de marzo, cuando ya era demasiado tarde. Jeisson falleció el sábado 14 de marzo sin haber recibido el medicamento que podía mejorar su condición.
La situación resulta aún más dolorosa para sus allegados, pues la aplicación del tratamiento había sido programada para el domingo 15 de marzo, el mismo día en que sus familiares realizaban sus exequias.
“Se lo autorizaron para realizárselo un día después de que lo sepultáramos”, denunció un familiar, quien además calificó el caso como un hecho de negligencia.
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El caso de Jeisson no sería aislado. Su historia refleja las dificultades que enfrentan miles de pacientes en Colombia para acceder a tratamientos oportunos, especialmente en enfermedades de alto riesgo. Las barreras administrativas, los retrasos en autorizaciones y el incumplimiento de fallos judiciales continúan siendo una constante en el sistema de salud.
La familia Pinzón Sandoval asegura que, además del dolor por la pérdida, enfrenta el silencio de la Nueva EPS, que hasta el momento no ha emitido una explicación oficial sobre lo ocurrido.
Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la crisis del sistema de salud en el país y la responsabilidad de las entidades prestadoras en la garantía del derecho fundamental a la vida.
Las autoridades sanitarias no se han pronunciado sobre este hecho, pero la familia insiste en que se investiguen las causas de la demora que, según denuncian, terminó costándole la vida al joven.
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