Gobierno ordena retirar licencia a EPS con peor desempeño y Coosalud sería la primera afectada

El presidente Gustavo Petro ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud iniciar el proceso para revocar la autorización de funcionamiento de las entidades promotoras de salud (EPS) con peor desempeño en el país, una decisión que podría tener como primer caso a Coosalud, en medio de cuestionamientos financieros, judiciales y administrativos.

El anuncio fue realizado al cierre de una alocución presidencial el 27 de abril, en la que el mandatario instruyó a la autoridad de control a retirar la licencia a las EPS con mayores niveles de quejas y fallas reiteradas en la prestación del servicio.

La medida se fundamenta en el Decreto 780 de 2016, que establece como causales para la revocatoria de la autorización de funcionamiento aspectos como incumplimientos financieros, deficiencias en la atención, irregularidades en el manejo de recursos públicos y fallas en la red de servicios.

De aplicarse, las entidades afectadas quedarían impedidas para operar dentro del sistema de salud, administrar recursos públicos o garantizar el Plan de Beneficios en Salud, lo que implicaría el traslado de sus afiliados a otras EPS para asegurar la continuidad en la atención.

Dentro de ese panorama, Coosalud aparece como la principal entidad que enfrentaría la pérdida de su licencia. El señalamiento ocurre en un contexto marcado por decisiones judiciales recientes que han generado un choque institucional.

El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender la intervención estatal impuesta a la EPS en noviembre de 2024 y dispuso devolver su administración a los antiguos directivos.

El presidente Petro cuestionó esa determinación y la calificó como una actuación contraria al interés público, al tiempo que insistió en que Coosalud presenta los peores indicadores financieros dentro del sistema.

El mandatario también señaló que el fallo judicial favorecería a estructuras que habrían participado en el desvío de recursos públicos, al referirse a un presunto uso irregular de 221.000 millones de pesos destinados a la salud.

Las alertas sobre Coosalud no son recientes. Informes de la Superintendencia de Economía Solidaria han advertido sobre un posible esquema de desvío y ocultamiento de recursos entre 2019 y 2025, que involucraría operaciones financieras complejas y movimientos de dinero entre entidades relacionadas.

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De acuerdo con esas investigaciones, se habrían detectado inconsistencias en la trazabilidad de fondos, así como el uso de la EPS como garantía para créditos millonarios, lo cual no está permitido al tratarse de recursos públicos destinados a la atención en salud.

Estas situaciones se suman a los cuestionamientos históricos sobre la entidad, que ya había sido intervenida por fallas administrativas, financieras y asistenciales que afectaban la prestación del servicio.

El Gobierno ha señalado que la decisión de retirar licencias se basará en criterios técnicos definidos por la normativa vigente.

Entre ellos se incluyen: Fallas reiteradas que pongan en riesgo la atención de los afiliados. Incumplimiento de condiciones financieras exigidas por la Superintendencia. Problemas en la habilitación de la red de servicios.

Además, uso indebido o desvío de recursos del sistema de salud y mora en el pago a clínicas y prestadores.
Conductas que vulneren el derecho a la salud.

La administración también advirtió que las decisiones podrían ser controvertidas en los tribunales, aunque insistió en que la Superintendencia está obligada a ejecutar las órdenes impartidas.

El eventual retiro de la licencia a una EPS como Coosalud, que cuenta con millones de afiliados, implicaría un proceso de reorganización del sistema para garantizar la continuidad del servicio.

En la práctica, esto supondría la redistribución de usuarios hacia otras entidades, en un contexto en el que el sistema enfrenta dificultades estructurales relacionadas con el acceso a medicamentos, la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de las aseguradoras.

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