Gobierno denuncia embargo de $60.000 millones destinados a Colsubsidio para medicamentos

Durante la sesión más reciente del Consejo de Ministros, el Gobierno Nacional expuso una serie de tensiones estructurales y operativas en el sistema de salud, con énfasis en la presión fiscal derivada del cumplimiento de órdenes judiciales, los resultados financieros del modelo de aseguramiento, y las trabas administrativas que impactan directamente la prestación de servicios, especialmente la entrega de medicamentos.

Entre los hechos más relevantes se presentó el caso de Colsubsidio, entidad a la cual se habían destinado $60.000 millones que, según el Ministerio de Salud, quedaron embargados por orden judicial, impidiendo su flujo operativo.

En el encuentro, el Gobierno articuló este análisis con el reciente decreto de emergencia económica y social, argumentando que la situación sanitaria exige respuestas fiscales inmediatas y reformas estructurales para asegurar la continuidad del aseguramiento y la atención a los usuarios.

Uno de los ejes principales fue el cumplimiento del Auto 2049 de 2025 de la Corte Constitucional, que obliga a equiparar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado al 95% de la del régimen contributivo.

Según el Ministerio de Hacienda, esta directriz tiene impacto inmediato sobre el presupuesto, obligando al Estado a destinar $3,3 billones adicionales en el corto plazo.

El Gobierno presentó esta obligación como “sobreviniente”, lo que justificaría su inclusión prioritaria en el paquete de medidas adoptadas durante la emergencia.

El Ministerio de Salud explicó que, si bien en 2022 se incrementó la UPC del régimen contributivo en 18%, este ajuste no se trasladó al régimen subsidiado, generando una brecha que ahora debe corregirse.

La nivelación, afirmó, busca restablecer la equidad entre los regímenes y garantizar una cobertura uniforme, especialmente en medicamentos y tratamientos de alto costo.

En paralelo, el Gobierno cuestionó el papel de las EPS en el modelo actual, señalando que, pese a estar llamadas a gestionar el riesgo, muchas no actúan como verdaderos aseguradores.

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El ministro de Salud sostuvo que los niveles de siniestralidad reportados en distintos años (86,2% en 2019, 97,3% en 2020, 97,6% en 2023 y 84,9% en lo corrido de 2025) desmienten la narrativa de una crisis financiera estructural, y que, en contraste, algunas EPS y clínicas privadas han reportado utilidades considerables.

Entre los casos citados se mencionaron $178.000 millones en Salud Total y $222.000 millones en EPS Sura, así como $5,22 billones en utilidades de 150 empresas del sector prestador durante 2024.

El Ejecutivo también presentó hallazgos atribuidos a la Contraloría General, que en auditorías a los ejercicios de 2020 a 2022, habría identificado que EPS no lograron justificar el uso de $11,57 billones en excedentes, cifra que se eleva a $14 billones si se suman los reportes de diciembre de 2024.

A esto se agregan copagos y cuotas moderadoras por cerca de $2 billones cuyo uso también carecería de claridad, así como casos de facturación irregular por parte de prestadores, como la continuidad de cobros por servicios a personas fallecidas y cobros por encima de precios máximos de referencia.

Uno de los puntos más sensibles expuestos en la sesión fue el caso de Colsubsidio. El ministro de Salud denunció que los $60.000 millones que se iban a transferir para restablecer la provisión de medicamentos fueron embargados por orden judicial.

La medida fue calificada como un obstáculo operativo que impide reactivar la entrega de tratamientos esenciales.

Además, advirtió que estas decisiones están siendo solicitadas por algunas IPS y avaladas por jueces, lo que motivaría la necesidad de establecer mecanismos de trazabilidad sobre los actores que estarían judicializando de manera sistemática los flujos del sistema.

Finalmente, el Gobierno defendió la inclusión de medidas tributarias en el decreto de emergencia, entre ellas, el aumento del impuesto al consumo de licor y tabaco.

El paquete tributario fue presentado como una estrategia que no solo generaría un recaudo adicional estimado en $1,6 billones, sino que también responde a objetivos de salud pública al desincentivar el consumo de productos nocivos.

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