Risaralda en riesgo: alerta en tres poblaciones por conflicto armado

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 001 de 2026 debido a las graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH)
en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, Risaralda.

El escenario de riesgo alto se configura ante las pretensiones de consolidación de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su Frente Manuel Hernández El Boche, en Pueblo Rico y Mistrató, y por la expansión e incursión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mediante su subestructura Edwin Román Velásquez Valle, en los tres municipios.

Esta convergencia de actores armados ilegales obedece al control de corredores estratégicos que conectan al departamento de Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, importantes para el fortalecimiento de sus estructuras y el control de
economías ilícitas principalmente ligadas a las actividades mineras que se desarrollan en la región.

La Defensoría del Pueblo prevé un recrudecimiento de la violencia y la agudización de la competencia territorial entre el ELN y el Clan del Golfo en el corto plazo, lo cual, en particular, podría afectar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes susceptibles de estar en riesgo de reclutamiento forzado, lideresas y líderes sociales, mujeres, autoridades y comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes) y campesinas de los tres municipios risaraldenses, así como a firmantes del Acuerdo de Paz asentados en el territorio.

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El riesgo alto se constituye, de acuerdo con el trabajo en terreno realizado por la entidad, con el concurso de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), para 54 veredas, un resguardo indígena (pueblo Embera Chami) y 31 barrios del casco urbano de Belén de Umbría; para 59 veredas, 2 resguardos (Embera Chami) y 5 barrios de la zona urbana de Mistrató, y para 81 veredas, 2 resguardos (Embera Chami y Embera Katío) y 3 consejos comunitarios de
Pueblo Rico.
Estos dos grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas que incluso afectan a alcaldes y a otras y otros servidores públicos, y han generado desplazamientos forzados y confinamientos, afectando principalmente a pueblos étnicos y comunidades campesinas.

Es más, la exacerbación de los repertorios de violencia ha redundado en el aumento de homicidios con armas de fuego en las zonas de influencia del ELN y del EGC. En 2023 hubo 15 homicidios en los tres municipios risaraldenses; en 2024, 14; en 2025, 39.

Esto quiere decir que en 2025 el número de casos por este delito aumentó 34.48% en comparación con la suma de los asesinatos registrados entre 2023 y 2024.

Por lo tanto, la Defensoría recomienda acciones estatales inmediatas y urgentes para que las entidades competentes, del orden nacional, departamental y municipal, a partir de un trabajo coordinado implementen de forma continua y bajo una perspectiva de derechos humanos y DIH los deberes de reacción rápida y las 30 recomendaciones formuladas en la AT 001 de 2026, la primera del año emitida por la entidad.

Fortalecer la capacidad institucional es perentorio, como llamado insistente de la Defensoría del Pueblo, a fin de que sea protegida y garantizada la seguridad humana de las y los habitantes de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico.

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