Publicidad
Publicidad
Defensoría revela 120.000 tutelas sin abrir en Nueva EPS y alerta crisis humanitaria en salud
Denuncia abandono masivo de tutelas durante intervención estatal.
La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre una grave situación en el sistema de salud, centrando su señalamiento en la Nueva EPS, entidad actualmente bajo intervención estatal.
La titular de la entidad, Iris Marín, reveló que el interventor designado por el Gobierno encontró más de 120.000 correos electrónicos sin abrir, todos relacionados con acciones de tutela que solicitaban la protección de derechos fundamentales en salud.
Estos mensajes contenían fallos judiciales que debieron haber sido tramitados con urgencia, pero que, según lo constatado, ni siquiera fueron revisados.
Este hallazgo fue catalogado por la defensora como una omisión crítica en el cumplimiento de mandatos judiciales, con posibles consecuencias directas sobre el bienestar de los usuarios.
La falta de respuesta a estas tutelas estaría relacionada con el incremento notable en el número de quejas formales de los afiliados: en el último año, las reclamaciones superaron las 14.000, lo que representa un aumento de más del 100 % frente al período anterior.
Además de esta acumulación de tutelas sin gestionar, la Defensoría advirtió que las múltiples modificaciones en los equipos de intervención no han derivado en mejoras estructurales.
Según Marín, se evidencia una suerte de “endogamia administrativa”, caracterizada por el tránsito constante de funcionarios sin que ello implique avances significativos en la atención.
La inestabilidad técnica y operativa en las entidades responsables de la intervención ha impedido consolidar una respuesta efectiva a las necesidades de la población afiliada.
En varias regiones del país la situación se ha agravado. En ciudades como Ibagué, se han documentado múltiples denuncias por parte de usuarios que no han recibido sus medicamentos durante semanas o incluso meses.
Se trata, en muchos casos, de tratamientos de alto costo para enfermedades crónicas como patologías renales, cardíacas y neurológicas, cuyo suministro interrumpido pone en riesgo la vida de los pacientes.
Las quejas también apuntan a largas filas, dilaciones en la asignación de citas y la imposibilidad de acceder a procedimientos médicos previamente autorizados.
La Defensoría señaló que parte del desabastecimiento se debe al cambio de operador farmacéutico.
La transición entre proveedores no habría contado con una planeación adecuada, lo que generó rupturas en la cadena de entrega de medicamentos y dejó a miles de personas sin acceso a tratamientos esenciales.
La Nueva EPS presentó un plan de normalización con un horizonte de implementación de dos meses, pero la Defensoría expresó reservas frente a ese anuncio.
Para Marín, mientras no haya evidencia concreta de mejora para los usuarios, el plan carece de validez práctica.
A juicio de la entidad, la crisis ha superado el ámbito administrativo y debe considerarse una emergencia de orden humanitario.
La existencia de más de 120.000 fallos de tutela sin trámite, sumada a la escasez de medicamentos y a la inestabilidad institucional, configura una vulneración sistemática del derecho fundamental a la salud.
La defensora subrayó que muchas de las vidas comprometidas en esta situación dependen de la disponibilidad inmediata de un fármaco o de una consulta médica que, en muchos casos, ha sido postergada indefinidamente.
Etiquetas
