Venezuela revoca excarcelación de Juan Pablo Guanipa y ordena arresto domiciliario

La Fiscalía General de Venezuela emitió este lunes una solicitud formal ante un tribunal para dejar sin efecto la excarcelación concedida al dirigente político Juan Pablo Guanipa y ordenó su traslado a un régimen de detención domiciliaria.

La decisión, anunciada en Caracas por el Ministerio Público, se produce luego de que sectores opositores denunciaran que Guanipa fue retenido por personas armadas pocas horas después de ser excarcelado el domingo.

Según el comunicado oficial, la Fiscalía argumentó que se había verificado el incumplimiento de las condiciones que se le impusieron a Guanipa al momento de concederle la libertad.

El texto subraya que las medidas cautelares establecidas por las autoridades judiciales “están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas” y que, ante el supuesto incumplimiento, solicitó que el exparlamentario sea sometido a arresto domiciliario.

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La petición del Ministerio Público se da en medio de una serie de eventos ocurridos desde el domingo, cuando Guanipa recuperó la libertad tras permanecer detenido más de ocho meses.

Su excarcelación fue confirmada por familiares y por la organización Foro Penal, que ha verificado la salida de decenas de presos políticos en Venezuela desde inicios de año en el marco de un proceso de liberaciones impulsado por el gobierno.

Durante la jornada del domingo, después de su excarcelación, Guanipa se unió a una caravana que cerró filas con familiares de presos políticos, recorrió varias instalaciones penitenciarias y realizó declaraciones a representantes de medios, en las que llamó a avanzar en un proceso de cambio político.

Horas más tarde, la dirigente opositora María Corina Machado denunció públicamente que “hombres fuertemente armados” interceptaron a Guanipa tras su salida de prisión.

En publicaciones en redes sociales, Machado señaló que individuos a bordo de varios automóviles lo retuvieron en un sector de Caracas sin identificación oficial y exigió que se dé a conocer su estado.

La denuncia fue acompañada por declaraciones de Ramón Guanipa, hijo del dirigente, quien calificó lo sucedido como una “retención” y demandó una certificación de vida inmediata.

Representantes de agrupaciones opositoras, entre ellas Alianza Bravo Pueblo, responsabilizaron a las autoridades por la seguridad del político y cuestionaron el proceso de excarcelaciones.

Guanipa fue arrestado en mayo de 2025 por fuerzas de seguridad venezolanas, que lo acusaron de pertenecer a un supuesto “grupo terrorista” con el objetivo de boicotear procesos electorales. Su familia y allegados han rechazado las imputaciones, sosteniendo que se trató de una acción para silenciar a voces críticas del gobierno.

El contexto de estas decisiones judiciales y políticas en Venezuela incluye el debate en la Asamblea Nacional sobre un proyecto de ley de amnistía que, según el presidente del parlamento, beneficiaría a presos políticos y facilitaría su liberación una vez sea aprobado.

La iniciativa ha sido promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y ha generado tanto apoyo como críticas entre organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos.

Organizaciones internacionales y grupos de vigilancia han señalado que, pese a las liberaciones reportadas por el gobierno, persisten dudas sobre la transparencia de los procedimientos y el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos. 

En el marco de estos reclamos, representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofrecieron su apoyo para avanzar en un plan de diálogo y reconciliación que ubique las garantías fundamentales como centro del proceso.

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