Presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar Cúcuta por ola de violencia

El presidente Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves la militarización inmediata y temporal de Cúcuta, capital de Norte de Santander, ante los recientes atentados con explosivos, asesinatos y otros hechos de violencia registrados en la ciudad fronteriza. La decisión contempla el fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para recuperar el control territorial y enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la región.

El mandatario impartió instrucciones al ministro de Defensa, general retirado Jorge Mora, para mantener operaciones sostenidas en la capital nortesantandereana y presentar resultados verificables frente a las estructuras delincuenciales. La medida tendrá carácter temporal, mientras las autoridades avanzan en el restablecimiento de las condiciones de seguridad.

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De la Espriella también anunció que viajará la próxima semana a Cúcuta y confirmó que el martes 3 de noviembre comenzarán operativos urbanos dirigidos contra las organizaciones criminales. La intervención estará acompañada de acciones de la Fuerza Pública para reforzar la seguridad en la ciudad y combatir las actividades ilegales.

La orden presidencial se produce después de una sucesión de hechos violentos que han afectado a Cúcuta durante los últimos días. Entre los casos más recientes figura el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía, ocurrido el lunes 26 de octubre cuando se desplazaba en un vehículo acompañado de su hijo.

Castellanos fue atacado a tiros mientras transitaba por la ciudad. Su homicidio provocó pronunciamientos de las autoridades y de la Defensoría del Pueblo, que solicitó adelantar las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

Un día después, el martes 27 de octubre, un artefacto explosivo detonó en inmediaciones de una sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, uno de los principales pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela.

La explosión dejó varios heridos, entre ellos integrantes de la Policía Nacional, y ocasionó daños materiales en vehículos y motocicletas ubicados en el sector. Los organismos de seguridad iniciaron las investigaciones para establecer quiénes instalaron el explosivo y determinar la organización responsable del atentado.

Este ataque se sumó a otros hechos registrados durante los meses anteriores en el área metropolitana de Cúcuta. El 31 de agosto, un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios, en un atentado que dejó una persona muerta y varios heridos.

Tras ese episodio, el presidente De la Espriella encabezó el 1 de septiembre un consejo de seguridad en Cúcuta, acompañado por integrantes de la cúpula militar, autoridades policiales y representantes del Gobierno departamental.

Durante aquella reunión, el mandatario anunció una ofensiva contra las organizaciones armadas que operan en Norte de Santander y ordenó reforzar las operaciones destinadas a combatir el terrorismo, el narcotráfico y otras actividades criminales.

La Presidencia de la República informó entonces que la intervención contemplaba acciones contra las estructuras responsables de los atentados y medidas para fortalecer la presencia institucional en los municipios afectados por la violencia.

Posteriormente, el 5 de septiembre, el jefe de Estado anunció una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo, dirigida contra las estructuras armadas, sus cabecillas, las fuentes de financiación y las economías ilegales que sostienen sus operaciones.

En ese momento, el Gobierno también reportó un ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra instalaciones militares en Ocaña, Norte de Santander, mediante artefactos explosivos lanzados desde drones. El hecho ocasionó la muerte de dos militares.

La situación de seguridad en Cúcuta está relacionada con la presencia de organizaciones criminales que desarrollan actividades en la frontera colombo-venezolana y en diferentes municipios del departamento. Entre los grupos identificados por las autoridades figuran el ELN, las disidencias de las antiguas Farc y estructuras vinculadas al Clan del Golfo.

La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los riesgos derivados de la expansión de estas organizaciones y la comisión de delitos como homicidios, extorsiones, tráfico de armas y trata de personas, además de otras actividades relacionadas con las economías ilegales.

En el Catatumbo, la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc ha provocado desplazamientos masivos de población desde enero de 2025. La disputa armada se ha concentrado en municipios como Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y otras localidades de Norte de Santander.

El conflicto también ha ocasionado restricciones a la movilidad de las comunidades, amenazas y afectaciones a las actividades económicas de la población civil, según los reportes de las autoridades y los organismos humanitarios.

Como parte de las medidas adoptadas durante octubre, el Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una unidad que integra capacidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional para combatir estructuras armadas y organizaciones dedicadas al hurto de hidrocarburos.

La Presidencia informó el 5 de octubre que esta fuerza tendría su sede en Aguachica, Cesar, y desarrollaría operaciones en corredores estratégicos de Cesar y Norte de Santander, particularmente en zonas utilizadas para el transporte de hidrocarburos.

La unidad fue concebida para intervenir rutas como Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña, donde las autoridades han identificado actividades relacionadas con el robo de combustibles y la presencia de organizaciones armadas ilegales.

Por otra parte, la Alcaldía de Cúcuta adoptó durante octubre medidas transitorias de policía para preservar el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad. Entre ellas figuran las disposiciones contenidas en los decretos 0357 del 12 de octubre y 0358 del 13 de octubre, expedidos con ocasión de actividades públicas desarrolladas en la ciudad.

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