Masacre en Suaza, Huila: revelan detalles de la pelea que dejó seis muertos, cinco de ellos señalados de extorsión

Seis personas murieron el lunes 26 de octubre de 2026 en la vereda La Palma, zona rural del municipio de Suaza, en el sur del Huila, durante un enfrentamiento que, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, se habría originado por exigencias económicas realizadas por cinco presuntos integrantes de un grupo armado ilegal. Entre las víctimas se encuentra Yeiner Plinio, un comerciante de motocicletas que también administraba una discoteca en el municipio y cuya muerte habría provocado la reacción de varios habitantes contra los señalados extorsionistas.

El Departamento de Policía Huila informó que varias personas que se identificaron como integrantes de una disidencia de las antiguas Farc llegaron al sector para exigir dinero a pobladores de la vereda. Durante el encuentro se presentó una confrontación en la que uno de los habitantes resultó herido y posteriormente falleció. Después de este episodio, integrantes de la comunidad habrían atacado a quienes estaban realizando las exigencias económicas.

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La institución explicó en su reporte preliminar que “unas personas que se identificaron como un grupo disidente de las Farc llegaron a la zona exigiendo dinero a algunos pobladores de la vereda La Palma”. También indicó que un ciudadano habría resultado herido por acción de los presuntos responsables de las exigencias económicas y que posteriormente se produjo una reacción de habitantes del sector.

El alcalde de Suaza, Francisco Cuéllar Calderón, identificó al comerciante fallecido como Yeiner Plinio, quien desarrollaba actividades relacionadas con la comercialización de motocicletas y la administración de un establecimiento nocturno. Según la información entregada por el mandatario municipal, el hombre murió después de un intercambio de palabras con las personas que habrían convocado a los habitantes para tratar asuntos relacionados con cobros extorsivos.

De acuerdo con las versiones recogidas en la zona, el grupo señalado de realizar las exigencias económicas habría citado a varios habitantes a una reunión en la vereda La Palma. Durante el encuentro se produjo una discusión que terminó en un ataque contra el comerciante. Su muerte habría desencadenado la reacción de otros asistentes, quienes posteriormente persiguieron a los cinco presuntos extorsionistas.

Una de las versiones conocidas durante las primeras horas de la investigación señala que los cinco señalados intentaron abandonar el lugar en una camioneta. En medio de la huida, habitantes del sector les habrían bloqueado el paso utilizando un vehículo de transporte rural conocido como chiva. Posteriormente, los ocupantes habrían sido atacados con armas cortopunzantes, entre ellas machetes. Esta reconstrucción corresponde a testimonios preliminares y no constituye una conclusión judicial sobre la forma en que ocurrieron las muertes.

La camioneta en la que se movilizaban las cinco personas terminó incinerada. El vehículo fue encontrado en el sector donde se registraron los homicidios y quedó incorporado a las diligencias adelantadas por los investigadores. Las autoridades buscan establecer la secuencia de los ataques y las circunstancias en las que se produjo el incendio.

Entre las cinco personas señaladas de participar en las presuntas exigencias económicas había hombres y mujeres. Según la información entregada por el alcalde, una de las dos mujeres fallecidas residía desde hacía varios años en Suaza. El mandatario también señaló que los ocupantes de la camioneta provenían, al parecer, del departamento de Caquetá, territorio vecino al Huila.

Las primeras informaciones relacionaron a los presuntos extorsionistas con la estructura Rodrigo Cadete, organización armada vinculada a las disidencias de las antiguas Farc bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá. Esta posible relación forma parte de las versiones examinadas por las autoridades, sin que se haya confirmado oficialmente la pertenencia de los cinco fallecidos a dicha organización.

El alcalde Francisco Cuéllar Calderón manifestó que los habitantes de la zona habían advertido sobre la convocatoria realizada por quienes se presentaban como integrantes de un grupo armado. Según explicó, presidentes de organizaciones comunitarias le habían comunicado previamente que varias personas estaban citando a los pobladores para abordar asuntos relacionados con exigencias económicas.

El mandatario municipal también se refirió a las dificultades que enfrentan los habitantes por las presiones de organizaciones dedicadas a la extorsión. “La comunidad está aburrida, desesperada, porque realmente no es fácil trabajar de una manera honesta y que vengan aquí grupos extorsionistas a quitarle el sustento de su vida”, afirmó Cuéllar Calderón.

El caso fue reportado a las autoridades durante la mañana del lunes 26 de octubre. Unidades de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta la vereda La Palma para realizar las inspecciones judiciales, adelantar el levantamiento de los cuerpos y recopilar elementos relacionados con los homicidios.

La intervención de los investigadores se desarrolló en una zona rural próxima a los límites entre Huila y Caquetá. Suaza se encuentra en el sur del departamento, aproximadamente a 150 kilómetros de Neiva, y cuenta con corredores de comunicación hacia territorios donde las autoridades han identificado presencia de organizaciones armadas ilegales.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró el asesinato de las seis personas como la masacre número 101 documentada en Colombia durante 2026. La organización también relacionó el caso con las denuncias sobre presiones extorsivas ejercidas contra habitantes de la región.

La Defensoría del Pueblo había incluido a Suaza en la Alerta Temprana 001 de 2025, documento en el que identificó riesgos asociados con la presencia y expansión de facciones disidentes de las antiguas Farc. La advertencia contempla disputas por el control territorial, confrontaciones entre organizaciones armadas y amenazas contra la población civil.

Entre las estructuras identificadas en los reportes sobre esta región figura el Frente Rodrigo Cadete, perteneciente al Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frentes. También se ha advertido sobre la presencia de los Comandos de la Frontera y organizaciones delincuenciales locales vinculadas con actividades ilegales.

Después de los homicidios, el Ejército Nacional anunció el envío de un pelotón para reforzar las condiciones de seguridad en Suaza. Paralelamente, la Policía y la Fiscalía continuaron las diligencias para identificar a las personas involucradas en los ataques y establecer la relación de los hechos con las denuncias de extorsión.

La muerte de las seis personas ocurrió después de otro episodio de violencia registrado en Algeciras, también en el Huila, donde tres personas fueron asesinadas durante un ataque armado en un establecimiento comercial. Ambos casos fueron reportados en un intervalo inferior a 24 horas y motivaron pronunciamientos sobre la situación de seguridad en el departamento.

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