¿Quién es alias “Baco”, el narco neerlandés que habría ofrecido $1.200 millones a una jueza y un funcionario judicial?

Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, conocido con los alias de “Marcus” y “Baco”, es un ciudadano neerlandés requerido en extradición por delitos relacionados con el narcotráfico, cuyo nombre aparece en una investigación de la Fiscalía General de la Nación por un presunto soborno de $1.200 millones destinado a conseguir su libertad mediante una decisión judicial.

El caso derivó en la captura de una jueza de Bogotá, un funcionario judicial y una abogada, señalados de participar en las gestiones para favorecer al extranjero.

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La Fiscalía identificó a los investigados como Miryam Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá; Waldo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, y Emperatriz Herrera Cuenca, abogada que habría intervenido en la presentación del recurso de hábeas corpus.

Los tres fueron capturados el 27 de octubre de 2026 en procedimientos adelantados por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá y Cota, Cundinamarca.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, los implicados habrían acordado el pago de $1.200 millones para garantizar que una solicitud de hábeas corpus fuera asignada a un despacho judicial determinado y terminara con una orden favorable al ciudadano extranjero. La Fiscalía sostiene que se habría realizado un primer desembolso de $600 millones como parte del supuesto acuerdo.

Van der Voort residía en Medellín desde 2016 y era investigado por las autoridades de Países Bajos por su presunta participación en una organización dedicada al envío de cocaína hacia Europa. Su nombre figuraba en expedientes relacionados con operaciones internacionales de narcotráfico, lo que motivó su búsqueda mediante una notificación roja de Interpol y el posterior procedimiento de captura en territorio colombiano.

El ciudadano neerlandés fue detenido en febrero de 2026 y trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanzaba el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades de su país. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia había emitido concepto favorable a su entrega, dentro del trámite correspondiente.

Las investigaciones desarrolladas en Países Bajos vinculan presuntamente a Van der Voort con una estructura que coordinaba movimientos de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia puertos europeos. Según los antecedentes judiciales divulgados sobre el caso, la organización habría utilizado contenedores de productos agrícolas, especialmente frutas, para ocultar cargamentos de droga destinados al mercado internacional.

Las indagaciones sitúan parte de las actividades de la presunta organización en Medellín y Cali, ciudades desde las cuales se habrían coordinado operaciones logísticas y contactos para el transporte de estupefacientes. Ecuador aparece en los expedientes como uno de los puntos de salida de mercancías contaminadas con cocaína hacia Europa.

La investigación adelantada en territorio neerlandés también habría incluido el análisis de comunicaciones cifradas utilizadas por personas relacionadas con la estructura. Esos registros fueron examinados para establecer contactos, posibles responsabilidades y mecanismos empleados en las operaciones atribuidas a la organización.

Entre los antecedentes divulgados figuran investigaciones por presuntas actividades de fraude y extorsión relacionadas con Kinky.nl, una plataforma de anuncios de servicios para adultos utilizada en Países Bajos y Bélgica. Las autoridades europeas también habrían examinado información sobre posibles preparativos de secuestros, conductas que aparecen como hipótesis investigativas y no como condenas judiciales contra Van der Voort.

Durante su permanencia en Antioquia, el extranjero desarrolló actividades comerciales y estableció vínculos empresariales. En agosto de 2019 constituyó un establecimiento de parqueaderos denominado Rotterdam, ubicado en el municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información mercantil divulgada sobre el establecimiento, el negocio comenzó operaciones con un capital de $2,5 millones. Para 2023 habría reportado ingresos cercanos a $310 millones. La actividad comercial incluía operaciones relacionadas con vehículos, entre ellos automotores de alta gama.

Las investigaciones citadas en los reportes sobre el caso plantean la hipótesis de que algunas de esas operaciones comerciales pudieron utilizarse para movilizar recursos procedentes de actividades ilícitas. Esa posible relación forma parte de los señalamientos investigativos y no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre el origen del dinero.

El ciudadano neerlandés también contrajo matrimonio con una colombiana vinculada a un establecimiento comercial identificado en los documentos divulgados como Lotus Spa 010. Los antecedentes conocidos indican que la mujer inició posteriormente un trámite de separación matrimonial.

La situación judicial de Van der Voort en Colombia tomó otro rumbo cuando su defensa promovió acciones de hábeas corpus para solicitar su libertad. Antes de la decisión que originó la investigación por corrupción, se habían presentado dos solicitudes que fueron rechazadas por otros despachos judiciales.

Una de esas actuaciones correspondió al Juzgado 47 Penal del Circuito y otra al Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá. Ambas terminaron con decisiones desfavorables para el ciudadano extranjero, según expuso la Fiscalía durante las audiencias de imputación.

Posteriormente, la abogada Emperatriz Herrera Cuenca habría intervenido en la preparación de una nueva solicitud. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la profesional contactó a la jueza Martínez López y al funcionario Garavito Mejía para conseguir que el recurso fuera asignado al Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

La Fiscalía ubicó uno de los encuentros relacionados con el presunto acuerdo el 4 de junio de 2026, en las instalaciones judiciales de Paloquemao, en Bogotá. Durante esa reunión, según la exposición del ente acusador, la abogada habría sostenido una comunicación con Van der Voort para tratar aspectos relacionados con el trámite de su libertad.

La investigación también comprende una modificación del turno judicial que habría permitido la intervención del despacho de Martínez López durante el fin de semana en que se resolvió la solicitud. La Fiscalía considera que las gestiones relacionadas con el reparto hicieron parte de las actuaciones destinadas a obtener una decisión favorable.

El 13 de junio de 2026, la jueza Martínez López concedió el hábeas corpus y ordenó la libertad del ciudadano neerlandés. La decisión se produjo cuando el extranjero permanecía privado de la libertad en el marco del procedimiento de extradición solicitado por Países Bajos.

La orden fue posteriormente revisada por el Juzgado 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que el 19 de junio revocó la decisión de primera instancia y dispuso que Van der Voort continuara privado de la libertad.

El despacho concluyó que no se habían acreditado las circunstancias necesarias para conceder el hábeas corpus, pues no encontró una privación ilegal de la libertad ni una prolongación indebida de la detención. La decisión dejó sin efectos el amparo que había favorecido inicialmente al ciudadano extranjero.

La controversia judicial también involucró a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que había promovido actuaciones para cuestionar la orden de libertad. El alto tribunal ya había intervenido en el procedimiento de extradición y emitido concepto favorable a la solicitud presentada por las autoridades neerlandesas.

Tras las indagaciones sobre el presunto acuerdo económico, la Fiscalía solicitó las órdenes de captura contra Martínez López, Garavito Mejía y Herrera Cuenca. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías para adelantar las audiencias correspondientes.

Los tres fueron imputados por los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. A la jueza Martínez López también se le atribuyó el delito de prevaricato por acción, relacionado con la decisión judicial mediante la cual concedió la libertad al ciudadano extranjero.

Durante las audiencias del 28 de octubre, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. La funcionaria judicial, el servidor del Centro de Servicios Judiciales y la abogada permanecen vinculados a la investigación penal, bajo la presunción de inocencia.

El expediente contra Martínez López se suma a un antecedente disciplinario relacionado con una decisión adoptada en marzo de 2018, cuando concedió la libertad a Pedro Aguilar, exdirigente camionero investigado por el denominado cartel de la chatarrización.

Por aquella actuación, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá adelantó una investigación disciplinaria contra la funcionaria, que posteriormente quedó libre de responsabilidad en ese proceso. Aguilar recibió una condena de 10 años de prisión por hechos relacionados con el caso de la chatarrización.

En el proceso actual, la Fiscalía también presentó información sobre comunicaciones relacionadas con la preparación del recurso judicial y el presunto acuerdo económico. Entre los elementos expuestos figuran conversaciones sobre el reparto del hábeas corpus y la necesidad de que la solicitud llegara a un despacho específico.

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