Masacres en Colombia se duplican en 2026: Indepaz reporta 33 casos en lo corrido del año

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, presentó un balance sobre la situación de seguridad en Colombia durante 2026, en el que advirtió un incremento significativo en el número de masacres registradas en el país en comparación con el mismo periodo del año anterior.

González informó que, con corte al 23 de marzo de 2026, se han documentado 33 masacres en distintas regiones del territorio nacional. Esta cifra contrasta con los 15 casos reportados en igual periodo de 2025, lo que representa un aumento cercano al doble en los registros de este tipo de hechos violentos.

El análisis expuesto por el director de Indepaz señala que este fenómeno no se limita a zonas rurales o a territorios históricamente afectados por el conflicto armado, sino que también se ha extendido hacia entornos urbanos.

Según explicó, esta expansión evidencia cambios en las dinámicas de violencia y en la forma en que operan los grupos armados ilegales en el país.

Uno de los hechos recientes mencionados ocurrió en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, donde tres personas fueron asesinadas en un ataque sicarial mientras se encontraban en un espacio público.

Este caso fue presentado como ejemplo de la incidencia de este tipo de violencia en áreas urbanas.

González indicó que ciudades como Barranquilla y su área metropolitana han experimentado un incremento en hechos violentos asociados a la presencia simultánea de varias estructuras ilegales.

Entre los grupos identificados en estas zonas se encuentran el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes y los denominados Nuevos Rastrojos.

De acuerdo con el análisis de Indepaz, estas organizaciones buscan consolidar control territorial mediante mecanismos de regulación ilegal, lo que el director calificó como formas de “gobernanza armada”.

En relación con las causas del aumento de las masacres, el director del instituto sostuvo que no se trata de un fenómeno atribuible a una administración específica, sino a factores estructurales que se han mantenido durante varias décadas.

Entre estos elementos se destacan las disputas por economías ilegales, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la trata de migrantes y actividades asociadas a la deforestación.

Asimismo, González subrayó la persistencia de vacíos institucionales en diversas regiones del país, así como la existencia de conflictos territoriales no resueltos, como factores que contribuyen a la continuidad de la violencia.

En ese sentido, planteó la necesidad de diseñar e implementar políticas de seguridad con enfoque de largo plazo.

En cuanto a los asesinatos de líderes sociales, el informe presentado por Indepaz registra 33 casos en lo corrido de 2026.

Esta cifra es inferior a la del mismo periodo de 2025, cuando se habían documentado 56 homicidios.

No obstante, el director advirtió que la situación continúa siendo relevante, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde la presencia de grupos armados ilegales incide en la persistencia de estos hechos.

Respecto a los procesos de diálogo con organizaciones armadas, González manifestó que los intentos de negociación no deben interpretarse como fallidos a pesar del contexto de violencia.

Según explicó, durante periodos en los que se han establecido ceses al fuego, se han observado reducciones en indicadores como desplazamientos forzados y enfrentamientos armados, lo que, a su juicio, demuestra efectos parciales de estas medidas.

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El informe también destaca el papel creciente de la minería ilegal como fuente de financiación para estructuras armadas.

En regiones como el Bajo Cauca antioqueño y el nordeste del país se han intensificado las disputas por el control de la extracción de oro, actividad que ha adquirido mayor relevancia debido al comportamiento del mercado internacional.

Otro de los aspectos señalados en el balance es el impacto de la violencia en población joven. De acuerdo con Indepaz, una proporción significativa de las víctimas de masacres y homicidios selectivos corresponde a personas menores de 26 años.

Este patrón, según González, se relaciona con limitaciones en el acceso a oportunidades y con la vinculación de jóvenes a organizaciones ilegales.

El director del instituto insistió en la necesidad de adoptar enfoques de seguridad que incluyan componentes preventivos y que integren políticas dirigidas a la población juvenil, con el fin de reducir los factores de riesgo asociados a la violencia.

Finalmente, González indicó que una parte considerable de las masacres registradas en el país ha ocurrido en territorios donde existían alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y por organizaciones sociales.

En este contexto, señaló que estos mecanismos de advertencia no siempre han sido acompañados de acciones efectivas para evitar la materialización de los hechos.

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