Más de 60 excombatientes de Comandos de Frontera pedirán asilo político ante cierre de ZUT en Putumayo

Los 62 excombatientes de Comandos de Frontera que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), en el Bajo Putumayo, solicitarán asilo político ante los países garantes del proceso, a pocos días de que se haga efectivo el cierre de este espacio y en medio de la incertidumbre sobre su situación jurídica.

La decisión fue anunciada cuando faltan siete días para el 30 de septiembre, fecha establecida para el cierre de la ZUT. Los excombatientes aseguran que continuarán en la ruta que iniciaron para abandonar las armas y sostienen que ninguno de los 62 que permanece en la zona ha contemplado acogerse al mecanismo de sometimiento a la justicia planteado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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Rigoberto, conocido como “Paisa” y vocero de la Zona de Ubicación Temporal, señaló que la propuesta de asilo político fue remitida a los países garantes ante la falta de una definición sobre el futuro jurídico de quienes permanecen concentrados en el lugar junto con sus familias.

Según el vocero, los integrantes que continúan en la ZUT no aceptan pasar del proceso colectivo en el que participaron a un esquema de sometimiento individual. Aseguró que tampoco están dispuestos a convertirse en delatores y reiteró que su decisión es mantenerse alejados de las armas.

“No estamos desafiando a nadie ni mucho menos queremos entrar en discusiones políticas. Solo queremos que el Gobierno nacional respete los acuerdos ya pactados y nos dé la oportunidad de seguir en este proceso, porque ninguno de los 62 que aún estamos comprometidos con la paz vamos a volver a las armas”, manifestó.

La situación se produce después de que el presidente De la Espriella ordenara el cierre de la Zona de Ubicación Temporal para el próximo 30 de septiembre. El espacio había sido establecido en el Valle del Guamuez, Putumayo, para concentrar a integrantes de Comandos de Frontera que habían avanzado en un proceso de dejación de armas y tránsito hacia la vida civil.

Rigoberto explicó que los 62 excombatientes permanecen en la zona acompañados por sus familias y que, pese a la decisión de desmontar el proceso de negociación colectiva, no aceptarán ser obligados a ingresar a un modelo de sometimiento a la justicia.

El vocero sostuvo que la decisión de ingresar a la ZUT fue voluntaria y que quienes llegaron al lugar lo hicieron bajo la consideración de que ese camino constituía su aporte a la pacificación del Putumayo. Añadió que confiaron en los compromisos establecidos con el Estado colombiano cuando abandonaron las armas.

Sin embargo, afirmó que el cambio de Gobierno modificó las condiciones bajo las cuales habían iniciado el tránsito hacia la vida civil. Según Rigoberto, esa situación afecta la confianza de los excombatientes que participaron en el proceso y que permanecen dentro de la zona a la espera de una solución jurídica.

El representante de los excombatientes también se refirió a la situación de Andrés Rojas, comandante de Comandos de Frontera, y aseguró que su inminente extradición no modificará la determinación de quienes continúan en la ZUT. Indicó que desde la cárcel La Picota el jefe de la organización envió un mensaje en el que pidió mantener el proceso de negociación colectiva.

Rigoberto sostuvo que entre quienes permanecen en el Valle del Guamuez existe preocupación por lo que ocurrirá después del 30 de septiembre. Según explicó, los excombatientes consideran que han sido señalados pese a mantenerse dentro del proceso y cumplir los compromisos adquiridos.

“El ambiente en el Valle del Guamuez no es solo de incertidumbre, sino de desesperanza, porque los que aún permanecemos cumpliendo el acuerdo hoy estamos estigmatizados, señalados y casi que amenazados con que, si no nos acogemos a la ley de sometimiento, entonces habrá otras acciones judiciales. Eso no puede ser posible con un acuerdo que se pactó con el Estado colombiano”, manifestó.

De acuerdo con el vocero, otros 33 excombatientes abandonaron previamente la Zona de Ubicación Temporal después de los anuncios realizados por el actual Gobierno. Aseguró que la falta de claridad sobre el futuro del proceso llevó a estas personas a salir de las instalaciones de concentración en Putumayo.

Rigoberto negó que esas 33 personas hayan regresado a Comandos de Frontera. Según su versión, quienes abandonaron la ZUT tampoco retomaron su vinculación con la estructura armada.

El vocero recordó que desde el momento en que los integrantes del grupo fueron trasladados hacia la zona de concentración recibieron la instrucción de que dejaban de pertenecer a la estructura.

“Desde que subimos al helicóptero, los mismos comandantes de ese grupo que estaba en diálogos de paz con el Gobierno anterior nos dijeron que ya no hacíamos parte de ellos y que, de ahora en adelante, no habría ninguna dependencia militar ni política, porque ya éramos civiles y nuestro trabajo era ya con la sociedad”, afirmó.

A menos de una semana del cierre de la ZUT, los 62 excombatientes continúan esperando la presencia de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Fiscalía General de la Nación. Rigoberto aseguró que estas entidades todavía no han llegado al lugar para adelantar los procedimientos que esperan quienes permanecen concentrados.

“Nos queda casi una semana y aquí estamos esperando que la Registraduría y la Fiscalía lleguen, pero no lo han hecho y no vamos a volver a las armas. Nuestra lucha será de ahora en adelante por la vía jurídica para que se respete el proceso, porque así está pactado”, indicó.

El vocero también se refirió a la posición del Gobierno nacional frente a los integrantes de organizaciones ilegales que pretendan abandonar la violencia y pasar a la legalidad. Según explicó, desde el Ejecutivo se ha planteado que ese tránsito deberá realizarse a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y bajo un esquema de sometimiento a la justicia.

Los excombatientes que permanecen en la ZUT rechazan esa alternativa. Rigoberto señaló que acogerse a ese mecanismo significaría eliminar cualquier reconocimiento político de la organización a la que pertenecieron, un elemento que, según afirmó, había sido contemplado dentro de las negociaciones adelantadas en Nariño y Putumayo.

El vocero insistió en que los 62 integrantes que permanecen concentrados no buscan regresar a la actividad armada y que acudirán a mecanismos jurídicos para reclamar el cumplimiento de lo acordado.

Mientras avanza el plazo para el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal, los excombatientes esperan que la Fiscalía General de la Nación llegue al lugar y revise individualmente la situación judicial de cada una de las personas que permanecen allí.

Rigoberto aseguró que ninguno de los 62 excombatientes que continúan en la ZUT ha cometido delitos de lesa humanidad y pidió que cada expediente sea estudiado antes del cierre previsto para el 30 de septiembre.

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