Fiscalía de Paraguay solicita prisión preventiva y embargo de bienes para el expresidente Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay formalizó la imputación contra el expresidente Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. La decisión judicial se deriva de su participación en la crisis institucional desatada tras la intervención de Ueno Bank, entidad financiera ligada a presuntas relaciones económicas del exmandatario.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, el Ministerio Público solicitó la aplicación de la medida de prisión preventiva para el ex jefe de Estado. Asimismo, los investigadores requirieron el congelamiento inmediato de los bienes y fondos vinculados al político para respaldar el proceso penal en curso.

Las primeras pesquisas de la entidad recaudadora revelaron que, hasta el pasado mes de septiembre, diversos organismos estatales mantenían colocaciones superiores a los 230 millones de dólares en la institución bancaria intervenida. Acciones procesales similares fueron solicitadas en contra de Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), por supuesta omisión en sus deberes de supervisión.

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De acuerdo con reportes de medios locales como el diario ABC Color, tanto Peña como Carvallo optaron por abstenerse de rendir declaración formal ante el cuerpo de fiscales. La negativa a declarar antecedió a una serie de jornadas marcadas por protestas ciudadanas y tensión en las calles de la capital paraguaya.

La situación jurídica del exgobernante escaló luego de que el Senado aprobara su destitución en medio del escándalo financiero.

Inicialmente, un tribunal le impuso arresto domiciliario, lo que generó aglomeraciones de manifestantes en las inmediaciones de su residencia en el barrio Santísima Trinidad de Asunción para exigir su traslado a un centro penitenciario.

Ante los desmanes registrados, donde algunos manifestantes superaron los cercos de seguridad e increparon a la comitiva oficial, las autoridades determinaron su traslado nocturno. El exmandatario fue llevado bajo estrictas medidas de seguridad a las instalaciones del Regimiento de Escolta Presidencial (REP), unidad militar donde pasó su primera noche bajo custodia.

Este sábado, el exmandatario compareció ante la sede central de la fiscalía en Asunción para cumplir con su primera diligencia indagatoria presencial. 

La modificación del lugar inicial de la citación, prevista para la UDEA, se ejecutó por estrictas razones de seguridad institucional con el propósito de prevenir alteraciones del orden público.

A las afueras del organismo judicial, decenas de ciudadanos se concentraron para exigir sanciones contundentes contra todos los actores involucrados en el detrimento patrimonial. La llegada del procesado a la sede fiscal, escoltado por efectivos castrenses y sin el uso de esposas, generó amplio eco en la opinión pública nacional.

Por su parte, la defensa técnica del político cuestionó la privación de libertad provisional dictada por los estrados judiciales. El penalista Ricardo Preda declaró ante los medios de comunicación que su representado mantiene la disposición de someterse plenamente a las indagaciones requeridas por la justicia ordinaria.

En paralelo a las diligencias judiciales, las autoridades interinas del Gobierno y del Banco Central informaron sobre el avance en la devolución de recursos a los afectados. 

El presidente interino del BCP, Pedro Acosta, indicó que durante las primeras jornadas de desembolso se benefició a cerca de 1.196.000 ciudadanos con la entrega de las garantías estatales correspondientes.

Finalmente, el presidente interino Pedro Alliana y los directivos de las entidades de previsión social aseguraron que las pensiones de los jubilados afectados por el cierre del banco están garantizadas. Las instituciones gubernamentales recalcaron que la prioridad inmediata se concentra en la restitución de los dineros a los cerca de tres millones de ahorradores damnificados.

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