Gobierno presenta nueva propuesta para delimitar el páramo de Santurbán

El Gobierno Nacional presentó la Resolución 863 de 2026, mediante la cual adopta una metodología para la delimitación progresiva de los páramos en Colombia, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017. Junto con esta resolución, el Ministerio de Ambiente publicó tres proyectos normativos dirigidos a fortalecer la protección del sistema hídrico del macizo montañoso de Santurbán.

La propuesta contempla la delimitación de 29.199 hectáreas que abarcan 19 municipios ubicados en la zona de páramo. Además, incorpora nueve municipios adicionales que reciben el recurso hídrico con el propósito de coordinar acciones para la protección de las fuentes de agua. De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 2,5 millones de habitantes de los departamentos de Santander y Norte de Santander dependen del abastecimiento proveniente de este ecosistema.

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La ministra de Ambiente, Irene Vélez, explicó que uno de los principales instrumentos incluidos en la propuesta es la creación de una reserva definitiva de 1.500 hectáreas en la quebrada La Baja, ubicada en el municipio de California (Santander). Asimismo, se plantea actualizar la reserva temporal establecida en 2025 en el sector occidental del macizo, incorporando 88 hectáreas correspondientes a trámites mineros que fueron terminados o rechazados.

Según la propuesta, la vigencia de esa reserva temporal se extenderá hasta marzo de 2029, con el fin de continuar los estudios técnicos necesarios para garantizar la conservación del ecosistema.

Los proyectos normativos reiteran que la minería está prohibida dentro del área delimitada como páramo. Sin embargo, diferencian la situación jurídica de los procesos de minería de pequeña escala y de formalización minera con arraigo comunitario, los cuales podrán continuar dentro de las reservas declaradas mientras avanzan los procedimientos establecidos por la normativa.

En contraste, el Estado no otorgará nuevos títulos, concesiones ni licencias para proyectos de minería de mediana o gran escala, al considerar que este tipo de actividades representa un riesgo para el sistema hídrico que abastece a la región.

El Gobierno sustentó la propuesta en estudios técnicos elaborados por el Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM y otras entidades científicas, los cuales concluyen que el páramo, el bosque altoandino y las aguas superficiales y subterráneas conforman un sistema ambiental integrado. Los informes advierten que las actividades extractivas pueden alterar la dinámica del agua y generar riesgos asociados a la presencia de metales pesados y otros elementos químicos presentes en las formaciones geológicas.

La normativa también establece que el control de las actividades no autorizadas corresponderá inicialmente a las alcaldías municipales, conforme a las funciones previstas en el Código de Minas. En caso de que las autoridades locales no cuenten con la capacidad institucional suficiente para ejercer ese control, podrán solicitar apoyo al Ministerio de Defensa.

Como parte del proceso, el Gobierno abrió una etapa de participación ciudadana, durante la cual los habitantes y demás actores interesados podrán conocer los proyectos de resolución y presentar observaciones. Con este mecanismo se busca fortalecer la gobernanza del territorio y garantizar una gestión integral del recurso hídrico en el macizo de Santurbán.

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