Detectan presuntas irregularidades por $33.000 millones en la Unidad para las Víctimas

La Contraloría General de la República reveló los resultados de una Auditoría Financiera realizada a los estados financieros y a la información presupuestal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), correspondiente a la vigencia 2025. El organismo de control detectó presuntas irregularidades por $33.009 millones relacionadas con bienes entregados sin soporte, mercancías no ubicadas físicamente y su ausencia en los registros contables de la entidad.

La auditoría evaluó los estados financieros, la gestión y ejecución del presupuesto con corte al 31 de diciembre de 2025. Además, revisó el cumplimiento de políticas públicas relacionadas con discapacidad, postconflicto, marcador para la paz, equidad de género, rendición de cuentas, participación ciudadana, austeridad del gasto, desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales.

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En materia presupuestal, la Unidad para las Víctimas contó durante 2025 con una apropiación vigente de $4.436.480.318.562. De ese monto, los compromisos alcanzaron $4.341.502.333.045, equivalentes al 97,85% del total del gasto, mientras que las obligaciones sumaron $2.234.527.164.750, correspondientes al 50,36% del presupuesto.

Tras el análisis de la ejecución presupuestal, la Contraloría concluyó que la entidad presentó una baja ejecución de los recursos apropiados, cercana al 50% del presupuesto asignado, lo que generó rezagos de aproximadamente $2 billones. Según el ente de control, aunque la Unidad adelantó acciones para impulsar la ejecución de los recursos y fortalecer los compromisos misionales, estas no fueron suficientes para cumplir las metas institucionales previstas para la vigencia.

Durante la revisión también se evidenciaron deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables. Entre los principales hallazgos figura la falta de reconocimiento de recursos entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en calidad de donaciones.

Este aspecto dio origen a tres hallazgos, uno de ellos con presunta incidencia fiscal por $33.009.669.360. De acuerdo con la Contraloría, la irregularidad se originó por la ausencia de soportes que acreditaran la entrega de los bienes a los beneficiarios finales, la imposibilidad de ubicar físicamente las mercancías y la omisión de estos bienes en los registros contables de la Unidad para las Víctimas, situación que, según el organismo de control, configura un daño cierto por pérdida y un presunto detrimento al patrimonio público.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría estableció 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria. Además, formuló un hallazgo con incidencia fiscal por $33.009.669.360, uno para la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio, uno con otra incidencia para traslado a la Dian y dos solicitudes de apertura de indagación preliminar.

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