ONU reporta aumento del 37,5% en asesinatos de líderes sociales en Colombia

Entre el 27 de marzo y el 1 de junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) recibió 33 denuncias de asesinatos, un incremento del 37,5% frente al periodo anterior. Según el organismo, la cifra refleja las dificultades para implementar el Acuerdo Final de Paz y la presencia de grupos armados en amplias zonas del país.

Entre las víctimas se cuentan siete mujeres, tres personas indígenas, cuatro afrodescendientes y cuatro líderes campesinos. De acuerdo con el informe publicado por el representante de la misión en Colombia, Miroslav Jenca, la violencia afectó especialmente a autoridades étnicas, personas que lideran procesos relacionados con la tierra, mujeres lideresas y miembros de juntas de acción comunal.

"Los actos de violencia denunciados contra líderes sociales siguieron afectando a autoridades étnicas, líderes involucrados en cuestiones relacionadas con la tierra, mujeres lideresas y miembros de las juntas de acción comunal en varios departamentos", señala el documento.

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El reporte se conoce en medio de un balance positivo de la ONU sobre las elecciones presidenciales, que registraron una participación récord y se desarrollaron de manera mayoritariamente pacífica.

Uno de los principales focos de riesgo sigue siendo la defensa de la tierra y del territorio. La ONU advierte que quienes impulsan estos procesos enfrentan amenazas adicionales, en particular en el Magdalena Medio y la región Caribe, donde antiguos propietarios vinculados a actividades ilegales han ejercido represalias.

La Oficina también documentó hechos de violencia política durante la etapa preelectoral, entre ellos ataques contra activistas y coordinadores de campañas, incluido el asesinato de un coordinador local en Cubarral (Meta).

Para Naciones Unidas, estos hechos responden a una dinámica más amplia del conflicto armado. "La situación de la seguridad en Colombia siguió reflejando la dinámica cada vez más fragmentada del conflicto", señala el informe, en el que grupos armados compiten por el control territorial y por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería, en zonas con escasa presencia del Estado.

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